La Provincia de Estremadura, llamada de los Antiguos Begonia comprehende los Obispados de Badajoz, Coria y Plasencia con su fertilisima Vera, que toma su nombre. Corre su distrito desde los puertos del Pico, baños y sierra de Gata hasta los montes de Sierra- Morena; y de Portugal á las Montañas de Guadalupe, hasta confines del Arzobispado Toledano y la Serena.

De latitud se cuentan 50 leguas, y de longitud 40. Hay en toda ella siete ciudades, que son Badajoz, Mérida, Plasencia, Coria, Llerena, Truxillo, y Xeréz de los Caballeros, tres Cathedrales, muchas famosas villas y lugares, y una Orden Militar: es una de las ricas de España, fertil y abundante, regandola por todas partes las vertientes del famoso rio Guadiana, con razon tan celebrado por sus dehesas, de tan sabrosos pastos, y sus carnes de tanta sustancia, que el rey D. Juan el I estando en la ciudad de Toro, mando que ningun buey se pudiese vender en Castilla por mas de 180 maravedis, excepto los de Guadiana, á quienes añadió veinte mas. Produce abundante pan, vino,aceyte y lo demás para el regalo humano. En el Verano es destemplada por el calor. Sus gentes hablan la lengua Castellana: son dadas á la agricultura, apacibles en amistad, belicosas, fuertes y robustas, pero algo altivas: por lo qual los Romanos, para conservar su dominio, levantaron varias Colonias. Ha procreado nueve famosos Cipitanes, honor de España, y emulacion de quantos celébra la fama, que son Hernan Cortés, el Marqués del Valle de Guaxaca; Don Francisco Pizarro Marqués de las Charcas, valerosos Conquistadores de las Indias Ocidentales; D. Fernando señor de Monroy; D. Alonso de Monroy primo suyo, Maestre de Alcantara; D. Fernando de Monroy su hermano señor de Belvis; Luis de Chaves, el Coronél Villalva, Pedro Fernandez Paniagua, y aquel ilustre blason de su patria Diego Garcia de Paredes.

Llamóse Estremadura segun Mariana, que sigue á Ambrosio de Morales y Garibay, porque en ella se juntaron dos exercitos de Christianos y Moros en el extremo de Duero, y asi quedó Extrema Durii; pero con mas propiedad dicen Medina y Mesa que por concurrir aqui todos los ganados de Castilla, y estremarse las ovejas de sus corderos, se apellida Estremadura. La unió á la corona de Leon su Rey D. Alonso el X reputada por Castilla, que se divide en este tratado, porque comunmente se dice provincia de Estremadura, separada de aquel desde la union con stilla, y al presente independente de uno y otro.

Mancomunidades. Entidades Locales Menores.- Decreto-ley 3/2014, de 10 de junio, por el que se modifica la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicada en el BOE el 30 de diciembre de 2013, modifica la normativa básica en materia de régimen local para la efectiva aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos locales, en línea con las disposiciones de la Ley Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

De este modo, las Comunidades Autónomas se ven obligadas a adaptar su regulación en materia de régimen local a las novedades introducidas por la citada ley. Así, la disposición adicional tercera de dicha norma puntualiza que las disposiciones de esta ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de sus competencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en sus Estatutos de Autonomía, en el marco de la normativa básica estatal y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras administrativas.

En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Extremadura, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 9.1.3, la competencia exclusiva en materia de régimen local, y la habilita para regular mediante una ley de la Asamblea el régimen jurídico de las mancomunidades que deberá reconocer, en todo caso, su autonomía administrativa y su personalidad jurídica, y ello al amparo del artículo 58 del mismo texto legal.

Los objetivos de la mencionada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se centran en corregir la situación creada es de régimen local, que ha dado lugar a situaciones de concurrencia competencial entre las distintas Administraciones Públicas, duplicidad en la prestación de servicios o que los Ayuntamientos los presten sin tener habilitación o sin contar con recursos adecuados para ello.

En lo que a las mancomunidades se refiere, la reforma llevada a cabo por la norma estatal tiene una trascendencia esencial en su ámbito competencial, permitiendo única y exclusivamente el ejercicio de aquellas que resulten necesarias para que los municipios puedan desempeñar las competencias y servicios enumerados en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en la nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, tal y como señala su disposición transitoria undécima, y en cuyo texto se concede un plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la ley, para que éstas adapten sus estatutos al nuevo régimen de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Las mancomunidades integrales en Extremadura, como entidades locales diferenciadas del resto de mancomunidades, surgen como un instrumento con vocación de permanencia, a través del cual municipios y entidades locales menores colindantes, que compartan una realidad económica, social y cultural, puedan garantizar la prestación de sus servicios, permitiendo, además, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local, de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Con el tiempo, se han configurado como un eficaz instrumento para la prestación de servicios comunes a las entidades locales, contribuyendo al incremento de la capacidad de gestión de estas y facilitando, a través de la aplicación del principio de economía de escala, un más eficiente y coordinado uso de los recursos públicos destinados a atender las demandas y necesidades de los ciudadanos.

No hay duda alguna de que las mancomunidades como agrupaciones voluntarias de municipios garantizan la prestación de servicios y la ejecución de obras en municipios donde, de forma independiente, no sería sostenible.

En este contexto, se publicó la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, en cuyo texto se incluyen una serie de medidas de apoyo dirigidas a promover el desarrollo de las mancomunidades integrales de municipios y articular la cooperación en el sostenimiento de las mismas. Tales medidas se concretan en la instauración de un Fondo Regional de Cooperación para mancomunidades integrales a través de la Ley de Presupuestos de Extremadura; en el fomento de la participación de las mencionadas mancomunidades en los programas y actuaciones celebrados en su ámbito territorial; y en el carácter prioritario del que gozan en los planes y programas de inversión, provinciales y autonómicos, así como para beneficiarse de partidas económicas correspondientes a determinados fondos.

La Ley de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, exige en su artículo 19.2, apartado g), como uno de los requisitos para obtener la calificación de integral por parte de las mancomunidades de la región, el prestar servicios en un número de áreas no inferior a cinco de entre la relación establecida en el propio precepto.

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, los requisitos para obtener la calificación de integral reflejados en la legislación extremeña pudieran entrar en contraposición con el régimen competencial que para las mancomunidades de municipios se recogen en la nueva regulación estatal, mucho más limitado que el anterior, y, en consecuencia, verse afectadas en su calificación aplicando las actuales exigencias de nuestra Ley. Y es que la determinación del número mínimo de cinco áreas, para cuya modificación no está habilitado el Consejo de Gobierno, compromete la calificación de integral obtenida por muchas mancomunidades y su derecho a la percepción de los créditos correspondientes al Fondo de Cooperación, previsto para este tipo de mancomunidades en el apartado 5 del artículo 51 de nuestra ley autonómica. Por todo ello, y con la finalidad de que las mancomunidades integrales no pierdan dicha calificación ni la percepción del Fondo, se estima necesario adaptar las exigencias en lo que al número de áreas sobre las que prestar los servicios se refiere, considerando más adecuado, a la vista de las circunstancias actuales, fijar el número mínimo de áreas en tres.

En la misma línea, en previsión de cómo puedan afectar las modificaciones de los estatutos de las mancomunidades integrales a la efectiva prestación de los servicios a los ciudadanos, queda justificada la inclusión de un criterio que tenga en cuenta la población como elemento que permita asegurar la continuidad de aquellos servicios que sean disfrutados por la mayoría de los habitantes de la mancomunidad, dotando de mayor coherencia al sistema de prestación de servicios que fomenta la norma.

Precisamente, por la incertidumbre derivada tanto de la nueva normativa básica como del resto de legislación sectorial posterior, y por la proximidad en la finalización del plazo previsto para la adaptación de los estatutos de las mancomunidades, en los términos de la disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013, resulta urgente llevar a cabo una revisión de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, que modifique la áreas enumeradas y el número mínimo de ellas sobre las que las mancomunidades integrales presten sus servicios, con el fin de garantizar la continuidad de las mancomunidades integrales, así como del propio Fondo Regional, posibilitando el mantenimiento de los servicios públicos que se vienen prestando en los municipios.

En consecuencia, se hace preciso modificar con urgencia los requisitos exigidos en el artículo 19 de la Ley de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, que obligan a las mancomunidades integrales a asumir determinados fines y servicios que van más allá de las competencias identificadas como propias conforme a los artículos 25 y 26 de la Ley de bases del régimen local.

Dicha modificación se materializa en la supresión del apartado 2, letra a), del mencionado artículo 19, quedando sin contenido, así como en la nueva redacción de la letra g) del mismo apartado, modificando las áreas sobre las que efectivamente han de prestarse los servicios y el número mínimo de ellas e incluyendo el elemento poblacional como otro criterio más a tener en cuenta.

Acreditada la extraordinaria y urgente necesidad de modificar el artículo 19 de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales de Extremadura, como único medio para posibilitar la continuidad de las mancomunidades integrales y del Fondo Regional de Cooperación, del que son las únicas beneficiarias, resulta obligado que el Ejecutivo adopte las medidas necesarias para afrontar situaciones excepcionales o cuestiones inaplazables, haciendo uso de los instrumentos normativos de carácter excepcional, como es la posibilidad de dictar una disposición legislativa bajo la forma de decreto-ley, en virtud de la potestad reconocida por el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, reformado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero.

Dado el carácter de la medida expuesta y la inmediatez con que debe formalizarse, queda suficientemente justificado recurrir a este procedimiento legislativo de urgencia, ya que el decreto-ley es un instrumento del que se puede hacer uso ante circunstancias imprevistas e inaplazables como la planteada.

Por último y en cuanto a la estructura del decreto-ley, es preciso destacar que al tratarse de una modificación puntual de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, consta de un artículo único y una disposición final.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Administración Pública y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 10 de junio de 2014,

DISPONGO :

Artículo único. Modificación de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura.

La Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Queda sin contenido la letra a), del apartado 2, del artículo 19.

Dos. Se modifica la letra g), del apartado 2, del artículo 19, que pasa a tener la siguiente redacción: “g) Prestar efectivamente servicios al menos a la mitad de los municipios o entidades locales menores integrados en ella, o a un número inferior que represente, al menos, a la mitad de la población, en un número no inferior a tres de las áreas competenciales que se citan a continuación:

— Urbanismo.

— Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

— Infraestructura viaria y otros equipamientos.

— Protección civil, prevención y extinción de incendios.

— Información y promoción turística.

— Protección de la salubridad pública y sostenibilidad medioambiental.

— Deporte y ocupación del tiempo libre.

— Cultura.

— Participación ciudadana en el uso de las TICS.

— Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata de personas en situación de riesgo de exclusión social”.

Disposición final. Entrada en vigor.

Este decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Mérida, a 10 de junio de 2014.

El Presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago Terraza. El Consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado Batalla

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Agricultura Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente ley.

ÍNDICE

Exposición de motivos.

Titulo preliminar. Disposiciones generales.

• Artículo 1. Objeto.
• Artículo 2. Fines de la ley.
• Artículo 3. Ámbito objetivo.
• Artículo 4. Ámbito territorial.

• Artículo 5. Definiciones generales.

d) Nivel de empleo creado por el cultivo empleando la ratio UTA/m^{3 de agua utilizado.}

CAPÍTULO VIII

Inventario de tierras de regadío de Extremadura

Artículo 124.Funcionamiento.

1. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de agricultura, que deberá aprobarse en un plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, se aprobará el modelo de declaración que los titulares de explotaciones agrícolas de regadío tendrán la obligación de presentar, en el plazo que se determine, ante la Dirección General competente en materia de regadíos, al objeto de que las mismas sean dadas de alta en el Inventario de Tierras de Regadío de Extremadura, entendiendo por tal lo dispuesto en el artículo 5 de la presente ley.

2. El modelo de declaración tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:

a) Datos identificativos del titular de la explotación.

b) Zona regable en la que se ubica la parcela en el caso de que se trate de un regadío de iniciativa pública.

c) Asociación o Comunidad de Regantes a la que pertenezca, en su caso, el titular.

d) Término municipal.

e) Referencia catastral.

f) Superficie de riego.

g) Cultivo.

h) Método de riego.

3. Una vez inscrita una explotación de regadío, su titular deberá comunicar las modificaciones sustanciales que se produzcan en aquéllas en un plazo máximo de un mes desde que las mismas tengan lugar.

4. El Inventario de Tierras de Regadío de Extremadura será el único registro que podrá otorgar la condición de regadío a un terreno a los efectos de determinar la unidad mínima de cultivo aplicable, así como de poder obtener la condición de beneficiario de subvenciones destinadas a realizar obras e instalaciones para la mejora, modernización o consolidación de regadíos ya existentes.

5. La exclusión de un terreno de una Zona Regable de Interés General de la Comunidad Autónoma de Extremadura o de la Nación, Zona Regable Singular, o zona regable de iniciativa privada en cuya transformación hubiera participado la Administración autonómica, conforme a lo dispuesto en los Capítulos II y III de este Título, conllevará su baja en el Inventario de Tierras de Regadío de Extremadura.

6. Todos los datos del Inventario de Tierras de Regadío de Extremadura serán cedidos al Registro de Explotaciones Agrarias de Extremadura, de modo que puedan ser empleados para el cumplimiento de sus fines.

TÍTULO V

La concentración parcelaria

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 125.Definición y fines.

1. La concentración parcelaria es la ordenación de las fincas rústicas, con la finalidad de promover la constitución y el mantenimiento de explotaciones agrarias de estructura y dimensiones adecuadas, que permitan su mejor aprovechamiento, incrementando la rentabilidad de la actividad.

2. La concentración parcelaria, realizando las compensaciones que resulten necesarias, y por los medios que se establecen en la presente ley, procurará:

a) Situar las nuevas fincas de modo que puedan ser atendidas de la mejor manera desde el lugar donde radique la casa de labor, la vivienda del interesado o su finca más importante.

b) Que la mayor parte de las explotaciones agrarias constituidas en la zona comprendan una dimensión igual o superior a la unidad mínima de cultivo.

c) Determinar a título indicativo el plan de explotación o la orientación productiva de cada explotación resultante.

d) Dar a las nuevas fincas acceso directo a las vías de comunicación, para lo cual se establecerá la red viaria necesaria.

e) Cumplir las reglas o condiciones fundadas en características objetivas de la zona o en criterios realizados por los solicitantes, formulados como condicionantes de la propia solicitud de concentración.

3. A tal fin y para llevar adelante las finalidades de la concentración, se deberá:

a) Adjudicar a cada propietario, en la medida de lo posible, en coto redondo o en el menor número de fincas de reemplazo, una superficie con las menores diferencias en extensión y clase con las que aportó.

b) Adjudicar contiguas, en la medida de lo posible, todas las fincas integradas en una misma explotación, sean llevadas en propiedad, arriendo, aparcería u otras formas de tenencia.

c) Realizar la inmatriculación registral de las fincas de reemplazo.

d) Establecer medidas de protección y preservación del paisaje y del medio ambiente.

e) Realizar las obras complementarias necesarias para el aprovechamiento racional de las explotaciones resultantes.

Artículo 126.Tipos de concentración parcelaria.

Las concentraciones parcelarias podrán ser de dos tipos:

a) Concentraciones parcelarias que llevan aparejadas la construcción de infraestructuras: Son aquéllas en las que el proceso de ordenación de las fincas rústicas obliga a la ejecución de infraestructuras en su ámbito de actuación.

b) Concentraciones parcelarias que no llevan aparejadas la construcción de infraestructuras: Son aquéllas en las que el proceso de ordenación de las fincas rústicas únicamente tiene como fin dotar a las explotaciones de una estructura adecuada, exclusivamente a través de la reordenación de la propiedad.

Artículo 127.Iniciativa para la promoción de las concentraciones parcelarias.

Ambos tipos de concentraciones parcelarias podrán ser promovidas indistintamente por la iniciativa pública o privada, siempre que concurra alguno de los requisitos necesarios, conforme a lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la presente ley.

Artículo 128.Criterios de prioridad.

1. En las zonas donde el fraccionamiento de la propiedad rústica y el minifundio agrario constituyan un problema social de carácter estructural, tendrán prioridad las actuaciones de concentración parcelaría para garantizar explotaciones rentables y con una clara finalidad social, de estímulo para mantener o incrementar su capacidad productiva, mediante un plan de desarrollo, y producir una reordenación de cultivos y en general del territorio que permita mantener una actividad socioeconómica.

2. Para determinar las zonas de actuación prioritaria la Administración autonómica habrá de valorar la concurrencia de alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Que se trate de zonas que, por su clara vocación agrícola, ganadera o forestal, medida por criterios tales como el número de trabajadores integrados en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, dentro del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos, así como por el número de explotaciones prioritarias, su situación geográfica o su potencial humano, faciliten la estabilización de una población agrícola y su desarrollo socioeconómico.

b) La existencia de proyectos de obras públicas u otras de interés general, siempre que a través de este procedimiento pueda facilitarse su realización y la distribución más equitativa de sus efectos negativos entre los afectados.

c) Cualquier otra razón que, suficientemente motivada y documentada en el escrito de solicitud de concentración, demuestre su carácter preferencial.

Artículo 129.Obligatoriedad de la concentración parcelaria.

1. Será de obligada ejecución la realización de la concentración parcelaria en los siguientes supuestos:

a) Cuando se lleven a cabo nuevas transformaciones en regadío en superficies declaradas como zonas regables de interés general de la Nación o de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o como zonas regables singulares, conforme a lo dispuesto en la presente norma.

b) Cuando se realizaran por la Administración autonómica actuaciones de mejora, modernización y consolidación de los regadíos ya existentes en las zonas regables referidas en la letra a) anterior.

En estos supuestos, la realización material de las infraestructuras hidráulicas se coordinará con el procedimiento de concentración parcelaria.

2. No obstante, aún concurriendo alguno de los supuestos enumerados en el apartado anterior, la Dirección General competente en materia de regadíos podrá acordar la no realización de la concentración parcelaria cuando aprecie la existencia de razones de tipo técnico, económico, ambiental o social que así lo justifiquen.

Artículo 130.Integración ambiental de la concentración parcelaria.

1. A efectos de integrar medioambientalmente los procesos de concentración parcelaria, se considerará la concentración parcelaria como una actuación única que incluye el proceso de reordenación de la propiedad y, en su caso, las obras y mejoras necesarias incluidas en el mismo.

2. Se integrará en el estudio de viabilidad un documento técnico a los efectos de que pueda llevarse a cabo la evaluación ambiental de las actuaciones previstas durante el proceso de la concentración parcelaria.

Recogerá los aspectos más significativos que se puedan determinar y que sean de utilidad y suficientes para la evaluación ambiental, en lo referente a la realización de trabajos de construcción, instalaciones y obras previstas, a las intervenciones en el medio natural o el paisaje y, en su caso, a las intervenciones destinadas a la explotación de los recursos del suelo.

Las determinaciones que resulten de la evaluación de impacto ambiental deberán incorporarse al Proyecto de concentración.

3. La Evaluación de Impacto Ambiental deberá realizarse, en todo caso, con carácter previo a la aprobación del Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se declare la utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria.

No obstante, en base a los criterios definidos en el Estudio de Viabilidad, será potestativo para el órgano ambiental someter de nuevo a evaluación ambiental tanto el Proyecto de la concentración como el proyecto de las infraestructuras correspondientes al proceso de la concentración.

Artículo 131.Ayudas a la adquisición de tierras.

La Consejería competente en materia de agricultura establecerá líneas de ayuda para aquellos propietarios que, una vez decretada la concentración de una zona, y en tanto las transmisiones puedan tener acceso al procedimiento de concentración, adquieran de otros propietarios tierras sujetas a este proceso, siempre y cuando con ello se logre un aumento en el tamaño de sus explotaciones y una disminución en el número de propietarios de la zona.

Igualmente, a fin lograr lo dispuesto en el párrafo anterior, la Administración autonómica, en el marco de la normativa estatal sobre cesión de tributos a las Comunidades Autónomas, podrá establecer mediante ley bonificaciones y exenciones fiscales aplicables a las transmisiones de fincas.

CAPÍTULO II

Normas orgánicas

Artículo 132.Aspectos generales.

1. La realización de la concentración parcelaria será acordada por Decreto aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de la Consejería competente en materia de agricultura.

2. Corresponderá a la Consejería competente en materia de agricultura, a través de la Dirección General que tenga asignadas las funciones en materia de reforma y desarrollo agrario, el impulso, tramitación y aprobación de las distintas fases del procedimiento ulteriores al Decreto por el que se acuerde la concentración.

3. Una vez acordada la concentración parcelaria, ésta será obligatoria para todos los propietarios y los titulares de derechos reales y situaciones jurídicas existentes sobre las parcelas comprendidas en el perímetro a concentrar.

Artículo 133.Comisiones locales de concentración parcelaria.

1. Las comisiones locales de concentración parcelaria son órganos colegiados, dependientes de la Dirección General que tenga asignadas las funciones en materia de reforma y desarrollo agrario, a cuyo titular le corresponderá el nombramiento de sus miembros.

2. La composición de las comisiones locales será la siguiente:

a) Presidente: el Jefe del Servicio que tenga asignadas las funciones en materia de concentración parcelaria en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Vicepresidente: el Alcalde del municipio en cuyo ámbito territorial se encontrase la mayoría de la superficie a concentrar.

c) Secretario, con voz y voto: un funcionario de la especialidad Jurídica del cuerpo de Titulados Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma, adscrito al Servicio que tenga asignadas las funciones en materia de concentración parcelaria.

d) Vocales: el resto de alcaldes en cuyos municipios exista superficie a concentrar; dos funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma, con formación en concentración parcelaria, pertenecientes al Servicio que tenga asignadas las funciones en dicha materia, debiendo ser uno de ellos el Director Técnico de cada concentración; un representante de las Organizaciones Agrarias; un representante, en su caso, de cada una de las Comunidades de Regantes afectadas; los Registradores de la Propiedad y un Notario de la zona, que serán designados por sus respectivos colegios profesionales.

3. Las comisiones locales de concentración parcelaria tendrán las siguientes funciones:

a) Participar en los trabajos de investigación de la propiedad y clasificación de tierras.

b) Elaborar y aprobar la Bases Provisionales.

c) Estudiar las alegaciones formuladas a las Bases Provisionales y, en su caso, acordar las modificaciones de las mismas que procedan.

d) Redactar las Bases Definitivas y someter a la Dirección General competente la aprobación de las mismas.

e) Informar con carácter previo a la redacción y aprobación del Proyecto de concentración y estudiar las alegaciones que al mismo se presentaran.

f) Colaborar en la redacción del Acuerdo de concentración.

4. El régimen de funcionamiento se determinará reglamentariamente.

5. Las comisiones locales de concentración parcelaria se extinguirán tras la aprobación del Acuerdo de la concentración parcelaria.

Artículo 134.Grupos auxiliares de trabajo.

1. Las comisiones locales de concentración parcelaria podrán estar asistidas por un grupo auxiliar de trabajo que, sin integrarse en la composición de aquéllas, estará formado por agricultores residentes en la zona, y cuyas principales funciones serán las de asesorar en los trabajos de investigación de la propiedad y clasificación de tierras.

2. La necesidad de crear un grupo auxiliar de trabajo será valorada y, en su caso, acordada por la comisión local de concentración parcelaria en su primera reunión.

3. El número de miembros del grupo auxiliar será de un mínimo de cinco y un máximo de quince, debiendo estar representados, de modo proporcional, todos los municipios y entidades locales menores incluidas en la zona de concentración.

4. Una representación del grupo auxiliar de trabajo podrá ser invitada, con voz pero sin voto, a las reuniones de la comisión local de concentración parcelaria.

Artículo 135.Colaboración y coordinación entre Administraciones.

1. Las distintas Administraciones Públicas, habrán de comunicar las actuaciones previstas sobre las zonas en las que se hubiera acordado la realización de concentración parcelaria, a fin de que puedan reflejarse en el expediente administrativo de la concentración.

2. De este modo, el procedimiento que desarrolle la concentración habrá de coordinarse temporal y jurídicamente con la tramitación ambiental en los supuestos en que fuera necesaria la misma, así como con las obras de transformación, modernización y consolidación de regadíos.

CAPÍTULO III

Procedimiento de concentración parcelaria

Sección 1.ª Normas generales

Artículo 136.Fases del procedimiento de concentración parcelaria.

El procedimiento de concentración parcelaria comprenderá las siguientes fases:

a) Iniciación

b) Estudio de viabilidad

c) Declaración de utilidad pública, urgente ejecución e interés social.

d) Bases.

e) Proyecto de concentración.

f) Acuerdo de concentración parcelaria.

g) Acta de reorganización de la propiedad.

Artículo 137.Comunicación de actuaciones.

La comunicación de las distintas actuaciones del procedimiento a los propietarios, titulares de derechos reales y situaciones jurídicas y, en general, a cualquier persona que pudiera verse afectada por los trabajos de concentración parcelaria, se realizará mediante su notificación individual y, adicionalmente a la misma, mediante la publicación de anuncios en los tablones de edictos de los Ayuntamientos o entidades locales afectados, así como en el Diario Oficial de Extremadura, en la forma contemplada en los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 138.Ejecución forzosa.

1. Para la ejecución de las resoluciones y acuerdos dictados por la Administración autonómica en el procedimiento de concentración parcelaria podrán emplearse cualesquiera de los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos previstos en la legislación vigente.

2. En particular, sobre aquellos que se resistieran a la ejecución de los nuevos caminos y demás infraestructuras, o a la toma de posesión de las fincas de reemplazo, podrán emplearse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 y 100 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes medios de ejecución forzosa:

a) Compulsión directa, previo apercibimiento personal por escrito.

b) Multas coercitivas por importe máximo de mil euros, cantidad que se actualizará anualmente conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo.

Tales multas coercitivas tendrán periodicidad mensual y serán exigibles por la vía de apremio.

Artículo 139.Contratación con empresas de asistencia técnica.

1. La urgente necesidad de aceleración del proceso concentrador precisa de una agilización de los trámites y una remodelación en los métodos de trabajo, manteniendo y aun mejorando el rigor técnico y jurídico en su desarrollo que garantice y facilite el ejercicio de los derechos de los administrados, y para ello la Administración autonómica podrá contratar los trabajos preparatorios necesarios a cada fase del proceso de concentración, así como la ejecución de servicios técnicos concretos, a empresas de asistencia técnica. Estas empresas habrán de estar dotadas de personal profesional cualificado, medios informáticos avanzados y especialización contrastada por la experiencia. En todo caso, las empresas contratadas se someterán a la dirección, intervención, seguimiento y control de la Dirección competente en materia de reforma y desarrollo agrario, cuyo personal será el encargado de la atención directa a los administrados.

2. La Administración autonómica ejercerá la supervisión técnica y dirección de obra sobre todos los aspectos y acciones del procedimiento.

Sección 2.ª Procedimiento ordinario

Subsección 1.ª Iniciación

Artículo 140.Iniciación de oficio.

1. La concentración parcelaria será iniciada de oficio cuando razones de interés general o social así lo aconsejen y, en particular, cuando se dé alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Cuando la dispersión parcelaria y el minifundio agrario se presenten con acusados caracteres de gravedad en una zona determinada, de tal modo que la concentración se estime necesaria o muy conveniente.

b) Cuando existan circunstancias de carácter social y económico puestas de manifiesto por los ayuntamientos afectados por la concentración parcelaria.

c) Cuando por causa de construcción, modificación o supresión de vías de ferrocarril, autopistas, caminos o carreteras, cursos fluviales, canales de riego, aeropuertos y otras obras públicas de análogo carácter, predominantemente lineal, se haga necesaria o conveniente la concentración para reorganizar las explotaciones agrarias afectadas, mitigando la discontinuidad o una acusada reducción superficial que la obra pública hubiese causado en las mismas.

d) Cuando por causa de la realización de obras públicas con carácter no predominantemente lineal, tales como construcciones de presas, saneamiento de terrenos pantanosos, transformaciones en regadíos y otras, en las cuales la explotación de parcelas se realiza normalmente a gran escala, afectando a un número importante de propietarios, se estime que el procedimiento de concentración pueda compensar los efectos de la expropiación y reordenar las explotaciones que no desaparecen con la ejecución de la gran obra pública.

2. Realizados los estudios necesarios, por parte de la Dirección General competente se emitirá informe en el que se justificará la concurrencia de alguna de las circunstancias que aconsejen iniciar de oficio las actuaciones de concentración parcelaria en una zona determinada.

Artículo 141.Iniciación a solicitud de los interesados.

1. Para que la Administración autonómica pueda iniciar la concentración parcelaria a solicitud de los posibles beneficiarios será necesario que la petición la realicen un número superior a la mitad de los propietarios de la zona necesitada de concentración, que será apreciada por la propia Administración, o bien, un número cualquiera de ellos a quienes pertenezca más del setenta y cinco por ciento de dicha zona. En ambos casos la superficie a concentrar habrá de ser, como mínimo, de 200 hectáreas en zonas de secano y de 100 hectáreas en zonas de regadíos.

En el escrito de solicitud se hará constar y se acreditará, en su caso, la concurrencia de alguna de las circunstancias que determinan la prioridad de actuación a la que se refiere el artículo 128 de esta ley.

2. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud, la Dirección General competente en materia de reforma y desarrollo agrario, abrirá información cursándola a la oficina del Catastro, a los Ayuntamientos afectados o, en su caso, a la Tesorería General de la Seguridad Social para comprobar la realidad de las mayorías invocadas.

Por idéntico plazo se dará trámite de audiencia, en la forma prevista en el artículo 137 de esta ley, a los propietarios de la zona, titulares de derechos reales y situaciones jurídicas, que hubieran sido identificados en el periodo de información referido en el párrafo anterior, para que, en caso de no mostrarse conformes con la concentración, puedan alegar por escrito sus motivos de oposición.

3. Transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse notificado resolución expresa en la que se admita a trámite la solicitud, se podrá entender desestimada la misma por silencio administrativo, con base a la posible incidencia que sobre el medio ambiente pueden tener este tipo actuaciones.

Subsección 2.ª Estudio de viabilidad

Artículo 142. Finalidad y plazo.

En el plazo máximo de seis meses a contar desde la emisión del informe en el que se justifique la concurrencia de alguna de las circunstancias que aconsejen iniciar de oficio las actuaciones de concentración parcelaria, o desde la notificación de la resolución por la que se admita a trámite la solicitud de concentración parcelaria, por parte de la Dirección General competente, previa audiencia, por un periodo de 30 días, al Organismo de Cuenca, en el marco de la planificación hidrológica, así como a los demás Organismos que pudieran verse afectados, se realizará un estudio de viabilidad del estado actual de la zona y de los resultados previsibles como consecuencia de la concentración, que permita determinar la funcionalidad de la misma.

Artículo 143.Contenido.

El estudio de viabilidad deberá contemplar, al menos, los siguientes extremos:

a) Grado de división, dispersión y situación jurídica de las parcelas, en relación con las explotaciones agrarias en actividad en la zona.

b) Descripción de los recursos naturales, con referencia especial a las tierras abandonadas o con aprovechamientos inadecuados.

c) Relación de áreas de especial importancia por su valor geológico, paisajístico y ambiental. Asimismo, se enumerarán los bienes de interés cultural, histórico y/o artístico que puedan resultar afectados por la concentración parcelaria.

d) Valoración de las posibilidades de establecer una nueva ordenación de explotaciones con dimensiones suficientes y estructuras adecuadas a través de la concentración parcelaria.

e) Proyecto Básico.

f) Plan de desarrollo de la zona a concentrar.

g) Determinación del grado de aceptación social de las medidas transformadoras previstas.

h) Evaluación económica y financiera de las inversiones necesarias.

i) Superficie y características que en la zona hayan de tener las unidades mínimas de explotación.

j) Estudio de impacto ambiental de los trabajos inherentes al proceso concentrador.

k) Descripción de las explotaciones agrarias, teniendo en cuenta las superficies llevadas por cada una de ellas en las distintas formas de tenencia, sus orientaciones productivas y el nivel de viabilidad económica, con posterior agrupación y análisis de su conjunto.

l) Examen detallado y valoración de las proposiciones de reglas o actuaciones de iniciativas que, en su caso, hubieran propuesto los solicitantes de la concentración como condicionante de la propia solicitud.

m) Aquellos otros que se estimen de suficiente entidad como para ser objeto de valoración objetiva a la hora de decidir el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, mediante Decreto, la declaración de la utilidad pública e interés social de la concentración de la zona, así como su urgente ejecución.

Subsección 3.ª Declaración de utilidad pública e interés social y de urgente ocupación

Artículo 144.Aprobación del Decreto.

1. Realizado el estudio de viabilidad y la preceptiva evaluación de impacto ambiental, la Consejería competente en materia de agricultura, si estimara la procedencia de la concentración parcelaria en la zona, una vez valorados los aspectos de legalidad, oportunidad y viabilidad técnica, socioeconómicos y ambientales de la actuación, propondrá al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la aprobación del Decreto en el que se declare la utilidad pública e interés social y la urgente ejecución de la concentración parcelaria, así como la determinación del perímetro que se señala como zona a concentrar.

2. Aprobado y publicado el Decreto de concentración parcelaria, la Dirección General competente para tramitar el procedimiento comunicará los planes de actuaciones previstas sobre la zona a concentrar al Registro de la Propiedad que corresponda, así como a todos aquellos departamentos de la Administración autonómica que pudiesen resultar afectados por la concentración, a fin de que, en un plazo máximo de dos meses, queden debidamente reflejadas en el expediente de concentración las observaciones que en el ámbito de sus respectivas competencias estimaren oportuno formular.

Artículo 145.Perímetro de la concentración.

1. El perímetro de la zona vendrá delimitado en el Decreto de concentración parcelaria y concordará, en principio, con los límites coincidentes con la definición catastral, bien a nivel de polígono catastral, bien a nivel de parcela catastral.

Cuando por alguna circunstancia no se definiera con esta limitación se emitirá un informe suficientemente motivado, emitido por la Dirección General en esta materia, correspondiente, justificativo del perímetro de la zona.

2. La Dirección General competente podrá, hasta la declaración de firmeza de las bases definitivas, rectificar el perímetro cuando sea necesario:

a) Por las exigencias del plan de obras y mejoras territoriales.

b) Para adaptarlo a los límites de unidades geográficas naturales o catastrales.

3. En el perímetro rectificado no podrá incluirse solamente una parte de una parcela, salvo que medie consentimiento de su titular y, siempre que la porción restante que no resulte afectada por el procedimiento concentrador sea superior a la unidad mínima de cultivo.

4. El acuerdo de rectificación será objeto de notificación a los propietarios afectados o publicación en la forma prevista en la legislación vigente.

Artículo 146.Efectos del Decreto.

1. Una vez aprobado el Decreto, el procedimiento de concentración se desarrollará de modo que, en la medida de lo posible, no suponga obstáculo alguno al desarrollo socioeconómico de la zona afectada.

A tal fin, la extensión y autorización del Acta de Reorganización de la Propiedad, en cuanto a fase que pone fin al procedimiento, deberá tener lugar en un plazo no superior a cinco años a contar desde la publicación del Decreto en el Diario Oficial de Extremadura.

2. Una vez publicado el Decreto, la Dirección General competente en materia de concentración parcelaria, tendrá la facultad para instalar hitos o señales, así como de establecer un Plan de aprovechamientos de las parcelas afectadas por la concentración parcelaria.

Artículo 147.Obligaciones de los beneficiarios de la concentración.

1. Los beneficiarios de la concentración parcelaria estarán obligados, desde la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Decreto que declare la utilidad pública e interés social y la urgente ejecución de la concentración, a:

a) Facilitar toda clase de información que les sea requerida por la Administración autonómica, sobre la situación jurídica de las parcelas afectadas por la concentración.

b) Mantener en buen estado las parcelas afectadas, cuidando las mismas de acuerdo con las buenas prácticas agrarias habituales en Extremadura, no pudiendo destruir obras; cortar, derribar o quemar arbolado y arbustos; arrancar o suprimir plantaciones o cultivos permanentes; esquilmar la tierra, ni realizar ningún otro acto que disminuya su valor.

c) Solicitar autorización previa para llevar a cabo cualquier acto relativo a nuevas plantaciones, establecimiento de cultivos permanentes, nuevas obras o construcciones, o cualquier otra actividad que pueda condicionar los trabajos a realizar en la futura concentración.

d) Respetar las actuaciones que tengan por objeto la investigación, clasificación, deslinde y amojonamiento de las fincas afectadas.

e) En general, cumplir las obligaciones que la normativa aplicable les imponga en materia de concentración parcelaria.

2. Las plantaciones, obras o construcciones y, en general cualquier mejora que fuera realizada sin autorización no serán tenidas en cuenta a los efectos de valoración y clasificación de las parcelas.

El plazo máximo para notificar la resolución administrativa, referida a la autorización, será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse recibido la notificación, el interesado podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con base a la posible incidencia que sobre el medio ambiente pueden tener este tipo de actuaciones.

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones enumeradas en el apartado 1 del presente artículo será considerado como infracción administrativa, conforme a la tipificación contenida en el Capítulo III del Título IX de esta ley, dando lugar a la imposición al infractor de la sanción correspondiente, previa tramitación del oportuno procedimiento sancionador; pudiendo adoptarse, asimismo, las medidas cautelares que fueran necesarias para el cese de actuaciones.

Subsección 4.ª Bases de la concentración

Artículo 148.Investigación de la propiedad.

1. Con el fin de que la Administración autonómica lleve a cabo los trabajos e investigaciones necesarias para determinar la situación jurídica del dominio de las parcelas comprendidas en el perímetro de la zona a concentrar, los participantes en la concentración parcelaria estarán obligados a presentar, si existieran, los títulos escritos en que se funde su derecho y a declarar, en todo caso, los gravámenes o situaciones dominicales que conozcan y afecten a sus fincas o derechos.

2. En el desarrollo de los trabajos a que se refiere el apartado anterior, se requerirá a los participantes para que presenten los documentos correspondientes y formulen las oportunas declaraciones.

Artículo 149.Bases provisionales.

1. Finalizados los trabajos de investigación de la propiedad y, una vez se disponga de todos los datos que permitan determinar la situación física y jurídica de las parcelas, la Comisión Local de concentración parcelaria aprobará las Bases Provisionales de la Concentración, las cuales serán sometidas a información pública por plazo de un mes, previa comunicación en la forma prevista en el artículo 137 de esta ley.

2. Las alegaciones presentadas en el periodo de información pública serán estudiadas y, en su caso, aprobadas por la Comisión Local, dando lugar a las modificaciones de las Bases Provisionales que procedan.

3. Las Bases Provisionales habrán de tener como contenido mínimo el siguiente:

a) Delimitación provisional del perímetro de la zona a concentrar, relación de parcelas cuya exclusión se propone y parcelas periféricas que pudieran quedar incluidas.

La Comisión Local podrá, hasta el momento de la firmeza administrativa de las Bases Definitivas, rectificar el perímetro cuando sea necesario:

1.º Por las exigencias del plan de obras y mejoras territoriales.

2.º Para adaptarlo a los límites de unidades geográficas naturales.

b) Relación de valores naturales del territorio, identificados gráficamente, de obligada conservación y protección, en el marco de la futura actuación en infraestructuras y de conformidad con las determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental.

c) Clasificación de tierras según su productividad y fijación, con carácter general, de los respectivos coeficientes que hayan de servir de base para llevar a cabo las compensaciones que resulten necesarias.

d) Relación de titulares de las parcelas, según documentación aportada. En defecto de dicha documentación, se incluirá en aquélla al que aparezca como dueño o poseedor. La relación únicamente podrá contener datos que sean de utilidad a efectos de la concentración parcelaria.

En el caso de copropiedades, podrá figurar en las Bases la cuota que corresponde a cada condueño.

e) Relación de superficies aportadas pertenecientes a cada titular y la clasificación que les corresponda.

f) Relación de gravámenes, arrendamientos y demás titularidades y situaciones jurídicas que afecten a la propiedad, posesión o disfrute que hubieran quedado determinadas en el periodo de investigación.

g) En su caso, relación de concesiones de agua existentes, con expresión de la parcela y propietario beneficiado. Esta relación no será necesaria cuando las parcelas pertenezcan al ámbito de una Comunidad de Regantes inscrita en el registro oficial de la Confederación Hidrográfica correspondiente o en tramitación.

h) Aquellos otros que se estimen de interés por parte de la Comisión Local.

Artículo 150.Bases Definitivas.

1. Finalizado el periodo de información pública y resueltas las alegaciones que en su caso se hubieran presentado, la Comisión Local someterá a la Dirección General competente la aprobación de las Bases Definitivas.

2. Contra la resolución administrativa que apruebe las Bases Definitivas, que no agotará la vía administrativa, y que será objeto de comunicación, podrá interponerse recurso administrativo, de conformidad con la legislación vigente, a partir del día siguiente al de su notificación individual o publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Subsección 5.ª Proyecto de concentración

Artículo 151.Aprobación y contenido.

1. Una vez firme en vía administrativa la resolución que apruebe las Bases Definitivas, la Dirección General competente, previo informe de comisión local, redactará y aprobará el Proyecto definitivo de concentración.

2. El proyecto de concentración es el documento que, teniendo como punto de partida el Proyecto Básico, incorporará:

a) Un plano en el que sobre las antiguas parcelas se refleje la nueva distribución de la propiedad, así como las clases de tierras.

b) La relación de propietarios en la que, con referencia a dicho plano, se indiquen las fincas que en un principio se asignan a cada uno, así como las servidumbres prediales que, en su caso, hayan de establecerse según las conveniencias de la nueva ordenación de la propiedad.

c) Trazado de los nuevos caminos y demás infraestructuras a realizar, con la precisión exigible al procedimiento de contratación, así como su forma de ejecución.

3. Al proyecto deberán incorporarse, en todo caso, las determinaciones contenidas en la Declaración o en el Informe de Impacto Ambiental.

4. El proyecto será objeto de exposición pública por un periodo de un mes, previa comunicación en la forma prevista en el artículo 137 de esta ley.

Las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública serán estudiadas y, en su caso, aprobadas por la Dirección General competente, dando lugar a las modificaciones del Proyecto que procedan.

Subsección 6.ª Acuerdo de concentración parcelaria

Artículo 152.Aprobación y contenido.

1. Finalizado el periodo de exposición pública del Proyecto, y contestadas las alegaciones que en su caso se hubieran presentado, la Dirección General competente emitirá resolución aprobatoria del Acuerdo de Concentración Parcelaria.

Las transmisiones o modificaciones de derechos que se produzcan no producirán efecto en el expediente administrativo después de la publicación del Acuerdo de concentración parcelaria en el Diario Oficial de Extremadura.

2. El Acuerdo establecerá la nueva ordenación de la propiedad mediante la determinación de las fincas que reemplazarán a las aportaciones de los participantes afectados y, sobre las que recaerán inalterados el dominio y los demás derechos reales y situaciones jurídicas que tenían por base las parcelas sujetas a concentración.

3. Contra la resolución administrativa que apruebe el Acuerdo de Concentración, que no agotará la vía administrativa, y que será objeto de comunicación, podrá interponerse recurso administrativo, de conformidad con la legislación vigente, a partir del día siguiente al de su notificación individual o publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Artículo 153.Toma de posesión.

1. Firme en vía administrativa la resolución administrativa que apruebe el Acuerdo de Concentración, se procederá a dar a los partícipes en la concentración, la posesión de las nuevas fincas de reemplazo mediante la definición de sus coordenadas. Las fincas estarán identificadas y delimitadas con hitos en el terreno, salvo que estén ya limitadas por las infraestructuras viarias, de saneamiento e hidráulicas tanto de interés agrícola general como de interés agrícola privado, en cuyo caso sólo se dispondrán los estrictamente necesarios.

2. No obstante, tras la comunicación del Acuerdo, y con anterioridad a su firmeza en vía administrativa, se podrá dar la posesión, con carácter provisional, de las nuevas fincas de reemplazo, cuando el número de recurrentes no exceda del diez por ciento del total de propietarios en la zona y las aportaciones de los recurrentes no representen más del diez por ciento de la superficie concentrada, todo ello sin perjuicio de las rectificaciones que procedan como consecuencia de los recursos que prosperen.

3. En el mes siguiente a la fecha en que las fincas de reemplazo sean puestas a disposición de los partícipes para que tomen posesión de ellas, los interesados podrán presentar reclamación ante la Dirección General competente sobre las diferencias de superficie superiores al dos por ciento entre la cabida real entre las fincas de reemplazo y

la que conste en el expediente de concentración, que se acompañará, en todo caso, de un dictamen pericial.

Si la reclamación fuera estimada, se podrá según las circunstancias, rectificar el Acuerdo, compensar al reclamante con cargo a las masas comunes o, si esto último no fuera posible, indemnizarle en metálico.

4. Los interesados podrán proponer, en un plazo máximo de tres meses desde la comunicación del Acuerdo, permutas de fincas de reemplazo, que serán aceptadas siempre que de ello no se infiera perjuicio alguno para la concentración.

Subsección 7.ª Acta de reorganización de la propiedad

Artículo 154.Protocolización e inscripción.

1. Firme el Acuerdo de concentración parcelaria, la Dirección General competente extenderá y autorizará el Acta de reorganización de la propiedad, donde se relacionarán y describirán las fincas de reemplazo resultantes de la concentración, con las circunstancias necesarias para la inscripción de las mismas en el Registro de la Propiedad, los derechos reales y situaciones jurídicas que hayan sido determinados en el periodo de investigación y la finca sobre la que hayan de establecerse, así como los nuevos derechos reales que se constituyan en las nuevas fincas de reemplazo.

2. El acta de reorganización de la propiedad será objeto de protocolización notarial y la Dirección General competente en la materia promoverá su inscripción en el Registro de la Propiedad.

3. De la nueva ordenación de la propiedad se dará oportuna comunicación, mediante certificación administrativa, a la Gerencia Territorial del Catastro correspondiente, con la copia de los planos de concentración y cuantos datos complementarios fueran necesarios, conforme a lo dispuesto en la letra c) del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Artículo 155.Fincas de titularidad desconocida.

1. Las fincas que reemplacen a las parcelas cuya titularidad no hubiese sido posible determinar en el período de investigación de la propiedad, serán también relacionadas en el Acta de Reorganización, haciéndose constar aquella circunstancia y consignando, en su caso, las situaciones posesorias existentes.

Tales fincas, sin embargo, no serán inscritas en el Registro de la Propiedad mientras no aparezca su dueño.

2. La Dirección General competente en materia de reforma y desarrollo agrario estará facultada, dentro de los cinco años siguientes a la fecha de protocolización del Acta de Reorganización de la propiedad de la zona, para reconocer el dominio de estas fincas a favor de quien lo acredite suficientemente y para ordenar, en tal caso, que se protocolicen las correspondientes rectificaciones de dicho Acta de la zona, de las cuales el Notario expedirá copia a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad con sujeción al mismo régimen del Acta.

Artículo 156.Masa común.

1. Se constituirá una masa común de tierras en cada zona que se concentre, que se sustentará de los terrenos sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo.

2. Durante un plazo de un año, contado desde la fecha de protocolización del Acta de Reorganización de la Propiedad, dichas tierras sobrantes serán utilizadas para la corrección de errores manifiestos de los que se deriven perjuicios para las personas afectadas por la concentración.

3. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, los terrenos integrantes de la masa común deberán destinarse a fines de interés general para la zona concentrada, para lo cual la Dirección General competente resolverá:

1.º Que se adjudiquen a las entidades locales participantes en la concentración, o a las Comunidades de Regantes en el supuesto de que la superficie concentrada estuviera ubicada en una zona declarada como regable de interés general de la Nación o de la Comunidad Autónoma, o en una zona regable singular.

En este caso la eficacia de la resolución que se adopte quedará condicionada a la aceptación previa de los terrenos por el cesionario que, igualmente, deberá aceptar, como condición resolutoria expresa, la obligación de destinar los terrenos objeto de cesión a fines de interés general para la zona concentrada, preferentemente mediante su uso para infraestructuras.

2.º Que se integren en el Fondo de Tierras regulado en el Capítulo IV del presente Título.

Artículo 157.Derechos de Notarios y Registradores.

Los derechos de los Notarios y Registradores que se devenguen como consecuencia de la titulación e inscripción de las fincas de reemplazo, así como de las rectificaciones que fuera preciso realizar para subsanar errores existentes en los títulos, serán abonados por la Administración autonómica.

En el supuesto de fincas de reemplazo sobre las que existieran condominios a favor de varias personas, la Administración autonómica únicamente entregará un título de propiedad por finca.

Sección 3.ª Procedimiento abreviado

Artículo 158.Supuestos de aplicación.

El Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en el que se declare la utilidad pública e interés social y la urgente ejecución de la concentración parcelaria, podrá acordar que la tramitación, a partir de ese momento, se lleve a cabo por el procedimiento abreviado, en aquellos casos en los que se estime que las actuaciones a realizar no revisten especial dificultad, o bien cuando concurran circunstancias que aconsejen la agilización del mismo y, en particular alguna de las siguientes:

a) Cuando fuera necesario agilizar la concentración parcelaria con la finalidad de hacer coincidir las actuaciones de la misma con las obras de transformación, consolidación o modernización de regadíos que se estuvieran acometiendo en la misma zona.

b) Cuando la gravedad de las circunstancias sociales y económicas, debidas a la dispersión parcelaria o carencia de infraestructuras de la zona, condicionaran la continuidad de la actividad agrícola en la misma.

c) Cuando la zona a concentrar disponga, en virtud de otras actuaciones previas, de adecuada infraestructura viaria y de saneamiento, de forma que sea factible efectuar nuevas actuaciones aprovechando significativamente, o con ligeras modificaciones, las ya existentes.

Artículo 159.Refundición de fases.

1. En aquellos casos en los que el Decreto que acuerde la concentración establezca que la concentración se desarrolle por el procedimiento abreviado, se refundirán en una fase las Bases y el Proyecto definitivo de concentración, que serán objeto de una única información pública y de una sola Resolución de aprobación conjunta.

2. Firme en vía administrativa la resolución a la que se refiere el apartado anterior, la Dirección General competente aprobará el Acuerdo de Concentración y extenderá y autorizará el Acta de Reorganización de la Propiedad en un plazo máximo de un año.

CAPÍTULO IV

Fondo de tierras

Artículo 160.Constitución.

Se crea un Fondo de Tierras que se nutrirá de aquellos terrenos integrantes de las masas comunes de las concentraciones parcelarias, cuya integración en el mismo así fuera acordada por la Dirección competente, una vez transcurrido un año desde la protocolización de las respectivas Actas de Reorganización de la Propiedad.

Artículo 161.Finalidades.

La fincas que se integren en el Fondo de Tierras habrán de destinarse a fines de interés general para las zonas concentradas y, entre ellos, con carácter preferente, a los siguientes:

a) Facilitar la ampliación de las explotaciones agrarias existentes en la zona concentrada.

b) Estimular la implantación de nuevas explotaciones con dimensiones y estructuras adecuadas que puedan favorecer la creación de empleo.

c) Mejorar las explotaciones existentes que no tengan una dimensión suficiente para ser económicamente viables.

d) Conservación y mejora de la red de caminos y demás infraestructuras de la concentración, así como de los equipamientos colectivos existentes en la zona.

e) Investigación, mediante su utilización como campos de ensayo y demostración.

f) Promover la incorporación de jóvenes al sector agrario.

g) Promover el reconocimiento profesional, en igualdad de condiciones, de las mujeres en el sector agrario.

h) Preservación de espacios naturales.

i) Conservación del patrimonio histórico, artístico y arqueológico.

Artículo 162.Gestión del Fondo de Tierras.

1. Las fincas integrantes del Fondo de tierras figurarán en el Inventario del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura como bienes especiales adscritos, en un principio, a la Consejería que ostente las competencias en materia de agricultura, a la que corresponderá ejercer, según lo establecido en la legislación patrimonial, las funciones dominicales que fueran necesarias para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior.

2. La enajenación de fincas integrantes del fondo de tierras, que en su caso se realizara, se llevará a cabo preferentemente por el sistema de concurso, en el que se valorarán, como criterios de adjudicación:

1.º Ser titular de explotaciones agrarias y/o fincas ubicadas en la zona concentrada.

2.º Ser titular de una explotación agraria calificada como prioritaria.

3.º Tener la consideración de joven agricultor o de agricultor profesional.

4.º Tener la condición de mujer.

CAPÍTULO V

Obras e infraestructuras de la concentración parcelaria

Artículo 163.Asunción temporal de funciones.

Durante el proceso de ejecución de la red de caminos y demás infraestructuras del proceso de concentración, y hasta que tenga lugar la entrega formal de las mismas conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, la Consejería que tenga atribuidas las

competencias en materia de desarrollo rural asumirá temporalmente su titularidad y todos los derechos y obligaciones que se deriven de la misma y, en particular, la conservación, el régimen de autorización de usos y aprovechamientos y el régimen sancionador.

Artículo 164.Entrega.

1. Una vez ejecutada la red de caminos y demás infraestructuras, inherentes al proceso de concentración, por la Dirección competente en materia de reforma y desarrollo agrario, se acordará su entrega a las Diputaciones, Ayuntamientos u otras entidades territoriales con personalidad jurídica de ámbito local a las cuales corresponda hacerse cargo del mantenimiento y adecuada conservación de las mismas.

2. El acuerdo de la Dirección General competente de entregar una obra constituye un acto administrativo que podrá ser objeto de recurso administrativo, conforme a la legislación vigente, ante la Consejería competente en materia de agricultura.

3. La resolución de los recursos a que se refiere este artículo determinará, si procede, la ejecución de las reformas precisas a expensas de la Consejería.

La resolución de dicho recurso pondrá fin a la vía administrativa. La notificación será siempre personal cuando la obra haya de ser entregada a una sola entidad.

4. Cuando en la zona sometida a concentración parcelaria se ejecutaran simultáneamente las obras inherentes al proceso de concentración junto con las infraestructuras hidráulicas necesarias para la transformación en regadío de dicha zona, estas últimas serán entregadas conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la presente ley.

Artículo 165.Conservación.

La Consejería competente en materia de agricultura, por un lado, y por el otro, las diputaciones, ayuntamientos y cualquier otra entidad territorial con personalidad jurídica de ámbito local a las cuales se entregue la propiedad de la red de caminos y demás infraestructuras, inherentes al proceso de concentración, podrán celebrar convenios de colaboración al objeto de garantizar la adecuada conservación de las mismas.

CAPÍTULO VI

Beneficios a la realización de concentraciones parcelarias de iniciativa privada

Artículo 166.Requisitos.

Cuando un mínimo de tres agricultores con explotaciones individualizadas constituyan una agrupación de propietarios, con el fin de promover una concentración parcelaria de carácter privado de sus fincas rústicas, podrán solicitar la concesión de los beneficios establecidos en el artículo siguiente, siempre y cuando cumplan las condiciones siguientes:

a) La superficie a concentrar será, como mínimo, de 100 hectáreas en zonas de secano y de 50 hectáreas en zonas de regadíos.

b) La superficie constituida por los enclaves de los propietarios ajenos a la agrupación no podrá ser más del 30 por 100 de la superficie a concentrar.

c) La agrupación de propietarios deberá poder acreditar de modo suficiente el dominio de las tierras correspondientes a cada uno de ellos.

Artículo 167.Beneficios.

1. Los beneficios a los que podrán acogerse las agrupaciones de propietarios que, cumpliendo los requisitos del artículo anterior, promuevan una concentración parcelaria de carácter privado, serán los siguientes:

a) La Administración autonómica asumirá la titulación e inscripción registral de las fincas de reemplazo resultantes, abonando los derechos de Notaría y Registro de la Propiedad que se devenguen.

b) La Administración autonómica abonará los honorarios que se devenguen por la contratación de los trabajos de asistencia técnica necesarios para la redacción del proyecto de concentración parcelaria.

2. En todo caso, la ejecución de las obras y mejoras de infraestructuras que, en su caso, se contemplaran en el proyecto de concentración, habrán de ser financiadas por la agrupación de propietarios promotora de la concentración.

Artículo 168.Procedimiento.

1. El procedimiento se iniciará con escrito dirigido a la Consejería competente en materia de agricultura, en el que la agrupación de propietarios promotora de la concentración parcelaria de carácter privado solicitará la concesión de los beneficios previstos en el artículo anterior.

2. La solicitud de concesión habrá de acompañarse del proyecto de concentración parcelaria, en el que se delimitará el perímetro de la superficie a concentrar, especificándose las cargas y gravámenes de todas y cada una de las fincas; se adjuntará un plano en el que sobre las parcelas de procedencia se refleje la nueva distribución de la propiedad, y se contemplarán las obras y mejoras de infraestructuras que, en su caso, fuera necesario ejecutar.

3. La Dirección General competente en materia de reforma y desarrollo agrario examinará la solicitud y documentación aportada y, si considera que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 166 de esta ley, propondrá al titular de la Consejería en materia de agricultura la aprobación del Acuerdo de Concentración parcelaria y la concesión de los beneficios previstos en el artículo anterior.

Transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud, sin haberse notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada la misma por silencio administrativo, con base a la posible incidencia que sobre el medio ambiente pueden tener este tipo de actuaciones.

4. Aprobada y notificada la resolución por la que se apruebe el Acuerdo de Concentración, los promotores de la concentración dispondrán de un plazo de 18 meses para ejecutar todas las actuaciones previstas en el proyecto de concentración y tomar posesión de las nuevas fincas de reemplazo resultantes.

5. Una vez comprobado lo dispuesto en el apartado anterior, la Dirección General competente en materia de reforma y desarrollo agrario extenderá y autorizará el Acta de reorganización de la propiedad, donde se relacionarán y describirán las fincas de reemplazo resultantes de la concentración, especificándose las cargas y gravámenes de cada una de ellas, y demás circunstancias necesarias para la inscripción de las mismas en el Registro de la Propiedad.

El acta de reorganización de la propiedad será objeto de protocolización notarial y la Dirección General competente promoverá su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Igualmente, se procederá a abonar a los promotores los honorarios que se hayan devengado por la contratación de los trabajos de asistencia técnica necesarios para la redacción del proyecto de concentración parcelaria, previa justificación documental de los mismos.

TÍTULO VI

De las infraestructuras rurales

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 169.Clasificación de infraestructuras rurales.

A efectos de lo previsto en la presente Ley, se consideran infraestructuras rurales, según la definición prevista en el artículo 5 de la presente ley, las siguientes:

a) Infraestructuras hidráulicas vinculadas con el desarrollo rural: son las obras de interés agrícola general, de interés agrícola común, de interés agrícola privado, y las complementarias, a las que se refiere el artículo 100 de la presente ley, ejecutadas en las zonas transformadas en regadío.

Las infraestructuras hidráulicas se regirán por lo dispuesto en el Título IV de esta ley relativo a las actuaciones en materia de regadíos.

b) Infraestructuras viarias vinculadas con el desarrollo rural: son los caminos y vías pecuarias reguladas en el Capítulo II del presente Título.

CAPÍTULO II

Infraestructuras viarias

Sección 1.ª De los caminos

Subsección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 170.Definición.

Los caminos rurales son las vías públicas de comunicación terrestre de dominio y uso público que cubran las necesidades de acceso generadas en las áreas rurales, bien dando servicio a núcleos de población o a los predios agrícolas o forestales, incluyendo en su concepto la plataforma, el material del firme, las cunetas, las obras de fábrica, los desmontes, los terraplenes y las obras e instalaciones auxiliares que como tal se cataloguen (fuentes, abrevaderos, muros de piedra, descansaderos, etc., así como otros elementos de interés histórico y etnográficos; siempre que estos no resulten de propiedad privada) y que, por no reunir las características técnicas y requisitos para el tráfico general de vehículos automóviles, no puedan clasificarse como carreteras.

Dentro del concepto de caminos públicos, se incluyen los caminos y pistas forestales, incluidos en el dominio público forestal, de los montes propios de la Comunidad Autónoma y de los incluidos en el catálogo de Montes de Utilidad Pública, si bien se regirán por lo dispuesto en la legislación forestal.

No se consideran caminos, a efectos de esta ley, las calles, plazas, paseos, otros viales urbanos, los caminos de servicio bajo titularidad de las Confederaciones Hidrográficas, así como:

1.º Los tramos de caminos cuyo itinerario coincida con autovías, autopistas y carreteras de titularidad estatal, autonómica y provincial.

2.º Los caminos de naturaleza privada.

3.º Las servidumbres de paso constituidas sobre una finca privada en beneficio de una o más personas, o de una comunidad, a quienes no pertenezca la finca gravada, previa la correspondiente indemnización.

Artículo 171.Régimen jurídico.

En ejercicio de las funciones atribuidas a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía en materia de caminos rurales, la presente Sección establece el régimen jurídico de los caminos rurales de Extremadura, que se extienda a todos los aspectos relacionados con la planificación, financiación, proyecto, construcción, modificación, conservación, explotación, uso, protección y defensa de los caminos públicos, así como a los relacionados con la integración de los mismos en su entorno.

Artículo 172.Clasificación.

Se establecen las siguientes categorías de caminos rurales públicos, de acuerdo con la definición prevista en el artículo 170 de la presente ley:

a) Red primaria de caminos rurales: Caminos que constituyan el único acceso o el acceso más transitado entre localidades o de una localidad a la red de carreteras y que, por tanto, se correspondan con las vías principales de comunicación que conectan poblaciones entre sí o conectan estas con la red viaria general.

Asimismo, también formarán parte de la red primaria, aquellos caminos que se consideren como ejes principales, vertebradores del territorio y que comuniquen el mayor número de parcelas o de fincas posibles con el núcleo de población del término por donde discurren, y que a tal efecto, las Diputaciones Provinciales, en el plazo máximo de un año, desde la aprobación del Catálogo Oficial de Caminos por éstas hayan asumido su titularidad.

b) Red secundaria de caminos rurales: Caminos rurales aptos para tránsito rodado que den acceso y servicio a fincas agrícolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situadas en el suelo no urbanizable, siempre y cuando ocupen terrenos del término municipal. Su anchura debe posibilitar el paso de la maquinaria necesaria para las labores agrícolas, ganaderas o forestales de las fincas o montes comunicados por dichas vías.

Forman parte también de la red secundaria, los caminos de herradura, veredas y sendas, definidos como caminos públicos no aptos para el tránsito rodado.

c) Red de caminos forestales: Caminos y pistas forestales de los montes propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Artículo 173.Titularidad.

1. La titularidad de los caminos se establece en función de la clasificación de los mismos, recayendo sobre las Administraciones Públicas que se indican a continuación:

a) Red primaria de caminos rurales: serán de titularidad de las Diputaciones Provinciales, en aquellos caminos que constituyan el único acceso entre localidades o de una localidad a la red de carreteras. El resto de caminos que constituyan la red primaria serán titularidad de los ayuntamientos por cuyo término discurran.

b) Red secundaria de caminos rurales: serán de titularidad de los Ayuntamientos por cuyo término municipal discurran.

c) Red de caminos forestales: serán de titularidad de la entidad propietaria del monte público por el que transcurran.

2. Mediante acuerdo expreso entre las Administraciones Públicas afectadas podrán establecerse cambios de titularidad en la red de caminos públicos.

3. Los caminos construidos o acondicionados por Administraciones distintas a la que ostente la competencia original de los mismos, no implicará cambio alguno en su titularidad, que permanecerá inalterada.

Artículo 174.Competencias.

Las normas de general aplicación, planificación, construcción, modificación, conservación, explotación, protección y defensa corresponderán a las Administraciones Públicas titulares de los caminos.

Subsección 2.ª Dominio público viario

Artículo 175.Régimen demanial.

1. Los caminos públicos de Extremadura son bienes de dominio y uso público, por lo que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Ni su titularidad ni las actuaciones públicas destinadas a su construcción, conservación o explotación pueden estar sometidas a tributo alguno.

2. Las detentaciones privadas carecerán de valor frente a la titularidad pública, con independencia del tiempo transcurrido.

Artículo 176.Alcance del dominio público.

1. Forman parte de los caminos y, por tanto, del dominio público viario, además de la calzada o superficie destinada al tráfico rodado, todos los elementos de su explanación, tales como arcenes, cunetas, taludes y terraplenes, puentes, obras de fábrica, elementos de señalización y protección, terrenos de servicio y, en general, todos los elementos construidos en función del camino.

2. La sección transversal de un camino rural la constituyen:

a) Calzada o zona de camino destinada a la circulación, que puede tener uno o dos carriles.

b) Arcenes o guardafirmes, que ocupan las bandas exteriores a ambos lados de la plataforma, y quedan enrasados con el nivel de la calzada hasta los bordes de aquella.

c) Plataforma: Integrada por el conjunto de calzada y arcenes o guardafirmes.

d) Bombeo o pendiente transversal de la plataforma desde el centro hacia sus bordes.

e) Cunetas con sus correspondientes taludes, interior y exterior.

f) Firme, siendo este el conjunto de capas colocadas sobre la explanada o explanación para permitir la circulación en condiciones de comodidad y seguridad.

Las capas que pueden constituir el firme son: la capa de rodadura, la base y la sub-base, pudiendo apoyarse ésta en la explanación mejorada o en una capa anticontaminante. No siempre el firme estará formado por las tres capas descritas.

3. El titular del camino rural podrá proponer de oficio la modificación de trazado o de la anchura de un camino, siendo necesario para ello la conformidad de los afectados, previo trámite de audiencia, así como el sometimiento a información pública de la propuesta durante el plazo de un mes.

Si no se consiguiese la conformidad de los afectados por la modificación propuesta se archivará el expediente sin más trámite, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sobre expropiación forzosa en los supuestos de interés general.

Artículo 177.Zona de protección.

1. En aquellos caminos en los que exista, a la entrada en vigor de la presente ley, una zona de protección en uno o ambos lados del mismo, se mantendrá la misma como servidumbre al dominio público.

En caso de no existir, la Administración titular podrá establecer dicha zona de protección con una anchura máxima de dos metros a ambos lados del camino, si lo estima conveniente para el uso adecuado del mismo.

2. Las zonas de protección deberán mantenerse en condiciones de seguridad a fin de evitar cualquier riesgo para el camino o sus usuarios. Los propietarios de las fincas colindantes impedirán en todo caso los vertidos y caída de objetos desde sus fincas, así como la salida de animales al camino, construyendo para ello y por su cuenta las protecciones y cierres que resulten precisos.

Artículo 178.Catálogo de caminos públicos.

1. Las distintas Administraciones Públicas dispondrán en todo momento del Catálogo de caminos públicos, elaborado por la Consejería que ostenta las competencias en materia de caminos, que incluirá todos los caminos y demás bienes inmuebles que integren el dominio público viario titularidad de cada una de ellas.

2. El Catálogo de Caminos Públicos identifica los caminos mediante una numeración individual y diferenciada, conteniendo al menos los datos siguientes: longitud total, puntos inicial y final, denominación y anchura estimada, en el caso de que esté definida visualmente, y un plano general de localización de los caminos en el término municipal.

3. El catálogo deberá ser formalmente aprobado por cada una de las Administraciones Públicas titulares de caminos, momento a partir del cual alcanzará la condición de «Catálogo Oficial de Caminos Públicos».

4. Una vez aprobado el Catálogo, las Administraciones Públicas titulares de caminos serán las responsables de mantenerlo actualizado, para lo cual realizarán las revisiones y rectificaciones que se precisen para ello.

La Consejería que ostente las competencias en materia de caminos colaborará con los Ayuntamientos en la corrección de datos digitales, revisiones, rectificaciones y cuantas otras actuaciones sean necesarias para mantener actualizado el Catálogo.

Igualmente asesorará y facilitará a los Ayuntamientos que lo soliciten la información que precisen con fines de investigación, tramitación de expedientes de permutas de terrenos o de otras materias y elaboración de informes periciales solicitado por órganos judiciales.

5. Aprobado el Catálogo, las Administraciones Públicas procederán a la inscripción registral de aquellos que sean de su titularidad, de conformidad con lo establecido en la normativa estatal y autonómica en materia de patrimonio.

Artículo 179.Desafectación.

1. Los terrenos de dominio público viario sólo quedarán desafectados del mismo mediante resolución expresa de la Administración titular del camino, previa información pública del expediente en el que se acrediten la legalidad y oportunidad de la desafectación, que se ordenará por el procedimiento que establezca la legislación de régimen local u otra legislación específica aplicable.

2. Los proyectos de obras que impliquen la sustitución de determinados tramos de caminos u originen sobrantes no producirán por sí mismos la desafectación, continuando los terrenos sustituidos o sobrantes afectos al dominio público viario mientras no se resuelva su desafectación expresamente.

3. Los terrenos que hayan sido objeto de desafectación, con independencia de la causa que la haya motivado, deberán ser dados de baja en el Catálogo de Caminos Públicos.

Artículo 180.Permutas.

1. Cuando por razones debidamente justificadas resulte conveniente para el interés público, previa desafectación, podrán realizarse permutas de bienes hasta entonces afectos al dominio público viario, por otros de valor equivalente.

2. En el supuesto de que haya diferencia de valor, ésta nunca podrá ser superior al cincuenta por ciento del valor del viario, y se deberá compensar económicamente a la Comunidad Autónoma por esta diferencia.

3. La permuta se acordará siempre por decisión de la Administración titular y estará condicionada a las disposiciones que sobre esta materia establece la normativa de régimen local o legislación específica aplicable, tanto en su contenido como en el procedimiento administrativo procedente.

Artículo 181.Investigación, recuperación posesoria, deslinde y amojonamiento.

1. Las Administraciones titulares tienen el deber y el derecho de investigar los bienes que se presumen pertenecientes al dominio público.

2. La Administración titular estará facultada para recuperar de oficio la posesión de un bien demanial indebidamente perdida, con independencia del tiempo que haya sido ocupado o utilizado por particulares.

3. Las citadas Administraciones podrán además proceder de oficio a la realización de los correspondientes deslindes administrativos, que se practicarán previa publicación y con audiencia a las personas que acrediten la condición de interesados.

Tras el deslinde se procederá siempre al amojonamiento de los bienes deslindados.

4. El procedimiento administrativo a seguir será el establecido en la legislación de régimen local o específica que sea de aplicación.

Subsección 3.ª Relaciones interadministrativas

Artículo 182.Coordinación y colaboración.

1. Las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas se realizarán de acuerdo con los principios de equidad, coordinación, colaboración, información mutua y respeto competencial.

2. Los Ayuntamientos deberán contemplar la red de caminos públicos en el planeamiento municipal como infraestructura viaria del municipio, estableciendo la debida clasificación urbanística para impedir la transformación de los terrenos ocupados por la misma.

3. La modificación de la red de caminos con causa en la ejecución de una ordenación territorial y urbanística deberá garantizar el trazado alternativo propuesto en las mismas condiciones de utilización, para lo que será preceptivo el informe favorable de la Administración titular del camino de que se trate.

4. Los Ayuntamientos, Diputaciones y la Administración autonómica podrán establecer acuerdos y convenios de colaboración en orden a la mejora y mantenimiento de la red de caminos rurales públicos de la Región, tanto en sus aspectos técnicos como financieros.

Artículo 183.Traspasos de titularidad.

1. Los caminos de titularidad municipal podrán integrarse en la Red de Caminos o Carreteras de la Junta de Extremadura o Diputaciones cuando tal cambio resulte de interés motivado y expreso de la Administración cedente y destinataria, considerando la funcionalidad que han de desarrollar y las necesidades de interconexión de la red de comunicaciones.

2. El traspaso de la titularidad requerirá el acuerdo expreso de las Administraciones implicadas.

Subsección 4.ª Instrumentos de planificación

Artículo 184.Planes Viarios.

1. Las Administraciones titulares podrán establecer Planes Viarios de actuación, como instrumento de planificación que garantice la existencia de una red viaria adecuada a su territorio, así como su mantenimiento y conservación.

2. Los Planes Viarios deben contemplar, al menos, los siguientes aspectos:

a) Relación de nuevos caminos o tramos.

b) Programas de mejoras y mantenimiento de los existentes.

c) Inversión necesaria.

d) Financiación prevista.

e) Calendario de actuaciones.

3. Los Planes Viarios podrán tener ámbito municipal, mancomunado, comarcal, provincial o regional y abarcarán, en el caso de aprobarse, un período de actuación de cuatro años, especificándose los proyectos y obras a realizar anualmente.

4. Los Planes Viarios podrán ser aprobados unilateralmente por la Administración titular de los caminos o bien mediante convenios específicos de colaboración entre la Administración titular y otras Administraciones Públicas interesadas.

5. La Consejería competente en materia de caminos rurales podrá ejecutar obras de mejora y acondicionamiento de caminos de la red primaria y secundaria contemplados en los Planes Viarios, siempre que la Administración titular de los caminos ponga a su disposición los terrenos públicos y privados necesarios para llevar a cabo las obras.

De lo dispuesto en el párrafo anterior estará excluido el acondicionamiento de caminos de herradura, veredas y sendas salvo que se contemple en los Planes Viarios la modificación de la anchura de éstos con la finalidad de hacerlos aptos para el tráfico rodado.

Tendrán prioridad para estas actuaciones de acondicionamiento de caminos:

a) Los caminos de la red primaria de titularidad municipal.

b) Las adaptaciones de caminos a una transitabilidad acorde con la mecanización actual de las explotaciones, con una anchura suficiente para el tráfico rodado en los mismos.

c) Las antiguas pistas realizadas por los extintos Instituto Nacional de Colonización (INC) e Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

d) Las actuaciones en caminos con una mayor importancia desde el punto de vista agrario, y/o que contribuyan al desarrollo rural de la zona y mejoren la accesibilidad del territorio.

e) Otras que motivadamente acuerde la Consejería.

Artículo 185.Coordinación con la planificación territorial.

1. Los Planes Viarios se someterán al informe preceptivo y vinculante del órgano administrativo que tenga las competencias sobre medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás preceptos establecidos por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Del mismo modo, con carácter general, deberán someterse a informe preceptivo del órgano administrativo titular del bien o derecho afectado por el plan, cuyo contenido tendrá igualmente carácter vinculante.

2. El plazo máximo para la emisión de informes será de tres meses, desde la recepción del expediente administrativo remitido por el órgano sustantivo, pudiéndose proseguir las actuaciones de no emitirse en dicho plazo, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 186.Carácter de utilidad pública.

1. La disponibilidad de los terrenos necesarios para llevar a cabo los Planes Viarios habrá de lograrse preferentemente mediante la enajenación o cesión voluntaria de sus propietarios, dado el carácter social de su utilización.

2. Si este proceso no pusiera a disposición de la Administración titular la totalidad de los terrenos precisos, la aprobación de los Planes Viarios tendrá el carácter de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su ejecución.

3. Igualmente, se podrán adquirir bienes y derechos conforme a lo previsto en los artículos 115 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Artículo 187.Modificación y revisión.

Los Planes Viarios deberán revisarse cuando sobrevengan circunstancias que así lo aconsejen y, de manera especial, para determinar las obras necesarias para el mantenimiento de los caminos en buen uso por cualquier causa circunstancial que lo altere.

Artículo 188.Financiación.

1. Las Administraciones titulares al aprobar los Planes Viarios deberán garantizar la adecuada ejecución de los mismos, mediante un plan específico de recursos financieros, que pueden estar constituidos por transferencias de capital, aportaciones de otros Organismos Públicos o privados, recursos de las Entidades Locales y operaciones de crédito.

2. Igualmente podrán establecerse contribuciones especiales como medida complementaria a otros recursos financieros, de tal modo que aseguren la ejecución de los Planes Viarios establecidos.

Subsección 5.ª Ejecución de obras

Artículo 189.Licencias y permisos municipales.

Las obras de construcción, conservación o mejora de los caminos públicos y las relacionadas directamente con su explotación no estarán sometidas a licencia urbanística ni a otros actos de control previo por parte de los Ayuntamientos, y su ejecución no podrá ser paralizada o suspendida salvo por la autoridad judicial competente, sin perjuicio de las actuaciones que éstos puedan llevar a cabo para la verificación del cumplimiento de la legalidad urbanística.

Artículo 190.Proyectos de obras y evaluación de impacto ambiental.

1. Los proyectos de construcción o acondicionamiento de caminos que formen parte de los Planes Viarios deberán ser elaborados por técnicos competentes y aprobarse formalmente por la Administración responsable, respetándose en el proceso de licitación y ejecución las disposiciones que contempla la normativa legal sobre Contratos del Sector Público.

2. Los proyectos de construcción deberán ajustarse a las normas técnicas de obligado cumplimiento en la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en función de la naturaleza de las obras, contener todos los estudios necesarios de carácter geotécnico, hidrológico, de estructuras, ambiental y de seguridad, a fin de evitar imprevistos y problemas tanto en su ejecución como en su posterior funcionamiento.

3. Las obras proyectadas deberán respetar y armonizar de forma adecuada con el medio natural donde se emplacen, debiendo los proyectos prever siempre los trabajos de recuperación y restauración del entorno y espacio natural afectado.

Cuando se trate del proyecto de construcción de un nuevo camino o de la modificación o adecuación de uno preexistente, se deberá incluir, además, como documento diferenciado, la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental o, en su caso, Informe de Afección, en el que se analizarán el entorno del proyecto, las interacciones entre las

obras proyectadas y dicho entorno, así como las medidas correctoras previstas para reducir las repercusiones negativas de las mismas.

Las medidas de revegetación y restauración recogidas en los informes ambientales se incluirán en las obras del proyecto para su ejecución dentro del mismo o se proyectarán de forma simultánea e independiente cuando así resulte conveniente para su mejor efectividad.

Artículo 191.Deslinde y amojonamiento.

Si como consecuencia de la ejecución de las obras se produjeran nuevas afectaciones de suelo al dominio público viario, los terrenos que resulten afectados deberán ser incorporados en todo caso al Catálogo Oficial de Caminos Públicos, procurándose además, cuando resulte necesario, el deslinde y amojonamiento de los mismos.

Subsección 6.ª Del uso de los caminos

Artículo 192.Uso general.

1. Por su condición de bienes de dominio público, los caminos rurales son de libre tránsito y como tales deben ser utilizados conforme a criterios de buen uso y, en especial, los de obligatoriedad de no abandonar su trazado para invadir propiedades colindantes; cerrar las cancelas que pudieran existir para el control del ganado; respetar la fauna, la flora, y las propiedades colindantes; evitar la contaminación acústica; no arrojar escombros o basuras; no encender fuego ni arrojar colillas encendidas, así como, en general, evitar cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico vigente.

2. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación civil en materia de servidumbre de aguas, no se podrá impedir el libre curso de aguas procedentes de los caminos por las fincas o parcelas colindantes, así como tampoco se podrán ejecutar obras que desvíen el curso normal de las aguas con el fin de dirigirlas hacia los caminos.

3. En ningún caso podrán abrirse ramales privados desde caminos públicos sin la preceptiva autorización de la Administración titular del camino, la cual deberá contemplar necesariamente las medidas que eviten los aportes incontrolados de agua y arrastres al camino procedentes del ramal que se construya o que sean consecuencia del mismo.

4. Los cerramientos de parcelas o fincas colindantes con los caminos rurales no podrán invadir sus límites, respetándose en todo caso la zona de protección establecida.

Artículo 193.Ordenamiento jurídico.

1. Las Administraciones titulares estarán obligadas y facultadas para aprobar las normas y dictar los actos que, en aplicación y desarrollo de la presente ley, sean necesarios para ordenar y regular el uso adecuado de los caminos dentro del ámbito de sus competencias.

2. En el caso de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales las normas y demás actos precisos serán aprobados o dictados por el órgano competente, y con el quórum que en su caso establezca la legislación de régimen local.

En el caso de la Administración autonómica el desarrollo reglamentario podrá realizarse mediante Decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 194.Limitaciones al uso.

1. La Administración titular de la vía podrá establecer limitaciones especiales de tránsito a todos o determinados tipos de vehículos o usuarios, cuando así lo exijan las condiciones del camino, la seguridad o circunstancias de tráfico o la protección ambiental y sanitaria del entorno.

2. Las limitaciones podrán consistir tanto en la prohibición u obligación de transitar en determinadas condiciones como en la sujeción a previa autorización administrativa, y

podrán establecerse con carácter particular para un tramo o para todo el camino y, a ser posible, con carácter temporal.

Artículo 195.Prohibiciones.

1. Los caminos públicos deben estar permanentemente disponibles para su uso, por lo que el cierre de los mismos estará expresamente prohibido. Sólo en casos verdaderamente excepcionales y por interés social podrá autorizarse su cierre por la Administración titular, haciendo en todo caso fácil el tránsito de animales, personas y vehículos por los mismos.

En caso de cierre no autorizado, la Administración titular procederá a abrir al tránsito público el camino.

La Administración titular estará facultada para prohibir, por razones de seguridad, las conducciones de agua, gas o electricidad en la estructura del camino, así como el tránsito de vehículos en la zona de servidumbre.

2. Las resoluciones administrativas a que se refiere el apartado anterior, se producirán previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, en el que se garantizará la audiencia a los interesados.

Artículo 196.Otros usos y aprovechamientos.

1. Sobre los bienes del dominio público viario no existen más derechos que los de circulación o tránsito, en las condiciones establecidas en esta ley.

2. La realización de otros usos o aprovechamientos en el dominio público viario sólo será posible siempre que resulten por su naturaleza de necesaria ubicación en el mismo, sean compatibles con la circulación o tránsito y no limiten su seguridad y comodidad.

En la plataforma de los caminos no serán admisibles más usos y aprovechamientos que los imprescindibles para accesos y cruces a distinto nivel de conducciones y vías de paso peatonal o rodado. Sólo excepcionalmente se permitirán ocupaciones temporales o indefinidas cuando resulten imprescindibles para trabajos, obras o servicios que no permitan otra solución alternativa.

3. Los usos y aprovechamientos previstos en el apartado anterior sólo podrán efectuarse previa autorización expresa de la Administración titular de la vía.

Las autorizaciones o concesiones que se otorguen para dichos usos o aprovechamientos, sus elementos funcionales y demás bienes del dominio público viario, se sujetarán a las condiciones que la Administración titular discrecionalmente señale para la defensa y correcto funcionamiento de dichos bienes, cuyos aspectos generales se regulan en la siguiente Subsección.

Subsección 7.ª Condiciones para los usos y aprovechamientos distintos del general

Artículo 197.Accesos.

1. En todo caso los accesos que en su caso se autoricen deberán sujetarse a las siguientes condiciones:

a) El acceso de los caminos a las carreteras, en sus 10 primeros metros, deberá ser afirmado con acabado asfáltico, de hormigón o similar, siendo la anchura mínima a partir del empalme de 5 metros.

b) Excepcionalmente y en casos debidamente justificados podrán autorizarse accesos de características distintas a las señaladas.

c) Las aguas de escorrentía en la zona de acceso deberán ser recogidas antes de llegar a la carretera y conducidas de forma adecuada para que no invadan la calzada ni afecten a la explanación de la misma.

d) Los accesos deberán señalizarse conforme a lo que establezca en cada caso la Administración titular del camino.

e) La Administración titular fijará el punto exacto del empalme atendiendo las necesidades de seguridad del tráfico.

2. Además será necesario la autorización de la Administración titular de la carretera a la que se pretende acceder, en la que se fijarán el resto de condiciones y obligaciones necesarias.

Artículo 198.Instalaciones subterráneas y aéreas.

1. Las redes de conducción de agua, saneamiento, gas, teléfono, electricidad y demás instalaciones o servicios no podrán discurrir bajo la superficie del camino o anclarse a sus estructuras salvo en supuestos de excepcional dificultad de paso o cruce imprescindible y cuando existan circunstancias que no hagan procedente otra solución alternativa.

En ningún caso podrán colocarse arquetas de registro dentro de la calzada y arcenes del camino.

2. Los tendidos e instalaciones aéreas que crucen sobre los caminos deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) El gálibo será suficiente para evitar accidentes.

b) Los postes de sustentación se situarán fuera de la zona de dominio público y dentro de la zona de servidumbre cuando ésta exista. Cuando el camino carezca de zona de servidumbre, los postes se colocarán a una distancia mínima de la línea exterior de la calzada de vez y media su altura.

c) Las riostras y anclajes no podrán colocarse en zona de dominio público.

d) El resto de condiciones técnicas y de seguridad que puedan establecerse al efecto por las Administraciones competentes.

Artículo 199.Señalización.

1. Todos los caminos deben contar con la numeración pertinente de acuerdo con el Catálogo Oficial de Caminos Públicos, la señalización homologada e indicar la Administración titular del mismo.

Corresponde en exclusividad a la Administración titular del camino determinar la señalización para el correcto funcionamiento del tráfico o la adecuada información a los usuarios.

2. El establecimiento y conservación de las señales publicitarias de otras entidades o personas, públicas o privadas, corresponderá a los interesados, previa autorización de la Administración titular del camino.

3. Sólo se excepcionan de lo dispuesto en los dos apartados anteriores la señalización provisional en casos de emergencia.

4. Las señales utilizadas deberán ajustarse, en todos los casos, a los modelos oficiales existentes en cada momento, quedando prohibida la colocación de toda señal que no se ajuste a los mismos.

Las Administraciones titulares podrán aplicar, para financiar el coste de la señalización indicada, los procedimientos contemplados para la ejecución de los Planes Viarios en el artículo 188 de la presente ley.

5. En cuanto a señales informativas o de indicación, en los caminos y zonas de dominio público, sólo podrán colocarse, además de las de tráfico, las siguientes:

a) Las que sirvan para indicar lugares, centros o actividades de interés cultural, recreativo o turístico, que sólo se admitirán cuando se refieran a actividades o negocios útiles para el usuario del camino y poco frecuentes.

b) Señales de servicios.

Sólo podrá colocarse una señal por servicio en cada sentido de circulación y a una distancia no superior a 3 kilómetros del lugar donde se preste el mismo y de 1 kilómetro del acceso exclusivo o principal de aquél.

Además podrá colocarse una señal de dirección en el punto del camino de donde parta el acceso exclusivo o principal para este servicio.

En el caso de existencia de varios servicios, la Administración titular podrá ordenar la unificación de señales.

En ningún caso podrán servir para realizar publicidad aunque sea encubierta y no se admitirá que figure el nombre del particular o razón social del establecimiento, negocio o actividad.

Sección 2.ª De las vías pecuarias

Subsección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 200.Régimen jurídico.

1. La presente Sección establece el régimen jurídico para la administración y gestión de las vías pecuarias que discurran por la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el marco de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

2. Será de aplicación supletoria la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus normas de desarrollo, en lo no previsto y no se oponga o contradiga a lo preceptuado en la presente ley o a sus principios.

Artículo 201.Naturaleza jurídica.

1. Las vías pecuarias, definidas conforme a lo previsto en el artículo 5 de la presente ley, que discurren por el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, son bienes de dominio público de esta Comunidad y, por consiguiente, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

2. Tendrán la consideración de dominio público pecuario los descansaderos, abrevaderos, refugios, corrales y cualquier otro tipo de terreno o instalación asociados a las vías pecuarias.

3. Igualmente tendrán la condición de vías pecuarias los nuevos trazados resultantes de los procesos de modificación de trazado y permuta.

Artículo 202.Fines.

La Comunidad Autónoma, en su ámbito territorial, ejercerá los fines previstos en el artículo 3 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, así como:

a) Restablecer la continuidad y la integridad de los itinerarios de las vías pecuarias afectadas por infraestructuras públicas o privadas.

b) Preservar y potenciar el desarrollo de los procesos ecológicos para la adecuada guarda y custodia de la diversidad biológica, las razas autóctonas de la cabaña ganadera y la flora ligada a estas áreas.

c) Impulsar los valores sociales, económicos, turísticos, recreativos y científicos, compatibles con sus específicos fines, que enriquezcan la calidad de vida en el medio rural y fomenten el contacto entre el ámbito urbano y el rural.

Artículo 203.Tipos.

1. Las vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se clasifican en virtud de su anchura en: Cañadas, cordeles y veredas.

a) Cañadas las que su anchura no exceda de 75 metros.

b) Cordeles las que cuenten con una anchura máxima de 37,5 metros.

c) Veredas aquellas cuya anchura no supere los 20 metros.

En cuanto a las coladas, son vías pecuarias de anchura variable, determinada en el acto de clasificación correspondiente.

2. No obstante lo establecido en el punto anterior, conservarán su anchura superior a los máximos dispuestos las vías pecuarias que la tengan reconocida, conforme a los antecedentes propios y lo previsto en el acto de clasificación.

3. Los abrevaderos, descansaderos y demás lugares asociados al tránsito y uso ganadero, tendrán la superficie y emplazamiento que disponga el acto de clasificación.

Artículo 204.Competencias.

Corresponde a la Consejería competente en materia de vías pecuarias acordar y autorizar los actos de disposición, administración, gestión y explotación de éstas, salvo los relativos a la desafectación que se atribuyen a la Consejería competente en materia de Patrimonio y demás limitaciones previstas en los apartados 3 y 5 del artículo 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Artículo 205.Vías pecuarias de especial interés.

1. Se declararán de especial interés las vías pecuarias, o los tramos de éstas, de la Red de la Comunidad Autónoma, que discurran por áreas protegidas por su valor natural, histórico, cultural o turístico.

2. De conformidad con el procedimiento que reglamentariamente se determine, mediante Resolución de la Consejería competente se llevará a cabo la declaración de vías pecuarias de especial interés natural, histórico, cultural o turístico, previo informe de la Consejería con competencias en la materia que motiva la declaración.

3. El uso que se dé a las vías pecuarias o tramos de estas que atraviesen terrenos pertenecientes a un área Protegida estará determinado por los instrumentos de planificación y gestión correspondientes, sin que en ningún caso ello suponga disminución de su integridad superficial o alteración de la idoneidad de los itinerarios, el cual no podrá ser interrumpido.

Del mismo modo se estará a las limitaciones previstas en la normativa sectorial aplicable a los bienes de patrimonio histórico y cultural en aquellas vías pecuarias que discurran por los mismos.

Subsección 2.ª De la creación, determinación y administración de las vías pecuarias

Artículo 206.Investigación.

1. La Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la Consejería correspondiente, de oficio o a petición de parte, estudiará e investigará la situación de los terrenos que previsiblemente pertenezcan a vías pecuarias, con el fin de determinar la titularidad de los mismos.

2. La inscripción de las vías pecuarias en el Registro de la Propiedad se realizará por la Consejería que tenga atribuidas las competencias, de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y la normativa de desarrollo de ésta.

Artículo 207.Creación y ampliación.

1. Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá crear nuevas vías pecuarias, cuyo itinerario discurra íntegramente por su territorio, así como ampliar la anchura con que estén clasificadas las existentes, previa declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.  

2. En todo caso, los bienes y derechos expropiados serán inscritos por la Consejería expropiante a favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con la legislación expropiatoria y autonómica, previo el informe previsto en el artículo 18.3 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Artículo 208.Restablecimiento de intrusiones de titularidad pública.

1. La Consejería competente en materia de vías pecuarias velará, por el restablecimiento de las vías pecuarias intrusadas por obras, construcciones o instalaciones de titularidad pública.

2. Si no fuese posible el restablecimiento de algún tramo de vía pecuaria ocupada, éste se podrá llevar a cabo mediante los procedimientos de permuta o modificación de trazado previstos en la presente ley.

Artículo 209.Recuperación de oficio.

1. La recuperación de oficio es el acto administrativo en virtud del cual la Comunidad Autónoma de Extremadura, en cualquier momento, recobra por sí misma la posesión de los tramos de vías pecuarias que se hallen indebidamente ocupados por personas físicas o jurídicas de carácter privado.

2. La Consejería competente en materia de vías pecuarias, de oficio o instancia de interesado, podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de recuperación, pudiendo abrir un período de información previa para conocer las circunstancias de la ocupación.

3. Se podrán adoptar las medidas provisionales que se consideren precisas para asegurar la efectividad de la resolución del acto que ponga fin al procedimiento.

4. El acuerdo de recuperación se adoptará previo informe técnico-jurídico de la Consejería competente en materia de vías pecuarias.

5. En el procedimiento de recuperación se dará audiencia a los interesados para que en el plazo de quince días presenten cuantas alegaciones en defensa de sus derechos estimen convenientes y los documentos en que se fundamenten las mismas.

6. El plazo máximo para resolver el procedimiento de recuperación será de un año, contado desde la fecha de acuerdo de inicio, de forma que, transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado la resolución correspondiente, caducará el procedimiento y se acordará el archivo de las actuaciones.

7. En la resolución que ponga fin al procedimiento de recuperación se instará al ocupante para que en el plazo máximo de un mes cese en su acción ilegítima, de forma que transcurrido este plazo sin que la resolución se lleve a efecto voluntariamente, se procederá de conformidad con lo legalmente establecido para la ejecución forzosa de los actos administrativos, sin perjuicio de la reposición, restauración o indemnización a que pudiera haber lugar.

8. En los casos en que no se pudieran recuperar terrenos de vía pecuaria intrusada, la restitución del mismo se podrá llevar a cabo mediante los procedimientos de permuta o modificación de trazado previstos en la presente ley.

Artículo 210.Delimitación provisional.

De oficio o a instancia de propietarios colindantes, en los tramos que afecten a fincas de su titularidad, se podrán delimitar de forma provisional las vías pecuarias, o parte de ellas, previo informe que lo motive.

Esta delimitación tendrá carácter meramente orientativo, en tanto se proceda al posterior deslinde, sin que hasta entonces suponga derecho alguno a favor de los colindantes de la vía pecuaria.

Artículo 211.Clasificación.

1. La clasificación es el acto administrativo, de carácter declarativo, en virtud del cual se determinan la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de las vías pecuarias.

2. La clasificación de las vías pecuarias se practicará por términos municipales, salvo que, por razones técnicas o de urgencia, se considere necesario llevar a cabo la de determinadas vías o tramos de algunas de ellas.

3. El procedimiento de clasificación, en la forma en que reglamentariamente establezca, se incoará de oficio y se sustanciará atendiendo a todos los antecedentes existentes, así como a los testimonios que se aporten, con audiencia de los posibles interesados y afectados conforme a los datos obrantes en los archivos de la Dirección General de Catastro, así como de las Entidades Locales afectadas.

4. La clasificación se aprobará por Resolución del Consejero que tenga atribuidas las competencias sobre vías pecuarias, en un plazo máximo de un año, y será publicada en el Diario Oficial de Extremadura.

Las clasificaciones legalmente aprobadas no implican la inexistencia de otras vías pecuarias, que se clasificarán, una vez investigadas y conocidas.

5. Las clasificaciones que contengan errores en cuanto a las características físicas de las vías pecuarias correspondientes, serán objeto de una nueva clasificación.

Artículo 212.Deslinde.

1. El deslinde de vías pecuarias, entendiendo por tal lo establecido en el artículo 5 de la presente ley, podrá practicarse sobre la totalidad de la vía pecuaria, o sobre parte de ella.

2. Sin perjuicio del procedimiento que reglamentariamente se desarrolle, serán preceptivos los siguientes supuestos:

a) El procedimiento de deslinde se iniciará de oficio mediante acuerdo en el que se designará al representante de la Administración autonómica encomendado del mismo.

Este acuerdo será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento del término municipal por el que discurra la vía pecuaria, con una antelación de al menos un mes al día previsto para el comienzo de operaciones e incluyendo una relación de posibles interesados, en el que se señalará lugar, día y hora previsto para el acto.

Asimismo, se llevará a cabo la notificación personal a los afectados, conforme a los datos que obren en los archivos de la Dirección General de Catastro.

Los expedientes de deslinde incluirán, en todo caso, las relaciones de colindantes, ocupaciones e intrusiones que afecten al tramo de la vía pecuaria que se deslinda, y los planos que identifiquen topográficamente las mismas mediante el Sistema de Coordenadas oficial.

b) Terminadas las operaciones materiales de deslinde se elaborará una propuesta por el representante de la Administración autonómica, la cual será sometida a información pública mediante anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos afectados. Esta exposición pública se notificará a cuantos resulten interesados, en los mismos términos que el comienzo de operaciones.

c) Los interesados dispondrán del plazo de un mes para presentar cuantas alegaciones tengan por conveniente.

d) El Consejero competente en la materia resolverá el procedimiento de deslinde mediante Resolución, la cual se notificará y se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, en el plazo máximo de dos años, desde la fecha del acuerdo de inicio. Transcurrido este plazo sin dictarse resolución, el expediente se entenderá caducado.

3. Se podrán adoptar las medidas provisionales que se estimen oportunas para salvaguardar la efectividad del acto de deslinde.

4. Cuando el deslinde afecte a una vía pecuaria integrada en la Red Nacional se hará constar esta circunstancia.

5. Se podrá acordar el deslinde abreviado, de conformidad con lo dispuesto en el acto de clasificación.

El expediente de deslinde abreviado ha de contar con la unánime conformidad de todos los afectados, contenida en acta que se levante al efecto, en el que además se incluya relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias, para que produzca plenos efectos.

El plazo máximo para resolver el expediente de deslinde abreviado será de seis meses, desde la fecha de acuerdo de inicio, siendo los demás requisitos y efectos los indicados para el deslinde por el procedimiento ordinario.

Artículo 213. Amojonamiento.

1. El amojonamiento de vías pecuarias, entendiendo por tal lo establecido en el artículo 5 de la presente ley, se iniciará de oficio o a instancia de interesado, una vez firme en vía administrativa la resolución aprobatoria de deslinde, mediante acuerdo en el que se designará al representante de la Administración autonómica.

2. Sin perjuicio del procedimiento que reglamentariamente se desarrolle, serán preceptivos los siguientes trámites:

a) El acuerdo por el que se inicie el amojonamiento se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y se expondrá en el tablón de edictos del término municipal afectado, con una antelación de al menos quince días al comienzo de operaciones, incluyendo una relación de posibles interesados y señalamiento de lugar, día y hora previsto para el acto.

b) Igualmente, se notificará personalmente a los afectados, conforme a los datos obrantes en los archivos de la Dirección General de Catastro.

c) Se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y se anunciará en el tablón de edictos de Ayuntamiento correspondiente la apertura de un trámite de audiencia para que todos aquellos que lo estimen oportuno, en el plazo de quince días presenten cuantas alegaciones en defensa de sus derechos tengan por conveniente.

d) Este trámite de audiencia se notificará personalmente a los interesados conocidos.

e) Las alegaciones a que pueda haber lugar sólo podrán versar sobre la práctica del amojonamiento.

f) La Resolución de aprobación del procedimiento de amojonamiento corresponde a la Consejería competente en la materia, la cual se dictará, notificará y publicará en el Diario Oficial de Extremadura, en el plazo máximo de dos años desde el acuerdo de inicio.

3. Reglamentariamente se desarrollarán también las características de los mojones o hitos que materialicen los límites de las vías pecuarias.

Artículo 214.Señalización.

1. La Administración autonómica señalizará las vías pecuarias de manera que puedan identificarse adecuadamente, en especial en sus intersecciones con cualquier otro tipo de vía, con la debida observancia de la normativa reguladora de la vía con la que se intersecta.

2. En cualquier caso, las señales utilizadas deberán ajustarse a los modelos oficiales existentes en cada momento, quedando prohibida la colocación de toda señal que no se ajuste a los mismos.

3. En cuanto a señales informativas o de indicación sólo podrán colocarse, además de las de tráfico, las siguientes:

a) Las que sirvan para indicar lugares, centros o actividades de interés cultural, recreativo o turístico, que se refieran a actividades útiles para los usuarios de las vías pecuarias y poco frecuentes.

b) Señales de servicios.

Sólo podrá colocarse una señal por servicio en cada sentido de circulación y a una distancia no superior a 3 kilómetros del lugar donde se preste el mismo y a 1 kilómetro del acceso exclusivo o principal de aquél.

Además podrá colocarse una señal de dirección en el punto de la vía de donde parta el acceso exclusivo o principal para este servicio.

En el caso de existencia de varios servicios, la Administración autonómica podrá ordenar la unificación de señales.

En ningún caso, podrán servir para realizar publicidad, aunque sea encubierta, y no se admitirá que figure el nombre del particular o razón social del establecimiento, negocio o actividad.

4. Las vías pecuarias que hayan sido asfaltadas deberán resultar especialmente señalizadas, de forma que se haga constar la condición de dominio público pecuario de la vía, con las limitaciones correspondientes a este tipo de vías, en especial la prioridad del tránsito ganadero.

Artículo 215.Desafectación.

1. La Consejería que tenga atribuidas las competencias respecto del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejería competente en materia de vías pecuarias, podrá desafectar del dominio público los terrenos de las vías pecuarias que no sean adecuados para el tránsito del ganado ni sean susceptibles de los usos compatibles o complementarios establecidos.

2. Los terrenos desafectados adquirirán la condición de bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo su gestión y administración a la Consejería titular de las competencias sobre vías pecuarias.

3. Para que la desafectación se lleve a efecto, es necesario que los terrenos que sean objeto de ésta se hallen deslindados.

4. La desafectación que afecte a terrenos de vías pecuarias integradas en la Red Nacional, requerirá el previo informe del Ministerio competente por razón de la materia.

Artículo 216.Destino de los terrenos desafectados.

El destino prioritario de los terrenos que provengan de las vías pecuarias desafectadas, será una modificación de trazado de la vía pecuaria o la permuta de una superficie de ésta, por otros de origen público o particular.

En este sentido, tendrán carácter preferente las permutas y modificaciones de trazado que permitan restituir tramos de vías pecuarias desaparecidas, restablecer su continuidad o rehabilitar las antiguas anchuras legales que hubiesen sido reducidas por resolución de expedientes administrativos o judiciales firmes.

Artículo 217.Permuta.

1. La Consejería competente en materia de vías pecuarias podrá autorizar la permuta de terrenos de vías pecuarias desafectados, previo informe que acredite la necesidad o conveniencia de su práctica.

2. Las permutas tendrán como fin propio la creación, ampliación o restablecimiento de vías pecuarias, de forma que los terrenos que se obtengan deberán cumplir los requisitos de idoneidad para destinarlos a los fines específicos de este tipo de bienes.

3. En el expediente de permuta incoado deberá hacerse constar de forma fehaciente la titularidad de los terrenos que se vayan a aportar por el interesado a favor de éste, así como su plena disponibilidad e inexistencia de cargas de ningún tipo.

4. En el procedimiento de permuta se deberá asegurar que se mantenga la igualdad de superficie entre los terrenos de vía pecuaria afectados y los aportados por el solicitante.

5. Asimismo, se llevará a cabo una valoración de los terrenos objeto de permuta, de forma que, con carácter general, el valor de los terrenos afectados se corresponda con el

valor de los terrenos aportados para el trazado alternativo. No obstante, y en caso de existir diferencia entre el valor de lo afectado y el valor de lo aportado, ésta nunca podrá ser superior al cincuenta por ciento del valor del primero, y se deberá compensar económicamente a la Comunidad Autónoma de Extremadura por el diferencial del valor.

6. El expediente de permuta deberá contemplar una exposición pública de al menos un mes.

7. La Resolución por la que se resuelva el procedimiento de permuta llevará implícita la afectación de los terrenos que se incorporen al dominio público pecuario.

8. En el otorgamiento de la escritura de formalización ostentará la representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura el titular de la Consejería competente, o el funcionario en quien delegue.

9. Cuantos gastos se deriven del procedimiento de permuta correrán por cuenta del interesado, a excepción de los impuestos que, en su caso, haya lugar.

10. El plazo máximo para resolver el procedimiento de permuta será de dos años.

Artículo 218.Mutaciones demaniales.

1. Con carácter general, el restablecimiento de los tramos de las vías pecuarias ocupadas en los que se hubiera consolidado una afectación secundaria de dominio público, diferente a los usos definidos en la presente ley, podrá llevarse a cabo mediante un trazado alternativo, para lo cual la Consejería competente recabará de la Administración, organismo o ente público ocupante los terrenos necesarios para hacer posible esa ruta alternativa, a través de convenio, permuta u otro instrumento legal.

2. En el supuesto de que la ocupación consolidada se hubiese llevado a cabo por la Administración autonómica, el restablecimiento se tramitará conforme a las normas de mutación demanial interna establecida en la legislación patrimonial.

3. En caso de abandono o pérdida de la funcionalidad de las obras, construcciones o instalaciones públicas, los terrenos que con anterioridad hubieran sido vías pecuarias revertirán a su situación inicial mediante la correspondiente mutación demanial y, en su caso, cambio de titularidad de los mismos.

Artículo 219.Modificaciones de trazado.

1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular, se podrá modificar el trazado de las vías pecuarias previa desafectación de los terrenos de dominio público pecuario objeto de la modificación.

2. El nuevo trazado deberá asegurar el mantenimiento de la integridad superficial de la vía pecuaria y la idoneidad del nuevo itinerario para el tránsito ganadero y los demás usos compatibles y complementarios, sin discontinuidades ni obstáculos.

3. El expediente de modificación de trazado incoado por interés particular se realizará mediante el procedimiento administrativo en el que deberán observarse en todo caso los siguientes trámites:

a) El peticionario deberá acreditar fehacientemente la titularidad y la plena disponibilidad de los terrenos que ofrece para el nuevo itinerario, que no soportará servidumbre ni carga de ninguna clase.

b) El expediente de modificación de trazado se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y se le dará publicidad a través de anuncio en los Ayuntamientos de los términos municipales afectados, por espacio mínimo de un mes, para que cuantos lo estimen conveniente presenten alegaciones.

4. En los terrenos de la vía pecuaria que hubiesen sido desafectados, en tanto en cuanto se ultima el expediente de modificación, no se podrán realizar obras que impidan o dificulten el tránsito ganadero y los usos compatibles y complementarios, salvo que los peticionarios aporten, con carácter provisional, otros terrenos idóneos a tal fin.

5. En la valoración de los terrenos afectados y de los terrenos aportados para la modificación de trazado, que se llevará a cabo a los efectos de comprobación de que

la diferencia no supere el cincuenta por ciento de los afectados, se determinará, en su caso, la compensación económica a favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. El peticionario, entidad pública o sujeto particular, se hará cargo de cuantos gastos ocasione el expediente administrativo, salvo los de naturaleza tributaria.

7. Los nuevos tramos serán entregados previamente amojonados, en la forma que la Administración autonómica disponga de conformidad con la normativa establecida.

8. La resolución de los expedientes corresponde a la Consejería competente en la materia, quedando condicionada a la formalización pública de la permuta de los terrenos afectados, conforme a lo dispuesto en el artículo 217.8 de la presente ley.

9. La resolución por la que se apruebe la modificación de trazado conllevará la actualización de la correspondiente clasificación de Vías Pecuarias y, en su caso, de las resoluciones de aprobación de los correspondientes expedientes de deslinde y amojonamiento.

10. El plazo máximo para resolver el procedimiento de modificación de trazado será de dos años, contados desde su inicio, de forma que, transcurrido dicho plazo sin resolución el expediente se entenderá caducado.

Artículo 220.Modificación de trazado como consecuencia de ordenación territorial.

1. Las Ordenaciones Territoriales y Urbanísticas, deberán respetar la naturaleza jurídica, la integridad y la continuidad de las vías pecuarias que discurran por el territorio objeto de ordenación, y garantizar el tránsito ganadero y los usos compatibles y complementarios con éste, calificando dichos terrenos como suelo no urbanizable de especial protección.

Estos Proyectos y Planes incluirán necesariamente, una relación de las vías pecuarias afectadas según certificaciones expedidas por la Consejería competente en la materia, previa solicitud del Organismo, entidad o persona física o jurídica promotora.

2. En ningún caso los terrenos de dominio público entrarán a formar parte de la agrupación de interés urbanístico.

3. Cuando los Proyectos o Planes de Ordenación del Territorio y Urbanísticos requieran la incorporación total o parcial de superficies o tramos de vías pecuarias a fines y usos no compatibles por los propios de estas, se procederá a la modificación de su trazado en la forma prevista en el artículo 219 de la presente ley.

4. Iniciado mediante Acuerdo de la Dirección General correspondiente, el trámite de información pública previsto en el artículo 219.3.b) para la modificación del trazado se entenderá cumplido en la información pública del procedimiento de aprobación del correspondiente instrumento de ordenación territorial.

5. En los casos en que no sea posible la modificación de trazado y con causa en la ordenación territorial o urbanística la vía pecuaria soporte disminución de superficie, ésta se podrá compensar mediante permuta de terrenos, conforme a lo previsto en el artículo 217 de la presente Ley.

6. La ejecución del Plan requerirá la aprobación previa de la modificación de trazado de las vías pecuarias afectadas, mediante Resolución de la Consejería competente en materia de vías pecuarias.

Artículo 221.Cruce de vías pecuarias con redes de comunicación.

1. Con carácter general, en los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas, carreteras y otras infraestructuras de comunicación que traigan causa en una obra pública, la Administración ejecutante de las obras deberá habilitar pasos a distinto nivel y con la anchura necesaria para garantizar que el tránsito se lleve a cabo sin interrupción y en condiciones de rapidez, comodidad y seguridad, tanto para los usuarios de las vías pecuarias como de las redes de comunicación.

2. Excepcionalmente, y previo el preceptivo informe favorable de la Consejería competente en materia de vías pecuarias fundado en la escasa relevancia y potencialidad de la vía pecuaria afectada, los pasos se podrán habilitar al mismo nivel.

3. En cualquier caso, los pasos habilitados deberán asegurar la continuidad de la vía pecuaria y demás requisitos previstos para la modificación de trazado de la vía pecuaria en el artículo 219.2 de esta ley.

4. La Administración promotora deberá aportar la superficie necesaria para habilitar los pasos, de forma que, cuando se requieran terrenos que discurran paralelos a los viales que colindan con ellas, se respeten las zonas de servidumbre y seguridad de aquellos, y estén convenientemente balizadas para garantizar la seguridad del tránsito ganadero, y demás usos compatibles y complementarios, así como el tráfico sobre los citados viales.

Subsección 3.ª Régimen de usos, ocupaciones y aprovechamientos en las vías pecuarias

Artículo 222.Uso común prioritario.

1. El tránsito del ganado por las vías pecuarias tiene carácter prioritario sobre cualquier otro. A tal efecto debe quedar garantizada no sólo su continuidad sino también su seguridad.

2. Los ganados podrán aprovechar libremente los recursos pastables y abrevar en los manantiales, fuentes o abrevaderos, pertenecientes a las vías pecuarias, cuando lo hagan en sus desplazamientos por éstas.

3. Mediante autorización expresamente concedida al efecto se podrá llevar a cabo el aprovechamiento de pastos por ganados estantes. Esta autorización se deberá fundamentar en la necesidad de reducir la cantidad de pastos y los consiguientes riesgos que de ello se derivan.

Artículo 223.Usos comunes compatibles.

Junto con el uso prioritario, son usos comunes compatibles con la actividad pecuaria, los tradicionales que, siendo de carácter agrario y no teniendo la naturaleza jurídica de ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y sin deterioro de la vía pecuaria.

Se consideran como tales:

a) El tráfico de vehículos y maquinaria agrícola, ganadera o forestal para su acceso a las explotaciones correspondientes.

b) Las plantaciones lineales, cortavientos, ornamentales y forestales, con especies arbóreas o arbustivas, que no dificulten el normal tránsito ganadero, previa la autorización correspondiente.

Artículo 224.Usos comunes complementarios.

1. Son usos comunes complementarios de las vías pecuarias que se pueden desarrollar en armonía con el uso prioritario sin necesidad de autorización previa, las siguientes actividades:

a) La circulación de personas a pie, pudiendo ir acompañadas de animales que permanezcan permanentemente bajo su control y no perturben el tránsito ganadero.

b) Recreativas, turísticas y de esparcimiento.

c) Desplazamientos en actividades deportivas sobre vehículos no motorizados y no competitivas.

d) Senderismo y cabalgada.

e) Educativas y formativas en materia de medio ambiente y del acervo cultural.

2. En relación con la circulación de vehículos a motor de carácter no agrícola quedará supeditada a la autorización previa, la cual tendrá en todo caso carácter

excepcional, salvo que traiga causa en el acceso a explotaciones agrarias en condición de propietario o prestación de servicios debidamente acreditados.

Cuando la circulación de vehículos a motor esté vinculada a una actividad de servicios, la autorización se sustituirá por la declaración responsable prevista en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. En cualquier caso, los usos complementarios podrán ser objeto de restricciones temporales cuando puedan suponer incompatibilidad con la protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio o especies protegidas y prácticas deportivas tradicionales.

Artículo 225.Prohibiciones.

Queda prohibido en todo caso realizar en las vías pecuarias las siguientes actividades:

a) La extracción de rocas, áridos y gravas, sin autorización.

b) La caza, en los términos previstos en la normativa autonómica vigente en la materia.

c) El pastoreo o aprovechamiento de herbáceos por ganados estantes sin el debido título administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 222.3 de esta ley.

Artículo 226.Ocupaciones temporales.

1. Por razones de interés público y excepcionalmente por razones de interés particular, debidamente fundamentadas, la Consejería competente en materia de vías pecuarias podrá autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre y cuando no alteren el tránsito ganadero ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél.

2. El plazo máximo para resolver los expedientes de autorización será de seis meses, transcurrido el cual sin dictarse resolución podrá entenderse desestimada.

3. En contraprestación al uso y beneficio obtenido por el autorizado de la ocupación del dominio público pecuario, vendrá obligado al pago del precio público o la tasa establecida que, en caso de ser anual debe actualizarse de acuerdo con los que en cada momento se hallen vigentes.

4. Las autorizaciones concedidas se sujetarán, además de lo previsto en la presente ley y demás normativa que le resulte aplicable, a las condiciones que se incluyan en el pliego anexo a la resolución del expediente de autorización.

5. Su otorgamiento se hará sin perjuicio de otras licencias, permisos y autorizaciones que, en su caso, puedan ser exigidas al beneficiario, por la Administración autonómica u otras Administraciones.

6. Se prohíbe en todo caso, incluso con carácter temporal, la ocupación de terrenos de vías pecuarias para el establecimiento de basureros, escombreras y plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

7. Las instalaciones de vallas, cercados, cobertizos, etc., solo podrán ser autorizadas cuando éstas sean desmontables, en atención a facilitar en cualquier momento la restitución de la vía pecuaria a su estado primitivo.

8. Una vez finalizada la ocupación, cualquiera que sea su causa, el beneficiario de ésta deberá realizar la señalización que se establezca y restituir la vía pecuaria a su estado primitivo, sin que en ningún caso otorgue derecho de indemnización alguna a favor del autorizado.

9. La Consejería competente en materia de vías pecuarias podrá exigir al peticionario, como garantía de la reversión de los terrenos ocupados a su estado original, la prestación de la fianza y los avales bancarios que se consideren necesarios, sin perjuicio del abono de la tasa que, en su caso, se establezca.

Artículo 227.Autorizaciones para el acondicionamiento, mantenimiento y mejora.

1. Se podrá autorizar, a Entidades, Organismos, Asociaciones, de carácter público, así como a personas físicas y jurídicas privadas, la ejecución de obras y trabajos de acondicionamiento, mantenimiento y mejora de tramos de vías pecuarias, que les faciliten el tránsito agrario así como los usos y ocupaciones que tengan autorizadas, siempre que no dificulten el tránsito ganadero, ni los demás usos compatibles y complementarios con éste.

Se podrán suscribir convenios para compartir la responsabilidad de conservación con estas Entidades, Organismos, Asociaciones o personas físicas o jurídicas privadas.

2. Estas autorizaciones tendrán carácter discrecional y temporal, con una duración máxima de dos años, sin que de ellas se derive derecho alguno ni sobre las vías pecuarias ni sobre los trabajos realizados, a favor de quienes las solicitaron o practicaron.

3. El incumplimiento de la ejecución de las obras o trabajos autorizados obligará a sus responsables a la reparación de los daños que pudieran ocasionarse, a cuyo efecto podrán exigirse, con carácter previo, las fianzas y avales que se consideren pertinentes.

4. En los casos en que la mejora se practique sobre un camino que discurra dentro de la propia vía pecuaria, y conlleve el acondicionamiento mediante asfaltado u hormigonado, aquél deberá ajustar su trazado a uno de los límites de la vía, salvo que de forma excepcional y debidamente fundamentada, no pueda llevarse a cabo de este modo.

TÍTULO VII

Montes y aprovechamientos forestales

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 228.Ámbito competencial.

Este Título establece y desarrolla el régimen jurídico de los montes y aprovechamientos forestales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura en ejercicio de las competencias de desarrollo de la legislación básica y autoorganización asumidas en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Artículo 229.Ámbito de aplicación.

1. Este Título será de aplicación a todos los terrenos ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura que tengan la condición de monte de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente, independientemente de su titularidad o del régimen jurídico al que estén sometidos, en concordancia con el resto de normas de ámbito estatal y autonómico aplicables.

2. Los aprovechamientos forestales en los montes así como en los terrenos agroforestales y la biomasa de origen forestal se regirán por lo dispuesto en este Título y por el resto de la normativa forestal, en todo aquello en que no les sea de aplicación su normativa especifica.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el régimen jurídico de la dehesa de Extremadura, como ecosistema característico de naturaleza agrosilvopastoral, se regulará por ley, la cual velará por el equilibrio entre sus aprovechamientos agropecuarios y forestales, teniendo en cuenta los servicios ambientales, recursos y externalidades de los que provee a la sociedad.

Artículo 230.Monte o terreno forestal.

1. Tienen la consideración de monte, independientemente de su superficie, los terrenos ocupados por especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sean espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.

También tienen la condición de monte o terreno forestal:

a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.

b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en que se ubican, incluidos los equipamientos e infraestructuras de uso social, recreativo o deportivo que se ubiquen en el mismo.

c) Los terrenos agrícolas abandonados que cuenten con las características de un terreno forestal porque vegeten en ellos ejemplares forestales de árboles o arbustos cuya base mida más de quince centímetros de diámetro y siempre que de su dedicación al cultivo agrícola no exista constancia en el Registro de Explotaciones Agrarias de Extremadura en los últimos diez años.

d) Los enclaves forestales de carácter permanente con una superficie superior a una hectárea incluidos en terrenos agrícolas.

e) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa aplicable.

2. No tendrán la consideración de monte o terreno forestal:

a) Los dedicados al cultivo agrícola.

b) Los terrenos procedentes de cultivos agrícolas abandonados en bancales, independientemente de la vegetación existente o del tiempo transcurrido tras el abandono, desde el momento en el que el órgano competente en agricultura certifique el buen estado de conservación de los bancales y la aptitud del terreno para el cultivo agrícola.

c) Los linderos entre terrenos no forestales, aunque estén poblados por franjas de vegetación forestal, cuando esta franja tenga una anchura media inferior a dos metros.

d) Los terrenos de regadío que se destinen a cultivos forestales de turno inferior a 20 años, siempre que tales cultivos tengan por objeto alguna de las especies que al efecto se determinen reglamentariamente. Su planificación y aprovechamiento forestal se regirá por lo dispuesto en este Título.

e) Los terrenos inicialmente adscritos a la finalidad de ser repoblados o transformados al uso forestal para los que el órgano competente deje sin efecto esa adscripción, previo informe favorable de la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales.

f) Las superficies plantadas con especies ornamentales y los viveros forestales situados fuera de los montes o terrenos forestales.

g) Los terrenos clasificados como urbanos o urbanizables por la ordenación territorial y urbanística, siempre que, en este último caso y de requerirse, cuenten con programa de ejecución aprobado o instrumento que haga sus veces.

CAPÍTULO II

Competencias de las Administraciones Públicas

Artículo 231.Competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura y atribuciones de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. La Comunidad Autónoma de Extremadura ejerce cuantas funciones y potestades en materia de montes y aprovechamientos forestales le corresponden en virtud de la

competencia para el desarrollo de su legislación básica y ejecución por ella asumida en el artículo 10.1.2 de su Estatuto de Autonomía.

2. En el marco de lo establecido en materia de montes y aprovechamientos forestales en la legislación básica estatal y en la normativa que, en desarrollo de la misma apruebe la Asamblea, corresponde a la Junta de Extremadura la aprobación de la estrategia forestal extremeña, del Plan Forestal de Extremadura y de las regulaciones generales en la materia, así como, la resolución de los conflictos de intereses que pudieran darse en relación con las pretensiones de constitución de nuevas demanialidades y de ocupaciones declaradas de utilidad pública en montes catalogados o de reclasificación urbanística de terrenos pertenecientes a los mismos.

3. En ejecución y aplicación de la normativa en materia de montes y aprovechamientos forestales a que se refiere el apartado anterior y de conformidad y a los fines de lo establecido en el Plan Forestal de Extremadura, a la Consejería con competencia en dichas materias le corresponde, entre otras atribuciones:

a) La aprobación de los planes de ordenación de los recursos forestales.

b) La administración de los montes propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura que se le hallen adscritos así como de los catalogados de utilidad pública.

c) La adopción de las resoluciones por las que se acuerde la inclusión o exclusión de montes de titularidad autonómica o local en el Catálogo de Utilidad Pública, su declaración como protectores o su desclasificación.

d) Las autorizaciones de permuta de montes catalogados, la resolución de los procedimientos de doble demanialidad que afecten a estos o a otros montes demaniales cuya administración le corresponda en tanto no se plantee conflicto de intereses, y en esos mismos términos la resolución de los procedimientos por los que se declare o deniegue la prevalencia de otros intereses generales sobre los que justifiquen la catalogación de los terrenos afectados a efectos de aprobación de los correspondientes instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

e) La declaración de usos públicos y sujetos a autorización en los montes cuya administración le corresponda.

f) La regulación de los aprovechamientos forestales y de las normas sobre el pastoreo en los montes así como del resto de actividades forestales en los montes del dominio público forestal de titularidad autonómica y en los catalogados.

g) La formalización de convenios y acuerdos en materia forestal o la propuesta de los mismos de conformidad con lo dispuesto al respecto en la Ley 1/2002, de 28 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la demás normativa de aplicación.

h) La adopción de resoluciones sobre extinción o novación de convenios y consorcios en materia forestal, así como de contratos para la repoblación forestal.

i) El ejercicio del derecho de tanteo y retracto en los supuestos establecidos por la normativa forestal.

j) La colaboración en la elaboración, mantenimiento y actualización de la estadística forestal autonómica, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2003, de 20 de marzo, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

k) La presidencia del Consejo Asesor Forestal de Extremadura.

4. En ejecución y aplicación de la normativa en materia de montes y aprovechamientos forestales a que se refiere el apartado segundo y de conformidad y a los fines de lo establecido en el Plan Forestal de Extremadura, a la Dirección General competente en dichas materias le corresponde, entre otras atribuciones:

a) La llevanza del Catálogo de Utilidad Pública y la gestión de los montes incluidos en el mismo.

b) La gestión de los montes de titularidad del Estado y otros montes demaniales o patrimoniales adscritos a la Consejería con competencias en materia forestal cuando esta haya sido encomendada a la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) La emisión de propuestas o informes en relación con catalogaciones, exclusiones del catálogo, declaraciones como montes protectores, desclasificaciones de esta condición y demás actuaciones sobre unos y otros montes atribuidas a la competencia del titular de la Consejería.

d) Las autorizaciones y concesiones en el demanio forestal autonómico y en los montes del catálogo de utilidad pública.

e) La emisión de informe favorable para la aprobación de la regulación de actividades forestales en los montes catalogados de titularidad no autonómica.

f) La autorización de la ejecución o enajenación de aprovechamientos en montes catalogados y el establecimiento de las condiciones que se entiendan necesarias en orden a asegurar que su realización no perjudica su objeto ni la debida gestión del monte.

g) La administración del fondo de mejoras de montes catalogados de las entidades locales.

h) La emisión de informe favorable como condición de validez de toda inmatriculación o inscripción de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad de los montes o fincas que sean colindantes con un monte catalogado o que se halle ubicado en el mismo término municipal.

i) La emisión de informe vinculante en relación a la calificación urbanística de terrenos forestales cuando afecten a montes catalogados o declarados protectores.

j) La emisión de informe favorable en relación con la desafectación de terrenos pertenecientes al dominio público forestal no catalogado.

k) La emisión de cuantos informes sean requeridos genéricamente a la administración forestal autonómica.

l) La autorización o desestimación de solicitudes, la adopción de las resoluciones de invalidez de comunicaciones previas o declaraciones responsables y la denegación de notificaciones a que reglamentariamente se sujete la realización de aprovechamientos y otras actividades forestales en montes no gestionados por la administración forestal autonómica.

m) La gestión de consorcios y convenios y otros contratos suscritos o que puedan subscribirse en materia forestal cuando así se determine o corresponda en defecto de tal determinación.

n) Las autorizaciones de modificaciones de la cubierta vegetal y la emisión de informe favorable en relación con las autorizaciones de cambio de uso forestal.

ñ) El ejercicio de cuantas otras atribuciones hayan de corresponderle, de conformidad con la normativa orgánica y sectorial de aplicación, en su condición de órgano forestal autonómico.

Artículo 232.Competencias de la Administración local en materia de montes.

Las entidades locales ejercen cuantas funciones y potestades en materia de montes y aprovechamientos forestales tienen atribuidas por la legislación básica del Estado y por la normativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y, en concreto las que seguidamente se refieren:

a) La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

b) La disposición del rendimiento económico de los aprovechamientos forestales de todos los montes de su titularidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley en relación con el fondo de mejoras de montes catalogados.

c) La emisión de los informes preceptivos que se requieran en relación con los montes de su titularidad de acuerdo con lo previsto por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la presente ley o su desarrollo, así como aquellos otros informes facultativos que se le requieran en relación con los mismos.

d) Los informes favorables previos al otorgamiento de concesiones demaniales en los montes catalogados de su titularidad, cuando mediante ellas se pretendan habilitar ocupaciones en los montes no declaradas de utilidad pública, así como la determinación

de la cuantía a la que haya de sujetarse el canon concesional exigible por tales ocupaciones.

e) La determinación de la condición de beneficiario de autorizaciones y concesiones demaniales en montes catalogados de su titularidad sujetos a procedimiento concurrencial por la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales.

f) La recuperación posesoria y la potestad del deslinde de los montes de su titularidad en la forma dispuesta en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en este Título.

CAPÍTULO III

Clasificación de los montes

Artículo 233.Clasificación de los montes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Por razón de su titularidad, los montes pueden ser públicos o privados.

2. Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público. A su vez estos montes pueden ser demaniales o patrimoniales.

3. Son montes demaniales:

a) Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

b) Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.

c) Aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio público.

4. Son montes patrimoniales los de propiedad pública que no sean demaniales.

5. Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho privado, ya sea individualmente o en régimen de sociedad o copropiedad.

6. La regulación establecida para los montes privados en este Título se aplicará a los montes que por ser de naturaleza germánica se regirán por la legislación especial que se aplica a los montes vecinales en mano común, montes que por su naturaleza están sujetos a indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

7. Por razón de sus especiales características, los montes podrán clasificarse en protectores y montes con otras figuras de especial protección. Su declaración se regirá por lo dispuesto en este Título y con las condiciones previstas en la Ley básica.

CAPÍTULO IV

Régimen jurídico de los montes públicos

Artículo 234.Régimen jurídico de los montes de dominio público.

1. Los montes de dominio público que por su naturaleza demanial estén afectados al servicio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad.

2. Cuando el órgano forestal de la Comunidad Autónoma tenga conocimiento de la existencia de un menoscabo, perjuicio o injerencia de cualquier tipo en el dominio público forestal, comunicará tal circunstancia a la Administración titular del monte, con el fin de que en el menor plazo posible adopte las medidas necesarias para restituir en su integridad el dominio público forestal.

3. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales investigará la situación de terrenos que se presuman pertenecientes al dominio público forestal incluidos en montes catalogados, para lo cual recabará todos los datos e informes que considere necesarios.

En este supuesto, la Administración titular informará a la forestal de las actuaciones realizadas.

Artículo 235.Montes catalogados de utilidad pública.

1. Cuando se dé alguno de los supuestos del artículo 13 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, los montes públicos podrán ser incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, previo sometimiento a procedimiento de información pública y audiencia de su entidad titular y del resto de titulares de derechos afectados.

2. Previa instrucción del oportuno expediente, todos los montes propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura adscritos a la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales que cumplan con lo previsto en el artículo 13 de la Ley básica de montes, serán declarados de utilidad pública e incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

3. La Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales a propuesta del Órgano forestal de la Comunidad Autónoma, es competente para incluir montes en el Catálogo o para excluirlos, así como para autorizar exclusiones parciales o permutas de una parte del mismo.

4. La catalogación y descatalogación de montes públicos se realizará mediante Orden de la Consejería competente en la materia.

5. El procedimiento para la catalogación y descatalogación de estos montes se desarrollará reglamentariamente, y necesariamente deberá incluir el trámite de información pública.

Artículo 236.Permutas y exclusión parcial en montes demaniales.

1. Las entidades locales podrán permutar terrenos pertenecientes a su demanio forestal catalogado, con arreglo a lo determinado en la normativa de aplicación para la permuta de bienes inmuebles locales previa autorización de la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales a propuesta del órgano forestal competente, en razón a que dicha operación no conlleve la desafectación de ninguna parte significativa del demanio forestal y suponga una mejor definición de su superficie o una mejora para su gestión y conservación.

El acuerdo de permuta así aprobado conllevará, según sea el caso, la implícita demanialización y desafectación de los terrenos que constituyan su objeto.

2. La Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales podrá autorizar la permuta de terrenos catalogados de titularidad de la Comunidad Autónoma con arreglo a lo determinado en la normativa patrimonial de aplicación, a propuesta de la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales y en las mismas condiciones del apartado anterior.

3. La administración forestal de la Comunidad Autónoma de Extremadura cuando conociera la existencia de algún bien inmueble carente de dueño, enclavado o colindante con un monte catalogado de su titularidad podrá solicitar la permuta del mismo con el Estado de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior.

4. Siempre que suponga una mejor definición de la superficie del monte o una mejora para su gestión y conservación la Consejería con competencia en materia de montes y aprovechamientos forestales, podrá autorizar la exclusión parcial de una parte no significativa de un monte catalogado a propuesta de su órgano forestal.

5. Asimismo, podrá autorizar la exclusión o permuta de parte de un monte catalogado en razón a circunstancias excepcionales de carácter urbanístico. Previo informe de su órgano forestal, y mediante la tramitación del correspondiente expediente, como se determine reglamentariamente, que incluirá necesariamente la audiencia al titular del monte se emitirá la correspondiente resolución en la que se acepte la prevalencia de otros fines e intereses generales sobre los que fundamentan su catalogación si tal prevalencia es apreciada por los órganos urbanísticos competentes para aprobar la correspondiente reclasificación de los terrenos.

Artículo 237.Desafectación de montes de dominio público forestal.

1. La desafección de los montes demaniales se tramitará por la administración titular de los mismos previo expediente que se ajustará al procedimiento que se determine reglamentariamente. En el caso de montes catalogados se requerirá la previa exclusión del monte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

2. Para desafectar los montes demaniales no catalogados, se requerirá en todo caso el informe favorable del órgano forestal de la Comunidad Autónoma, que deberá emitirse en el plazo de 2 meses desde la solicitud del informe de desafección por parte del órgano sustantivo para dictarla.

3. Transcurrido este plazo sin que se haya emitido informe, este se considerará desfavorable.

Artículo 238.Expedientes de doble demanialidad en los montes en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

1. Cuando sobre un monte catalogado se tramite un expediente del cual pueda derivarse otra declaración de demanialidad distinta de la forestal, deberán buscarse los cauces de cooperación al objeto de determinar cuál de tales declaraciones debe prevalecer. Una vez determinada la prevalencia, el órgano o entidad competente para su aprobación remitirá un extracto del mismo a la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales con información suficiente acerca de las causas y circunstancias que motivan la constitución de dicha demanialidad.

2. Recibido el referido extracto del expediente y sin perjuicio de que se requiera información adicional al respecto, la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales remitirá el condicionado a que se hubiere de sujetar la constitución de la correspondiente demanialidad al órgano o entidad competente para su aprobación o bien le expresará su negativa a que la misma afecte a los terrenos catalogados.

3. Si existiera conformidad para la constitución de la nueva demanialidad en terrenos pertenecientes al monte catalogado la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales dictará resolución, previo expediente que se tramitará de acuerdo al procedimiento que se determine reglamentariamente y que incluirá la audiencia a los interesados, por la que se autorice la misma y se establezcan las condiciones que permitan armonizar el doble carácter demanial del mismo o se acuerde la descatalogación de los correspondientes terrenos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

4. En caso de que no se dicte resolución favorable por parte de la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales y el órgano o entidad competente persistiera en su pretensión de constituir la demanialidad en terrenos pertenecientes al monte catalogado decidirá el Consejo de Gobierno.

Cuando se trate de montes afectados por obras o actuaciones de interés general del Estado, resolverá el Consejo de Ministros, oída la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales.

Artículo 239.Deslinde de montes de titularidad pública.

1. La potestad de deslinde administrativo será ejercida por su titular en el caso de montes públicos no catalogados, o junto con el órgano forestal de la Comunidad Autónoma si se trata de montes catalogados propiedad de entidades locales o de la Comunidad Autónoma.

2. El deslinde podrá realizarse sobre la totalidad de un monte o sobre una parte diferenciada del mismo.

3. El procedimiento para el deslinde de los montes públicos se desarrollará reglamentariamente por sus administraciones titulares. En el caso de los montes catalogados este desarrollo corresponderá a la Consejería con competencias en materia

de montes y aprovechamientos forestales, se ajustará a lo previsto en los artículos siguientes y en todo caso cuando afecte a montes de titularidad estatal, será preceptivo el informe de la Abogacía del Estado.

En los montes públicos no catalogados, el deslinde podrá ser realizado por el órgano competente en materia forestal de la Comunidad Autónoma, a petición de las entidades propietarias y a su cuenta con arreglo a los mismos requisitos y formalidades vigentes para los montes catalogados.

4. El deslinde aprobado y firme supone la delimitación del monte y declara con carácter definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de propiedad.

Además, es título suficiente para la inmatriculación del monte en el Registro de la Propiedad y para la cancelación de las anotaciones practicadas con motivo del deslinde en fincas no atribuidas al monte, aunque no para rectificar los derechos anteriormente inscritos a favor de los terceros a que se refiere el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Artículo 240.Procedimiento ordinario y procedimiento abreviado de deslinde en montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

1. El procedimiento ordinario de deslinde se iniciará mediante acuerdo por la Administración gestora del monte de oficio o a instancia del titular del monte público, en el que designará como instructor del mismo a un ingeniero-operador, al que se le encomendará la redacción de una memoria valorada.

2. El acuerdo de iniciación del expediente habilitará al órgano forestal de la Comunidad Autónoma para señalar zonas de defensa con intervención en los aprovechamientos de los terrenos colindantes.

3. Si el procedimiento se iniciara a instancia de interesado, su coste económico correrá de cuenta del mismo, a través del abono de las tasas correspondientes. Excepcionalmente, cuando se trate de un deslinde de interés especial de los regulados en este Título, la participación económica del interesado quedará limitada en función de lo prevenido en la configuración de la tasa.

4. Podrá realizarse de oficio un deslinde por procedimiento abreviado, cuando, siendo plenamente indiscutida la situación posesoria del monte, existan incorrecciones o carencias formales de otra índole. No obstante, si iniciado un procedimiento abreviado, se suscitaran cuestiones de posesión, se acordará su tramitación conforme a lo previsto para el procedimiento ordinario.

5. La iniciación del expediente de deslinde podrá implicar, en los terrenos afectados por él, la no autorización o suspensión de concesiones, ocupaciones, cesiones, autorizaciones de uso y aprovechamientos.

6. Solamente tendrán valor y eficacia en el acto del apeo los títulos de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, las sentencias firmes en juicio declarativo de propiedad y aquellos otros que la Administración titular y el órgano forestal de la comunidad autónoma consideren con valor posesorio suficiente.

7. A propuesta de la Administración gestora del monte por orden de la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, que habrá de dictarse en un plazo máximo de dos años desde el inicio del expediente, prorrogable por igual plazo cuando se encuentre justificado, se resolverá el deslinde que pondrá fin a la vía administrativa, con indicación de los recursos que procedan ante el órgano al que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo previsto en el apartado anterior desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia de parte interesada, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

La orden mencionada se publicará en el «Diario Oficial de Extremadura» y, mediante edictos, en los ayuntamientos de los términos municipales donde se encuentre el monte deslindado.

8. Una vez que el acuerdo de aprobación del deslinde devenga firme, se procederá al amojonamiento definitivo, en un plazo máximo de cinco años, con participación, en su caso, de los interesados. Para ello, reglamentariamente, se determinarán los procedimientos administrativos y técnicos necesarios que permitan determinar físicamente los límites del monte y sustituir los mojones provisionales por los definitivos.

Artículo 241.Deslindes de interés especial.

1. Serán considerados como deslindes de interés especial aquellos a los que se reconozca esta naturaleza por una resolución de la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales en virtud de la existencia de alguna de estas circunstancias:

a) Que el deslinde sea consecuencia de la aplicación de un plan de ordenación de recursos forestales o de otro instrumento de planificación forestal semejante.

b) Que por la existencia de enclaves o de confusión con montes colindantes se vea amenazada la propia persistencia o una adecuada gestión de un monte público gestionado por la Administración autonómica con competencias en materia forestal.

c) Que exista una sentencia judicial firme que imponga la obligación de deslindar.

d) Que esté en trámite un procedimiento judicial del que dependa la titularidad de parcelas incluidas en el monte o que puedan pertenecer al mismo.

2. La tramitación de los deslindes declarados de interés especial gozará de prioridad sobre la del resto de deslindes.

CAPÍTULO V

Régimen jurídico de los montes privados

Artículo 242.Asientos registrales de montes privados.

La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales será la encargada de emitir el informe al que se refiere el apartado 1.º del artículo 22 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, sobre inmatriculación o inscripción de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad de un monte o de una finca colindante con monte catalogado o ubicado en un término municipal en el que existan montes catalogados.

Artículo 243.Gestión de montes privados.

Los titulares de montes privados suministrarán a la Administración autonómica con competencias en materia forestal, de acuerdo con el contenido de los instrumentos de gestión forestal aprobados, la información básica sobre los mismos y permitirán el acceso de los agentes del medio natural y otro personal dependiente de la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales en el ejercicio de sus funciones, para las autorizaciones, control de los trabajos, denuncias, estudios, estadísticas y restantes inspecciones relacionadas con este Título y su desarrollo normativo.

Artículo 244.Declaración de Montes Protectores.

1. Se podrán declarar como montes protectores los montes o terrenos forestales de titularidad privada cuyos titulares lo soliciten, siempre que se hallen comprendidos en alguno de lo supuestos recogidos en el artículo 24 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

2. La declaración y pérdida de la condición de monte protector serán acordadas por la Consejería con competencia en materia forestal a propuesta del órgano forestal

competente, conforme se determine reglamentariamente, previo expediente en el que se dará audiencia a todos los propietarios y titulares de derechos reales del monte o a sus representantes, así como a los ayuntamientos de las entidades locales donde se ubiquen.

Artículo 245.Registro de Montes Protectores.

Se crea el Registro de Montes Protectores de Extremadura, dependiente de la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, en el que se incluirán todos los montes que hayan merecido tal clasificación, así como las modificaciones y desclasificaciones de los mismos. El contenido del registro y los procedimientos de inclusión, desclasificación y modificación se regularán reglamentariamente.

Artículo 246.Derecho de adquisición preferente.

La Comunidad Autónoma de Extremadura podrá ejercer el derecho de adquisición preferente, a reserva de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 43/2003, de Montes, en los siguientes casos de transmisiones onerosas de montes:

a) De superficie superior a 250 hectáreas.

b) Declarados como protectores conforme al artículo 24 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes

Artículo 247.Límite a la segregación de montes.

1. Serán indivisibles las fincas forestales en las que se constate alguna de las siguientes circunstancias imputables al propietario:

a) Fincas cuya superficie sea inferior a 10 hectáreas.

b) Fincas que, de permitirse la división o segregación, originarían en cualquiera de los lotes resultantes una superficie inferior a 10 hectáreas.

2. No obstante, la limitación descrita en la letra b) del apartado precedente no será aplicable cuando la parte segregada, inferior a 10 hectáreas, quede incorporada o adicionada a un monte colindante que tras la operación posea una superficie mínima de 10 hectáreas.

3. Los planes de ordenación de los recursos forestales podrán fijar para su ámbito superficies inferiores o superiores a las señaladas en el apartado 1.

Artículo 248.Agrupación de montes para su gestión forestal integrada y Asociaciones forestales.

1. La Administración fomentará la agrupación de montes públicos o privados que asocien a pequeños propietarios, con el objeto de alcanzar dimensiones adecuadas para facilitar su ordenación integrada y gestión conjunta.

2. A tal efecto, se entiende por Asociaciones Forestales toda asociación de propietarios forestales, constituida al amparo de la legislación vigente, cuyos fines estatutarios contemplen expresamente la agrupación de sus montes o terrenos forestales para facilitar su ordenación y gestión sostenible de forma conjunta, mediante la cesión compartida de los derechos de uso y aprovechamiento del monte por sus titulares a la asociación constituida al efecto, conforme establezcan reglamentariamente sus estatutos.

3. Los terrenos forestales gestionados, de forma conjunta, por la asociación estarán situados en el mismo término municipal o en términos municipales colindantes, siempre dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura de forma que la superficie total asociada sea como mínimo, de 25 hectáreas.

CAPÍTULO VI

Planificación forestal

Artículo 249.Instrumentos de planificación forestal.

1. Los montes y recursos forestales deben ser ordenados y gestionados de forma sostenible, integrando los aspectos ambientales con los económicos, sociales y culturales, al objeto de conservar el medio natural y a su vez procurar actividades productivas que generen empleo, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y a las expectativas de desarrollo socioeconómico sostenible del medio y la población rural.

2. Son instrumentos de planificación forestal de Extremadura a escala regional o subregional homogénea, el Plan Forestal de Extremadura y los Planes de Ordenación de los recursos forestales.

Artículo 250.Plan Forestal de Extremadura.

1. El Plan Forestal de Extremadura es el instrumento básico de planificación estratégica a largo plazo de la política forestal extremeña, como plan director que sirve de referencia para su diseño y ejecución.

2. Será elaborado por la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales y aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, previo cumplimiento de los requerimientos y procedimientos exigibles para su formulación, en particular, de conformidad con la normativa aplicable sobre información y participación pública y de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.

3. El Plan Forestal establecerá las bases para el desarrollo normativo y la organización administrativa en materia forestal así como los objetivos estratégicos de la política forestal de Extremadura y las líneas de actuación prioritarias de la administración y del sector forestal para su consecución, de forma que sean programables, cuantificables y verificables durante el período de vigencia del mismo, estableciendo las previsiones presupuestarias de las inversiones y posibles fuentes de financiación previstas para su desarrollo y ejecución, así como los mecanismos e indicadores necesarios para su evaluación y seguimiento.

Sin perjuicio de su evaluación periódica, el Plan Forestal podrá ser revisado cuando las circunstancias lo requieran, o al menos cada diez años. La revisión será aprobada por el mismo procedimiento de aprobación.

4. Sus determinaciones se considerarán directrices sectoriales con carácter indicativo en general y, en particular, para las administraciones públicas sectoriales y agentes sociales implicados, salvo aquellas disposiciones que en su norma de aprobación establezcan expresamente su grado de vinculación y efectos jurídicos.

En el marco del mismo se podrán adoptar compromisos o suscribir acuerdos o pactos entre las administraciones, sectores y agentes sociales implicados para el cumplimiento de sus fines.

El Plan forestal podrá establecer para su desarrollo territorial el marco y el ámbito o territorios en el que se elaborarán los planes de ordenación de los recursos forestales así como determinar las zonas forestales prioritarias de importancia o interés a tal fin.

Artículo 251.Planes de ordenación de los recursos forestales.

1. Los planes de ordenación de los recursos forestales (PORF) son instrumentos de planificación forestal de ámbito comarcal, que además podrán constituirse en herramientas indicativas para la ordenación del territorio y el régimen de usos del suelo forestal, de modo que sus determinaciones en materia de montes y recursos forestales se podrán incorporar al planeamiento urbanístico y a otros planes o programas sectoriales.

El ámbito territorial de los PORF serán aquellos territorios forestales con características geográficas, socioeconómicas, ecológicas, culturales o paisajísticas homogéneas que determine la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales a propuesta del órgano forestal de la Comunidad Autónoma por su importancia forestal, interés socioeconómico o relevancia ambiental, o bien agrupaciones de terrenos forestales que constituyan dimensiones eficientes para su adecuada ordenación y gestión conjunta.

2. Los PORF serán elaborados por la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales y se aprobarán, a propuesta del órgano forestal de la Comunidad Autónoma, por resolución de la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, previo cumplimiento del trámite preceptivo de información pública y el procedimiento de evaluación ambiental requeridos por la normativa específica aplicable.

En todo caso, antes de su aprobación formal se seguirán los trámites preceptivos de información pública y de forma pormenorizada serán oídas las entidades locales, propietarios, organizaciones profesionales agrarias, sectores y agentes sociales, económicos y ambientales legítimamente interesados y aquellos otros usuarios implicados en la comarca objeto del PORF.

3. Reglamentariamente se determinará la documentación y contenidos de los PORF que, con independencia de su denominación, podrán incluir entre otros los siguientes aspectos:

a) Delimitación del ámbito territorial objeto del plan y caracterización de los factores más representativos o significativos del medio físico y biológico relacionado con los espacios y recursos forestales.

b) Control, seguimiento, evaluación y plazos para la revisión del plan.

c) Descripción y análisis de los montes, de la tipología de las principales formaciones vegetales y de sus usos y aprovechamientos actuales y potenciales.

d) Aspectos jurídico-administrativos: titularidad, régimen administrativo y catalogación de los montes, incluyendo las vías pecuarias, mancomunidades, usos comunales o vecinales, agrupaciones de propietarios, así como las figuras de protección que les afecten, y los proyectos de ordenación u otros instrumentos de gestión o planificación vigentes.

e) Características socioeconómicas del área de influencia del ámbito territorial del plan.

f) Zonificación por usos y vocación del territorio según sus valores y riesgos ambientales.

g) Planificación de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados.

h) Establecimiento de las prescripciones técnicas, directrices y criterios orientadores para la ordenación, manejo, tratamiento y aprovechamiento de los montes y los recursos forestales, garantizando su regeneración y persistencia sostenida.

i) Establecimiento de plazos para la ejecución y revisión del plan, así como de mecanismos, criterios e indicadores básicos para su control, seguimiento y evaluación.

4. El contenido de estos planes será obligatorio y ejecutivo en las materias reguladas en este Título y tendrán carácter indicativo respecto de otros, planes o programas sectoriales, pudiéndose aplicar con carácter supletorio en ausencia de otras disposiciones aplicables o de otros instrumentos de ordenación territorial, ambiental o forestal, en lo que se refiera a espacios y recursos forestales.

5. Cuando exista un plan de ordenación territorial o de planeamiento urbanístico, o bien un plan de ordenación de recursos naturales, plan rector de uso y gestión o instrumento equivalente de conservación, protección o manejo de especies o espacios protegidos que afecten a montes o terrenos forestales conforme a su normativa específica aplicable, estos podrán utilizar el contenido del PORF con carácter complementario en

todo aquello que dichos instrumentos no dispongan sobre los espacios o recursos forestales del ámbito del PORF, siempre y cuando así lo dispongan en su documento.

6. Los titulares o gestores de montes o fincas forestales incluidas dentro de los límites del ámbito de aplicación de los PORF podrán comprometerse al cumplimiento de las prescripciones técnicas y modelos de gestión forestal que les afecten, al objeto de tener la consideración de «monte ordenado» para solicitar subvenciones y autorizaciones que permitan ejecutar actuaciones para las que sea exigible la disposición de un plan de ordenación de montes o instrumento equivalente de gestión forestal sostenible, sin perjuicio de las condiciones técnicas particulares que pueda establecer la Administración autonómica con competencias en materia forestal.

Artículo 252.Instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes.

1. El Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, de acuerdo con lo dispuesto en las Directrices Básicas Comunes de Ordenación y Aprovechamiento de Montes aprobará, mediante Decreto, las Instrucciones de Ordenación y Aprovechamientos de Montes, que contendrán las normas, directrices y referentes técnicos que garanticen el ejercicio de la ordenación y gestión sostenible de los montes y recursos forestales de Extremadura para las diferentes modalidades contempladas; proyectos de ordenación, planes técnicos u otros instrumentos de gestión forestal más o menos simplificados.

2. La Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales aprobará con respeto del contenido mínimo de las Instrucciones de Ordenación y Aprovechamiento de Montes, las directrices para la gestión forestal sostenible específicas que establezcan la clasificación, directrices y el contenido de los instrumentos preceptivos de planificación, ordenación y gestión forestal más o menos simplificados, en función de las características, tamaño y régimen administrativo de la propiedad forestal.

3. Asimismo la Dirección General con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales podrá elaborar cláusulas de prescripciones técnicas y facultativas que permitan regular la ejecución de trabajos, obras, infraestructuras, usos y actividades en los montes a su cargo, así como los tratamientos y aprovechamientos de los recursos forestales, sin perjuicio de que puedan servir de referencia con carácter indicativo para otros montes públicos o privados como directrices o manuales de buenas prácticas forestales.

Artículo 253.Instrumentos de Gestión Forestal.

1. Los instrumentos de gestión forestal son documentos en los que se planifica la organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros ecosistemas.

2. Los instrumentos de gestión forestal se ajustarán a las Instrucciones de Ordenación y Aprovechamientos de Montes y respetarán las directrices generales del Plan Forestal de Extremadura y, en su caso, las de los planes de ordenación de los recursos forestales que les afecten.

3. Los montes catalogados de utilidad pública y los registrados como montes protectores, así como los montes sujetos a contratos administrativos cuya gestión esté a cargo de la Dirección General con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales deberán estar ordenados disponiendo de un instrumento de gestión forestal. En el resto de montes se deberá contar con instrumentos de gestión forestal cuando tengan la superficie mínima que se determine reglamentariamente en función de las características del territorio.

4. Las Instrucciones de Ordenación y Aprovechamiento de Montes determinarán el procedimiento de elaboración, modalidades, y contenido de los diferentes instrumentos

de gestión forestal. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales podrá incluir modelos tipo de gestión forestal para aquellos montes cuyas características así lo permitan y en particular para la gestión forestal de los terrenos adehesados y otras superficies agroforestales, así como procedimientos de adhesión a los mismos que conlleven un compromiso de seguimiento por parte de sus titulares. Si así se establece, en estos casos la adhesión comportará la consideración de monte ordenado.

5. A efectos de cumplimiento de los requerimientos de disposición de un instrumento de gestión forestal para la percepción de ayudas o subvenciones, y para autorizaciones administrativas en montes o terrenos forestales o cuando el área de la actuación tenga dimensiones reducidas, la Dirección General con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales podrá disponer los procedimientos y documentos de compromiso de adhesión o declaración responsable para el cumplimiento de las directrices o prescripciones técnicas que se dispongan o, en su caso, las que se determinen en el PORF que les sea de aplicación y que tendrán carácter indicativo cuando se trate de montes privados.

6. Reglamentariamente se desarrollarán los procedimientos previstos en este artículo.

Artículo 254.Procedimiento de elaboración y aprobación y Registro de Montes Ordenados.

1. Los instrumentos de gestión forestal de los montes incluidos en el catálogo de montes de utilidad pública serán redactados por la administración gestora de los montes.

Cuando los montes no estén catalogados pero se gestionen por la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, tanto esta como la persona o entidad propietaria podrán elaborar los planes, siempre que se cuente con la conformidad de la otra parte.

En todo caso, reglamentariamente se garantizará la debida información y participación de los titulares interesados con anterioridad al proceso de planificación.

2. Los instrumentos de gestión forestal del resto de montes o de partes de los mismos serán promovidos por la propiedad y redactados, dirigidos y supervisados por profesionales con titulación forestal universitaria de conformidad con lo establecido en el artículo 33.4 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

3. La aprobación de estos instrumentos corresponderá a la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales.

Artículo 255.Registro de Montes Ordenados de Extremadura.

1. Se crea el Registro de Montes Ordenados de Extremadura dependiente de la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, en el que se incluirán todos los montes que dispongan de instrumentos de gestión forestal sostenible aprobados por el órgano forestal competente, así como de sus revisiones.

2. Este registro tendrá las siguientes funciones;

– La inscripción de las superficies ordenadas con referencias catastrales y de uso SIGPAC y sus titulares de derechos reales y personales.

– Servir de base para expedir certificación de contar con un instrumento de gestión forestal sostenible al efecto de poder acogerse a los beneficios previstos para estos montes en este Título, la ley básica de Montes y aquella otra normativa que lo contemple, según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Reglamentariamente se regularán los aspectos de organización del registro, así como el procedimiento de inclusión, exclusión o modificación y aquellos otros aspectos objeto de inscripción.

Artículo 256. Certificación forestal.

Las Administraciones Públicas promoverán la adopción de un sistema formalmente acreditado de certificación de la gestión forestal sostenible en origen de los montes y de la cadena de custodia de los productos forestales, de forma voluntaria, transparente y no discriminatorio.

CAPÍTULO VII

Régimen jurídico de los aprovechamientos forestales

Artículo 257.Aprovechamientos forestales.

1. Los propietarios y demás titulares de derechos sobre los montes, como propietarios de los recursos forestales, podrán aprovecharlos de acuerdo al criterio de persistencia y conservación de los mismos y sometiéndose a la regulación de la administración forestal mediante la correspondiente autorización o notificación para los casos contemplados en la legislación básica y comunicación previa o declaración responsable, para el resto de casos según se determine reglamentariamente.

2. Los aprovechamientos forestales se ajustarán también a lo que se consigne en los instrumentos de planificación y en los de gestión forestal aprobados y vigentes.

3. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales podrá requerir a los almacenistas de productos forestales que justifiquen el origen de los mismos.

Artículo 258.Aprovechamientos forestales en los montes de dominio público forestal.

1. Los recursos forestales de los montes públicos demaniales, incluida la recolección de hongos, espárragos y otros frutos espontáneos del monte con valor de mercado, serán aprovechados por la Administración titular del mismo, o bien autorizados o enajenados como se determine reglamentariamente.

2. Las entidades públicas titulares de montes demaniales con respeto de la regulación general que sobre aprovechamientos forestales competa a la Comunidad Autónoma y previo informe favorable del órgano forestal competente podrán acotar sus aprovechamientos forestales o regularlos, incluso estableciendo una contraprestación a su disfrute, todo ello sin menoscabo de los derechos que puedan corresponder a los vecinos en el caso de montes comunales.

Artículo 259.Aprovechamientos forestales en los montes de utilidad pública.

1. En los montes de utilidad pública corresponde a la Administración gestora, en todos los casos, la autorización, el señalamiento, la licencia, la entrega y el reconocimiento de los aprovechamientos forestales.

2. Cuando los montes de utilidad pública sean propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura los aprovechamientos forestales serán realizados, directamente o mediante contrato, por la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales.

Los contratos por los que se rige la enajenación de los productos forestales y, en general, los recursos procedentes de los montes declarados de utilidad pública propiedad de la Comunidad Autónoma, tendrán naturaleza administrativa especial.

3. En los montes de utilidad pública que no sean propiedad de la Comunidad Autónoma la Dirección General con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales aprobará los pliegos de prescripciones técnico-facultativas a los que deberá someterse la ejecución de los aprovechamientos forestales.

Artículo 260.Aprovechamientos forestales en los montes privados gestionados por la Administración autonómica.

Cuando formen parte del objeto del contrato, los aprovechamientos de los montes gestionados por la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales bajo la figura de consorcio, convenio, contratos para la restauración forestal de Extremadura (COREFEX) o cualquier otra fórmula contractual similar serán realizados por la Administración gestora, o de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector público, de forma directa o mediante contrato administrativo especial.

Con anterioridad a su ejecución, se dará conocimiento de las actuaciones previstas a los propietarios de los montes, los cuales estarán obligados a facilitar la ejecución de las mismas.

CAPÍTULO VIII

Régimen de usos de los montes

Artículo 261.Usos en los montes de dominio público.

1. La Administración gestora de los montes podrá regular y dar carácter público a las actividades de ocio, culturales o tradicionales que afecten al espacio forestal, en cuanto que no perjudiquen a sus valores naturales, a su gestión, a la ejecución de sus aprovechamientos o al debido ejercicio de otras actividades autorizadas o concesionadas de acuerdo con lo previsto en el Plan Forestal de Extremadura y en los instrumentos de planificación y gestión aplicables cuando existan. En último término, se podrá llegar a imponer restricciones totales o parciales de los usos incompatibles cuando sea la mejor forma de asegurar la gestión, la protección o la conservación del monte.

2. En los montes catalogados, para adoptar cualquier medida específica de regulación o restricción de usos, será preceptivo el informe favorable de la entidad titular del monte.

Artículo 262.Usos autorizables en los montes de dominio público.

1. En los montes catalogados tendrá carácter público todo uso sin ánimo de lucro y respetuoso con el medio natural que, realizado de conformidad con lo dispuesto en la normativa e instrumentos de planificación y gestión aplicables, sea compatible con los aprovechamientos forestales y las actuaciones selvícolas, así como con las concesiones otorgadas, autorizaciones concedidas y demás actividades que en el mismo se realicen de conformidad con dicha normativa e instrumentos.

2. En el caso de montes catalogados, por razón de su intensidad, peligrosidad o rentabilidad, se someterán a autorización de uso especial del dominio público forestal por la administración gestora del monte, previo informe favorable de la Dirección General con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, las siguientes actividades, siempre que no traigan causa de la naturaleza comunal del monte:

a) Tratamientos selvícolas y repoblaciones forestales.

b) Asentamientos apícolas.

c) Actividades culturales, sociales, deportivas o religiosas organizadas u oficiales, así como cualesquiera cuando impliquen el uso de vehículos de motor por pistas forestales.

d) Actividades ganaderas que no requieran la utilización privativa de terrenos pertenecientes al dominio público.

e) Cualesquiera otras actividades que, por su rentabilidad, intensidad o susceptibilidad de ocasionar daños a terceros o al monte, así lo requieran.

3. Se podrán establecer previamente, con la adecuada publicidad, las condiciones objetivas y subjetivas que deban cumplir las personas para poder obtener la autorización. En todo caso se garantizará el respeto al principio de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia al que hace referencia el artículo 15 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

4. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas. Sin embargo, si por cualquier circunstancia se encontrase limitado su número, las autorizaciones se someterán a un régimen de concurrencia en el que se valoren las condiciones especiales de los solicitantes; o, si no fuere procedente tal valoración, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen.

En el caso de montes catalogados la contraprestación económica que pueda exigir la entidad titular no podrá ser inferior a la mínima fijada por la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales en función de la intensidad de la actividad y del beneficio esperado.

5. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales resolverá las solicitudes de autorización demanial en un plazo máximo de tres meses, una vez transcurridos si no se han resuelto expresamente, se considerarán desestimadas.

Artículo 263.Otros usos en los montes catalogados.

1. La recolección de hongos, espárragos y otros frutos espontáneos de montes catalogados se considera un uso autorizado por ministerio de la ley, siempre que reúna todas las características siguientes:

a) Se cuente, cuando sea preceptivo, con el justificante de pago de la tasa establecida o que se establezca, que deberá ser exhibida por la persona que efectúe la recolección a cualquier Agente del Medio Natural o Agente de la Autoridad que la requiera.

b) Se ajuste a la orden de la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales en la que se hayan establecido las normas técnicas de recolección, periodos, limitaciones y otras reglamentaciones que resulten precisas para la ejecución correcta de la actividad.

c) Sea acorde con los instrumentos de planificación o gestión forestal y las concesiones o autorizaciones previamente otorgadas que pudieran afectar al monte en el que se practique la recolección, con independencia de otras normas o autorizaciones sectoriales que también pudieran regular la actividad.

2. Dentro de su respectivo ámbito competencial, las entidades locales propietarias de montes catalogados podrán regular la recolección, siempre que se respeten las reglamentaciones establecidas en la orden a la que se refiere la letra b) del apartado 1 y cuente con el informe favorable del Órgano forestal de la Comunidad Autónoma.

Artículo 264.Concesiones demaniales en montes catalogados.

1. Toda actividad que suponga utilización privativa del demanio forestal de los montes catalogados deberá contar, en su caso, con la conformidad de la entidad local titular del monte y ser habilitada, en todo caso, mediante el otorgamiento de concesión demanial por parte de la administración gestora del monte.

2. El régimen de las concesiones demaniales en los montes catalogados podrá ser regulado reglamentariamente y, en cualquier caso, será preceptivo el informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte por parte del órgano forestal de la Comunidad Autónoma.

3. Las concesiones demaniales se otorgarán mediante concurrencia competitiva en los supuestos del apartado 5 del artículo 15 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

4. En los montes gestionados por la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales ésta fijará la contraprestación económica mínima y las condiciones técnicas que regirán la concesión demanial. La entidad propietaria del monte tramitará el correspondiente procedimiento administrativo para la concesión en régimen concurrencial o directo.

5. Las concesiones se otorgarán sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos preexistentes.

Artículo 265.Usos en los montes privados gestionados por la Administración autonómica con competencias en materia forestal.

1. En los montes privados gestionados por la Administración autonómica con competencias en materia forestal autonómica bajo la figura de consorcio, convenio, COREFEX o cualquier otra fórmula contractual similar, requerirán autorización de la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales cuantos usos puedan impedir, limitar, condicionar o incidir directa o indirectamente en el debido ejercicio de las funciones que a dicha Administración autonómica corresponden.

2. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales adoptará cuantas medidas entienda procedentes en orden a divulgar y explicitar el alcance de lo dispuesto en el apartado anterior.

Artículo 266.Cambio del uso forestal.

1. El cambio del uso forestal de un monte, entendido como toda actuación material o acto administrativo que haga perder al monte su carácter o condición de tal, cuando no venga motivado por razones de interés general, y sin perjuicio de la normativa ambiental aplicable, tendrá carácter excepcional y requerirá informe favorable de la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales y, en su caso consentimiento del titular del monte.

2. A los terrenos agroforestales y en especial en las dehesas por su triple condición agrosilvopastoral se les aplicará su propia normativa para los cambios de uso del suelo, siéndoles de aplicación este artículo en caso de ausencia de dichas normas.

3. En todo caso, las plantaciones para fruto de castaños no supondrán un cambio de uso forestal, independientemente de que se realicen en un terreno forestal o agrícola.

4. No tendrán la consideración de cambios de uso de forestal a agrícola, ni de modificación sustancial de la cubierta, los cultivos agrícolas temporales sobre terrenos forestales cuyo objetivo sea la mejora de los pastos o el control del matorral.

5. Con el fin de garantizar la restauración de los terrenos, cuando estos hayan sido afectados por incendios forestales, no podrá producirse el cambio de uso forestal, por razón del incendio, durante treinta años.

No se aplicará este plazo para aquellos terrenos donde estuviera previsto, antes del incendio, el cambio de uso en un PORF, plan de ordenación de regadíos u otro plan sectorial aprobado o en un plan urbanístico o instrumento de planificación similar, en los términos previstos en el artículo 50 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Artículo 267.Modificación de la cubierta vegetal.

1. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales y en su caso el titular del monte, podrá autorizar los siguientes supuestos de modificación sustancial de la cubierta vegetal de montes patrimoniales o privados:

a) Repoblaciones forestales y densificaciones en montes no arbolados o ralos.

b) Cambio de especie forestal, destoconados o tratamientos de cepas, en los casos establecidos reglamentariamente.

c) Instalaciones temporales de ocio, esparcimiento o recreo, siempre que puedan ser fácilmente desmontadas sin causar daños al terreno forestal y con la obligación de restaurar los terrenos una vez finalizada la actividad.

d) Plantación o ampliación de huertas para autoabastecimiento, siempre que no utilicen técnicas dañinas para el medio forestal ni productos químicos o de otra naturaleza no admitidos en la agricultura ecológica.

e) Plantación de árboles o arbustos no forestales en una cantidad reducida, siempre que estén situados en el perímetro de la finca o a menos de diez metros de una edificación residencial habitada y legalizada.

2. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales resolverá las solicitudes de modificación sustancial de la cubierta vegetal en un plazo máximo de tres meses, transcurridos los cuales, si no ha recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas. El procedimiento para tramitar las autorizaciones previstas se desarrollará reglamentariamente.

CAPÍTULO IX

Conservación y mejora de los montes

Artículo 268.Conservación y mejora de los montes.

Los titulares de los montes, propietarios de los recursos forestales, serán los responsables de la conservación y mejora de los terrenos forestales de su propiedad en la forma que se establezca en los instrumentos de gestión forestal cuando existan o de acuerdo con las directrices del Plan Forestal de Extremadura, el PORF de su comarca y el resto de normativa sectorial.

Artículo 269.Conservación y mejora de los montes de dominio público forestal.

1. Los trabajos de conservación y mejora de los montes de la Comunidad Autónoma, de Extremadura adscritos a la Consejería con competencia en materia de montes y aprovechamientos forestales así como los incluidos en los Catálogos de Utilidad Pública gestionados por la Dirección General con competencia en materia de montes y aprovechamientos forestales se realizarán directamente por la Consejería con competencia en materia de montes y aprovechamientos forestales con cargo a sus presupuestos cuando se contemplen en los instrumentos de gestión forestal aprobados y vigentes o en otros planes aprobados o bien cuando así se resuelva por la Dirección General con competencia en materia de montes y aprovechamientos forestales en razón de la necesidad de la actuación para la preservación de los valores por los que se catalogó.

2. Los trabajos de repoblación, densificación, tratamientos selvícolas o conservación y mejoras del monte incluyendo sus infraestructuras, se ejecutarán mediante proyectos de obras que deberán ser elaborados por técnicos universitarios con competencias forestales y adjudicados en procesos de licitación o encomienda de acuerdo con la legislación en materia de Contratos del Sector Público.

Cuando las obras de infraestructuras afecten a montes de titularidad municipal, la disponibilidad de los terrenos afectados producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, a los efectos de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y la Ordenación Territorial de Extremadura. Esta disponibilidad conllevará el reconocimiento de la legalidad de las actuaciones a realizar.

3. Cuando el monte sea propiedad de una entidad local y no tenga la condición de bien patrimonial, el titular del monte será el responsable de la conservación y mejora del mismo. La Administración autonómica con competencias en materia forestal dará prioridad a estos montes en la concesión de subvenciones en trabajos de gestión sostenible de los montes así como para la redacción de los proyectos.

Artículo 270.Fondo de mejoras en montes catalogados.

1. Las entidades locales titulares de montes catalogados de utilidad pública aplicarán, a través del Fondo de Mejoras, a la conservación y mejora de sus montes el 15% de los ingresos que, excluidos impuestos, se obtengan de la enajenación de sus aprovechamientos forestales y de las ocupaciones y restantes actividades en ellos desarrolladas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, salvo los que se otorguen a favor de los vecinos en aquellos montes catalogados de utilidad pública que tengan la condición de montes comunales.

2. Las actuaciones que se realicen con cargo al Fondo de Mejoras serán las recogidas en los instrumentos de gestión forestal, cuando los trabajos se hallen entre los previstos en el plan especial del mismo, o en su defecto en el plan de mejoras que se apruebe al efecto.

La elaboración del plan de mejoras corresponderá a la Dirección General competente en materia forestal previa consulta a las entidades locales propietarias.

3. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales podrá ejecutar las actuaciones previstas una vez dado conocimiento a la entidad local titular del monte, salvo que las entidades locales titulares lo hagan por sí mismas.

Artículo 271.Conservación y mejora en los montes privados.

1. La conservación y mejora de los montes privados con contrato con la Administración autonómica bajo la figura de consorcio, convenio, COREFEX o cualquier otra fórmula contractual similar serán realizados por la Dirección General con competencias en materia forestal, cuando afecten a las masas o infraestructuras contempladas en el objeto del contrato y de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector público. Con anterioridad a la ejecución de las obras o servicios, se dará conocimiento de las actuaciones previstas a los propietarios de los montes, los cuales estarán obligados a facilitar la ejecución de las mismas.

2. La conservación y mejora del resto de montes privados se realizarán por sus propietarios.

CAPÍTULO X

La restauración hidrológico-forestal y las zonas de actuación urgente

Artículo 272.La colaboración en el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal y el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.

1. La Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, colaborará en la elaboración, aprobación, aplicación y seguimiento del Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal.

2. También la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, junto con la competente en materia agrícola, colaborará en la elaboración, aprobación, aplicación y seguimiento del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.

Artículo 273.Zonas de actuación prioritaria.

1. Dentro de las zonas de actuación prioritaria declaradas en la Comunidad Autónoma, la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, con cargo a sus presupuestos, podrá establecer prioridades y definir los trabajos que se realizarán en ellas.

2. Los titulares de los montes privados afectados por la declaración tendrán preferencia en la obtención de subvenciones forestales de conservación o restauración por motivos de la declaración.

Artículo 274.Zonas de actuación urgente.

1. Son zonas de actuación urgente aquellas en las que sea preciso adoptar medidas de conservación o de restauración inmediata después de haber sufrido una catástrofe o desastre natural. En particular, podrán ser declarados como tales los siguientes terrenos forestales:

a) Los afectados por circunstancias meteorológicas o climatológicas adversas de carácter extraordinario.

b) Los que hayan sufrido un desastre natural y presenten la vegetación gravemente afectada.

2. La propuesta de declaración de las zonas de actuación urgente será formulada por la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales de oficio o a instancia de los titulares o propietarios de los terrenos forestales o de alguna entidad local en cuya circunscripción estén situados los terrenos forestales afectados, para lo cual elaborará un plan de actuación con el siguiente contenido mínimo:

a) Evaluación y cuantificación de los daños producidos.

b) Clasificación de los efectos producidos.

c) Zonificación de áreas afectadas.

d) Avance de programación y priorización de los trabajos.

3. La declaración de zonas de actuación urgente será aprobada por la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales. La declaración delimitará las acciones necesarias y la responsabilidad de su ejecución. Cuando la aprobación lleve consigo la declaración de utilidad pública de las obras y trabajos a efectos de ocupación o expropiación forzosa de los terrenos en donde hayan de realizarse, deberá aprobarse por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

4. En los montes gestionados por la Dirección General con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, las obras o actuaciones se realizarán por esta, directa o indirectamente, de acuerdo con lo dispuesto para las obras de emergencia en las normas relativas a los contratos del sector público.

5. En el resto de los montes, la ejecución de las obras o actuaciones, se llevará a cabo por:

a) los titulares o propietarios de los montes, de acuerdo con lo establecido en la declaración;

b) la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, a costa de los titulares o propietarios, cuando éstos se nieguen a realizar los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto para la ejecución subsidiaria en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o

c) la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, que podrá realizarlos con cargo a sus propios fondos, cuando se den acumulativamente estos tres requisitos:

1.º que exista dotación presupuestaria para ello;

2.º que se constate que la realización de las obras o actuaciones satisfará el interés general en mayor medida que los intereses particulares afectados; y

3.º que se trate de una actuación de emergencia de las previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.

6. A los efectos de este artículo, podrán establecerse subvenciones para la realización de las actividades contenidas en la zona declarada, en los términos fijados en las bases reguladoras, así como realizarse inversiones directas para actuaciones de emergencia y convenios o conciertos con los obligados.

CAPÍTULO XI

Incendios forestales y restauración de los terrenos

Artículo 275.Competencias de la Administración autonómica con competencias en materia forestal sobre incendios forestales.

Corresponde al órgano forestal de la Comunidad Autónoma;

a) Velar por la recuperación de los terrenos incendiados y el cumplimiento de las medidas que al efecto se contemplan en la presente ley.

b) La elaboración y ejecución de los planes de prevención de incendios forestales en los montes bajo su gestión, que se ajustarán en cuanto a su contenido y plazos a los previstos para los planes especiales en los montes con instrumento de gestión forestal.

c) La restauración de los terrenos incendiados que se encuentren bajo su gestión y las medidas para la restauración de los terrenos incendiados en el resto de casos.

d) La autorización de la enajenación de los productos forestales procedentes de un incendio.

Artículo 276.Consecuencias derivadas de la producción de un incendio forestal.

1. Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos o explotaciones forestales afectados por incendios estarán obligados a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios forestales, cuando la regeneración natural no sea técnicamente previsible o suficiente, a corto plazo.

2. En los terrenos arbolados afectados por incendios forestales, cuando la recuperación de la cubierta forestal esté comprometida, el órgano forestal competente podrá adoptar las medidas necesarias para su restauración y entre ellas la obligación de presentar un plan de restauración de la cubierta y la obligación de retirada de la madera en un plazo determinado cuando exista riesgo para el nuevo regenerado o la masa existente.

Además quedará prohibido el pastoreo por un plazo mínimo de un año salvo que por el órgano forestal competente se acuerde el levantamiento de dicha prohibición. En pastizales y terrenos agroforestales, en especial en los adehesados no se aplicará esta prohibición salvo que por el órgano competente en materia de montes y aprovechamientos forestales de la Comunidad Autónoma se determine expresamente cuando exista grave riesgo para la regeneración del arbolado.

CAPÍTULO XII

Guardería Forestal

Artículo 277.Agentes del Medio Natural.

1. La Administración autonómica contará con personal que desempeñará las funciones de guardería forestal, sin perjuicio de la existencia de otros cuerpos o personal de la misma u otras Administraciones que desempeñen funciones recogidas en el articulado de esta ley.

2. Las labores de guardería forestal de la Consejería con competencias en materia forestal la realizarán los Agentes del Medio Natural.

3. En el ejercicio de sus funciones, los Agentes del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura ostentan la consideración de Agentes de la Autoridad, por lo cual, las actas de inspección y las denuncias que formulen en el ejercicio de sus funciones

dan fe y gozan de presunción de veracidad respecto de los hechos reflejados en las mismas, salvo prueba en contrario.

4. En el cumplimiento de sus funciones, los Agentes del Medio Natural podrán acceder y permanecer libremente y sin previo aviso a cualquier terreno rural con los medios disponibles en el momento, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio.

5. Son funciones propias de los Agentes del Medio Natural las que se determine reglamentariamente y entre ellas:

a) Velar por el cumplimiento de las leyes y otras disposiciones de la Administración autonómica en aspectos relacionados con los sistemas forestales y el medio ambiente, así como denunciar los hechos que puedan ser constitutivos de infracciones al ordenamiento vigente dentro del ámbito de sus competencias.

b) Proteger y vigilar la riqueza forestal, cinegética y piscícola y sus infraestructuras asociadas, los espacios naturales, la flora y la fauna silvestres, las vías pecuarias y el paisaje de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) Participar en la vigilancia y prevención de incendios forestales de acuerdo con las responsabilidades, que en esta materia, les asigna la legislación sectorial, así como colaborar, de forma directa con otros órganos competentes, en la investigación de las causas.

d) Asumir y desempeñar con carácter prioritario y urgente la función de dirección de extinción de los incendios forestales que les sean asignados, así como colaborar en las restantes tareas de extinción.

e) Las relativas a la inspección y control de todos los trabajos de aprovechamiento, conservación y mejora de los montes, y, en particular, colaborar desde sus competencias en todas aquellas tareas de gestión que se realicen en el dominio público forestal y en aquellos terrenos gestionados por la Consejería con competencias en materia forestal, cinegética y de medio ambiente.

f) Informar, inspeccionar y vigilar sobre el terreno las actividades sujetas a la normativa sobre evaluaciones de impacto ambiental, así como sobre expedientes concretos de ayudas o subvenciones gestionadas por la Consejería de adscripción, así como informar, dentro de su ámbito profesional, por sí mismos o por solicitud de sus superiores, de cualquier asunto relacionado con el medio natural.

g) Participar y colaborar en situaciones de emergencia en el medio natural.

h) Vigilancia y control en materia de actuaciones urbanísticas en el medio rural cuando el uso o construcción afecte a montes y especies o hábitats protegidos.

i) Las relativas a la inspección y control de vertidos de residuos y contaminación de las aguas y de la atmósfera, así como aquellas otras que tengan relación con las actividades clasificadas en el ámbito de sus competencias.

j) Colaborar en las acciones relacionadas con el uso social, recreativo y didáctico en el medio rural.

k) Vigilancia, toma de datos y emisión de informes para el control y lucha contra enfermedades y plagas en las masas forestales, así como la colaboración en toma de datos en actividades relacionadas con programas de investigación sobre mejora forestal.

l) Realizar censos, controles y seguimiento de especies de fauna silvestre, y, en particular, la cinegética y piscícola.

m) Realizar labores de extensión y formación de los titulares de explotaciones y ciudadanos en general en materia forestal, cinegética y piscícola, de conservación de la naturaleza y aquella otra relacionada con el medio ambiente en general.

n) Participar en cuantas actividades se les encomiende, dentro del ámbito profesional, en cualesquiera de las materias actuales o futuras que sean competencia del órgano de adscripción, así como en aquellas otras que se deriven de su gestión directa.

ñ) Conocer de forma actualizada los terrenos que constituyen las zonas habituales de trabajo y cuantas actuaciones se produzcan en las mismas, así como sus peculiaridades en lo referente a los valores medioambientales más sobresalientes de la zona.  

CAPÍTULO XIII

Sanidad forestal y material genético forestal

Artículo 278.Protección de los montes contra agentes nocivos.

1. Corresponden a la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales las funciones de vigilancia, localización y prevención de agentes nocivos sobre masas forestales, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas, para lo que establecerá y mantendrá una red de prevención y vigilancia de plagas y enfermedades forestales.

2. La Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales colaborará en las campañas oficiales fitosanitarias sobre plagas forestales declaradas o que se puedan declarar por la Junta de Extremadura.

Artículo 279.Materiales forestales de reproducción.

1. La Administración autonómica con competencias en materia forestal colaborará con el Ministerio con competencias en la materia para elaborar los programas de mejora genética y conservación de los recursos genéticos forestales, así como en la determinación de las regiones de procedencia de los materiales forestales de reproducción.

2. La Consejería con competencia en materia de montes y aprovechamientos forestales autorizará, mediante orden, los materiales de base para la producción de materiales forestales de reproducción identificados y seleccionados.

3. La autorización de un material de base y la inclusión en el Catálogo Nacional de Materiales de Base se realizará, a instancia del interesado o de oficio por la Administración, según lo dispuesto en la normativa vigente sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.

4. Los materiales autorizados se comunicarán a la Administración General del Estado para su inclusión en el Catálogo Nacional de Materiales de Base.

Artículo 280.Viveros forestales públicos.

1. Se consideran viveros forestales públicos los que, dependiendo directamente de la Administración autonómica con competencias en materia forestal o de órganos de la Administración General del Estado, tengan como fin producir plantas para la repoblación de terrenos forestales.

2. Es competencia de la Administración autonómica con competencias en materia forestal la gestión de los viveros propios y de los de titularidad pública que se sitúen en montes gestionados por la misma.

3. Los viveros públicos que dependan de la Administración autonómica con competencias en materia forestal tendrán como objetivo básico la conservación y mejora del material genético forestal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la producción de planta forestal para uso propio en trabajos de reproducción y restauración, las actividades de educación ambiental de la sociedad extremeña, el conocimiento y la promoción de la flora silvestre de la región y la ornamentación de espacios públicos.

4. Por la entrega o venta de plantas de los viveros gestionados por la Dirección General con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales se podrán exigir los precios públicos establecidos de acuerdo con su normativa específica.

CAPÍTULO XIV

La estadística forestal y los registros de empresas forestales

Artículo 281.Estadística forestal extremeña.

1. La Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, a través de los órganos administrativos forestales, colaborará con el órgano autonómico competente en materia de estadística forestal para elaborar la estadística forestal respecto de aquellas materias que tenga atribuidas directamente y recopilará y suministrará al Ministerio competente todas las demás que éste le solicite.

2. Las materias sobre las que se elaborarán estadísticas serán, además de las especificadas en el artículo 28 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, las siguientes:

a) Estructura de la propiedad forestal. Titularidades y unidades medias.

b) Catálogo de montes de utilidad pública, elenco de montes de dominio público y registro de montes protectores.

c) Actividades forestales autorizadas.

d) Aprovechamientos forestales autorizados.

e) Industrias forestales.

f) Los resultados de los programas y planes de investigación.

g) Concesión de subvenciones en montes privados.

h) Estadísticas de economía forestal.

i) Prospecciones periódicas de la opinión ciudadana para evaluar la percepción social de los montes y de la realidad forestal extremeña.

Artículo 282.Registros de cooperativas, empresas e industrias forestales.

1. Se crea un Registro de Empresas y Cooperativas que realicen trabajos, servicios o aprovechamientos forestales dependiente de la Administración autonómica con competencias en materia forestal.

En este registro se inscribirán las empresas, cooperativas, autónomos y otras sociedades que trabajen para la Administración autonómica en cualquier actividad forestal de las contempladas en este Título.

Las entidades registradas estarán obligadas a elaborar y presentar anualmente una estadística de sus actividades y permitirán los controles que sean preceptivos en sus dependencias y vehículos de transporte.

La Consejería con competencias en montes y aprovechamientos forestales trasladará, de forma periódica, al órgano competente del Estado la información del Registro.

2. Paralelamente y dependiente de la Consejería competente en materia de industrias se crea un Registro de Cooperativas, Empresas e Industrias, en el que se incluirán las de sierra, chapa, tableros, pasta, papel, corcho, resina, biomasa forestal, aceites, piñón, castaña, setas y trufas.

3. Ambos registros serán únicos para toda la Comunidad Autónoma y se estructurará en secciones.

4. Reglamentariamente se regularán los aspectos de organización del registro y aquellos otros aspectos objeto de inscripción.

CAPÍTULO XV

Incentivos forestales

Artículo 283.Incentivos económicos en montes.

1. Según se determine en las correspondientes bases reguladoras, las subvenciones podrán financiar las siguientes actividades:

a) Actividades vinculadas a la gestión forestal sostenible incluida la redacción de los instrumentos de gestión y planificación.

b) La creación o mejora de terrenos forestales mediante la forestación, reforestación o densificación de los mismos.

c) Regeneración y mantenimiento de las masas autóctonas, con especial interés en encinares y alcornocales.

d) Gastos de adquisición o adaptación de la maquinaria y equipos agrarios para trabajos selvícolas e infraestructuras para la mejora de la comercialización de productos forestales.

e) Tratamientos culturales en las masas forestales ya existentes.

f) Inversiones relativas a las mejoras de las superficies forestadas, tales como caminos y pistas forestales, puntos de agua, cerramientos u otras infraestructuras.

g) Infraestructuras para la prevención de incendios.

h) Restauración de las áreas perdidas por incendios forestales, cuando la regeneración natural no sea técnicamente previsible o suficiente, a corto plazo.

i) La redacción de Planes de Prevención u otros contemplados en la normativa sectorial de incendios forestales.

j) Restauración de las áreas afectadas gravemente por incendios.

k) Trabajos e infraestructuras en materia de restauración hidrológico-forestal.

2. De acuerdo con los términos en cada caso establecidos, y sin perjuicio de otras prioridades que puedan contemplarse en las distintas bases reguladoras, cuando se trate de los incentivos para trabajos realizados por el titular o gestor público o privado del monte o cuando se realice un aprovechamiento o actividad forestal serán prioritarios:

a) los terrenos con instrumento de gestión forestal sostenible aprobado y vigente,

b) los montes protectores,

c) los montes catalogados,

d) los terrenos incluidos en un PORF vigente,

e) los terrenos incluidos en un Plan de Defensa de una Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales, cuando se trate de subvenciones en materia de prevención de incendios; y

f) las Zonas de Actuación Prioritaria de Restauración Hidrológico-Forestal.

CAPÍTULO XVI

Rescisión o conversión de consorcios, convenios o COREFEX

Artículo 284.Vigencia de las figuras contractuales.

1. Continuarán vigentes hasta la fecha de su finalización, incluidas sus eventuales prórrogas, los consorcios forestales y otras figuras contractuales de naturaleza similar suscritos entre la Administración autonómica con competencias en materia forestal y los propietarios de los montes.

Dentro de ellas, se incluyen:

a) Los consorcios y convenios de repoblación vigentes y constituidos al amparo de la legislación derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

b) Los contratos para la restauración forestal de Extremadura (en adelante, COREFEX) celebrados en virtud del Decreto 9/1989, de 13 de febrero, para el fomento de la restauración forestal de Extremadura.

2. En cualquier caso, aunque en las bases reguladoras se establecieran intereses, las deudas generadas a favor de la Administración autonómica con competencias en materia forestal como consecuencia de la ejecución de los consorcios y convenios

referidos en la letra «a)» del apartado anterior no devengarán intereses desde la entrada en vigor de esta Ley.

3. Independientemente de lo establecido en los apartados anteriores, los mencionados contratos podrán ser objeto de rescisión de conformidad con los criterios que se desarrollan en este capitulo.

Artículo 285. Supuestos de rescisión de los contratos existentes en montes de dominio público forestal.

1. Cuando el consorcio o convenio de repoblación existente recaiga sobre terrenos de un monte incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, quedará resuelto a la entrada en vigor de esta Ley y quedará condonada la deuda que en tal fecha pudiese arrojar el estado de cuentas a favor de la Hacienda extremeña, por los trabajos realizados en cumplimiento del contrato desapareciendo el derecho de la Administración autonómica sobre el vuelo creado al amparo del consorcio o convenio forestal.

2. Cuando el consorcio o convenio de repoblación recaiga sobre terrenos de un monte de titularidad pública no incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública pero que posea alguna de las características previstas en el artículo 24 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, si fuere efectivamente catalogado, tal contrato quedará rescindido con efectos desde la fecha en la que se produzca la incorporación del monte al catálogo, suprimiéndose la participación en los aprovechamientos de la Administración autonómica con competencias en materia forestal, y quedará condonada la deuda en las mismas condiciones del apartado anterior.

Artículo 286.Supuestos de rescisión de los contratos existentes en montes públicos patrimoniales o privados.

1. Cuando el contrato recaiga sobre terrenos de un monte de titularidad pública patrimonial o de montes privados que no estén declarados monte protector y en los que en aprovechamientos sucesivos no prevean la liquidación de la deuda, su rescisión anticipada exigirá la valoración de las existencias maderables y su liquidación conforme a las bases del contrato, o el abono del estado de las cuentas por la entidad propietaria cuando la realización del aprovechamiento final conlleve la liquidación de la deuda.

2. Cuando, de acuerdo con sus bases, una figura contractual distinta a un COREFEX haya llegado al término de su turno y resulte que ni por las condiciones dasométricas ni por la adecuación ecológica o ambiental de la especie principal esté justificada la continuidad del contrato existente, se podrá, excepcionalmente, resolver el mismo, lo cual supondrá la condonación de la deuda con la Hacienda extremeña que, en tal fecha, pudiese arrojar el estado de cuentas.

3. Cuando se declare como protector un monte de titularidad privada, desde la fecha de la declaración quedará resuelta la figura contractual anterior que existiera sobre el terreno y condonada la deuda que en tal fecha pudiese arrojar el estado de cuentas a favor de la Hacienda extremeña, por los trabajos realizados en cumplimiento del contrato, desapareciendo los derechos de la Administración autonómica sobre el vuelo creado al amparo del consorcio o convenio forestal.

4. Entre las condiciones para la extinción de los contratos deberá figurar que las infraestructuras y equipamiento de prevención y lucha contra los incendios forestales mantendrán sus servidumbres a favor de la Administración competente en materia de incendios forestales.

Artículo 287.Ejercicio de la rescisión.

Para que, a instancia de parte, pueda aplicarse alguno de los supuestos de extinción o conversión de los contratos que se describen en este Capítulo, será preciso que el titular del monte manifieste expresamente a la Administración autonómica con

competencias en materia forestal su opción elegida, dentro de las permitidas por los artículos que las regulan.

Artículo 288.Contratos de gestión forestal de montes protectores.

1. El contrato de gestión forestal de montes protectores es el pacto concertado entre la Junta de Extremadura y el propietario o titular de derechos reales de un monte que se encuentre inscrito en el registro de montes protectores de Extremadura, en virtud del cual, y durante el tiempo de vigencia del contrato, el propietario o titular de derechos reales cede la gestión del monte a la Administración autonómica con competencias en materia forestal, y la habilita para realizar, a su cargo, las actuaciones forestales necesarias que garanticen una adecuada gestión sostenible, incluyendo la dirección y gestión técnica y administrativa de los trabajos y aprovechamientos derivados del contrato. Este contrato no supondrá contraprestación económica para ninguna de las partes intervinientes.

2. Podrán celebrar estos contratos las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias o titulares de derechos reales sobre los montes. En representación de la Administración autonómica, la firma de los contratos corresponderá a la persona titular de la Consejería con competencias en materia forestal.

3. Los consorcios, convenios o COREFEX podrán convertirse a este tipo de contrato, siempre que hayan sido declarados montes protectores, la conversión implicará la condonación de la deuda, cuando proceda, de acuerdo con el apartado tercero del artículo 286 de esta ley.

4. El contenido y régimen jurídico de estos contratos de gestión pública será el establecido en esta Ley su normativa de desarrollo y la básica en materia de montes y sobre contratos del sector público, sin perjuicio de la aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico para todas aquellas actuaciones que, derivadas de su gestión, estén incluidas dentro de su ámbito de aplicación.

5. En los contratos deberán incluirse, además de las notas características de los contratos, las siguientes:

a) La identificación de la finca y de su estado legal, con indicación de los datos registrales y las referencias catastrales, así como una descripción de servidumbres y cargas, si las hubiera.

b) Una breve descripción del estado forestal de la finca.

c) Las obligaciones que asume la Administración autonómica con competencias en materia forestal.

d) Los compromisos asumidos por la propietario o titular de derechos reales.

e) El plazo de duración del contrato.

6. En virtud del contrato de gestión forestal de montes protectores, la Administración contratante queda investida de los siguientes derechos y obligaciones, según el caso:

a) Obligación de elevar a escritura pública el contrato de gestión forestal y abonar íntegramente los gastos de otorgamiento de la misma.

b) Derecho a la gestión del monte en los términos previstos en el contrato y obligación de desempeñar, dentro de las disponibilidades presupuestarias, las actuaciones forestales necesarias para lograr una adecuada conservación del monte, la dirección técnica y administrativa de los trabajos forestales adecuados para el fin del contrato y la guardería forestal.

c) Obligación de elaborar o revisar, el instrumento de gestión forestal, contando para ello con la conformidad del propietario o titular del monte.

d) Obligación de iniciar las actuaciones previstas en el instrumento de gestión forestal en un plazo máximo de tres años desde la aprobación del mismo, salvo que exista insuficiencia presupuestaria.

e) La redacción y ejecución de proyectos de obra, así como la dirección de planes, y aprovechamientos forestales.

f) Obligación de comunicar al propietario o titular de derechos reales, antes de la redacción del proyecto, las actuaciones que se pretenda realizar en el monte; o comunicarlas antes de la contratación o ejecución de las mismas, cuando la urgencia de los trabajos que deban ejecutarse no permita mayor antelación.

g) Obligación de presentar, dentro del primer trimestre de cada año un informe-memoria que recoja las actuaciones y aprovechamientos realizados durante el año anterior, junto con el balance de ingresos y gastos, referido tanto al último año como a todo el periodo temporal acumulado desde el inicio de vigencia del contrato; no obstante, no será obligatorio presentar el citado informe-memoria cuando ni se hayan realizado actuaciones o aprovechamientos.

7. Del mismo modo, el propietario o titular de derechos reales tendrá los siguientes derechos y obligaciones, según el caso:

a) Obligación de permitir disponer y hacer uso del monte por parte de la Administración en las condiciones pactadas.

b) Derecho a los aprovechamientos forestales derivados de la gestión contratada.

c) Derecho a conservar a su favor los restantes derechos no incluidos en el ámbito del contrato, con estas limitaciones:

1.ª Las actuaciones materiales sobre el suelo o sobre el vuelo del monte susceptibles de disminuir o alterar la superficie forestal arbolada, deberán ser autorizadas por la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales.

2.ª Los aprovechamientos compatibles podrán realizarse siempre que no perturben la masa existente, subordinándose su localización, época y cuantía a las necesidades de conservación del arbolado, para lo cual se deberá comunicar su realización a la Administración autonómica con competencias en materia forestal con una antelación mínima de un mes; en vía administrativa se podrán suspender o limitar, previos los informes que procedan, cuando sea imprescindible para la preservación del objeto del contrato.

8. La persona que adquiera un monte objeto de un contrato de gestión forestal está obligada a comunicar la transmisión dominical operada a la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, en el plazo de un mes desde que se hubiera formalizado, al objeto de que esta tome razón del cambio de titularidad y consecuente subrogación de la gestión.

9. La Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales será la encargada de ejecutar las prestaciones a las que se obliga la Administración por la firma del contrato de gestión forestal.

La Junta de Extremadura sufragará con fondos públicos los gastos generados por la ejecución del contrato y del instrumento de gestión forestal sostenible.

Del mismo modo asumirá la ejecución de obras no previstas en el instrumento de gestión forestal que deban acometerse como consecuencia de causas sobrevenidas ajenas a la voluntad de los titulares de los montes.

10. El plazo inicial de vigencia será el que se pacte expresamente en cada caso, atendiendo a la especie forestal que constituya su objeto principal.

El plazo de vigencia se prorrogará automáticamente por el mismo período, salvo que durante los últimos seis meses de vigencia del mismo, una de las partes comunique su intención de finalizar el mismo.

11. Son causas de resolución del contrato de gestión forestal de montes protectores, de oficio o a instancia de parte, además de las previstas en el artículo 1.291 del Código Civil, las siguientes:

a) Que la Administración no realice ninguna de las actuaciones derivadas del instrumento de gestión forestal en un plazo máximo de tres años consecutivos.

b) Que el propietario o titular de derechos reales se niegue a dar su conformidad para la aprobación del instrumento de gestión forestal y además, en el plazo de un año

desde que se exprese tal disconformidad, no aporte a su vez otro instrumento de gestión forestal o, en el caso de haber elaborado este, no merezca la aprobación administrativa, según la normativa establecida al efecto.

c) Que el propietario o titular de derechos reales haya sido sancionado en firme por la comisión en el monte objeto del contrato de cualquier infracción administrativa grave a la normativa forestal o de una infracción penal de las tipificadas en los Capítulos III y IV del Título XVI del Código Penal.

d) Que el propietario o titular de derechos reales, sin autorización de la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales o con incumplimiento del contenido o de las condiciones fijadas en la autorización, haya realizado actuaciones materiales sobre el suelo o el vuelo susceptibles de disminuir o alterar la superficie forestal arbolada o haya apacentado ganado.

En los supuestos descritos en este apartado, salvo en el de la letra a) la extinción se producirá, por orden de la Consejería competente en materia de montes y aprovechamientos forestales, una vez abonados a la Administración los gastos que hubiere satisfecho para la ejecución del contrato, junto con el interés legal anual. No obstante, el saldo deudor resultante podrá ser reducido cuando la Administración acreedora aprecie y cuantifique la relevancia de los beneficios indirectos o del interés social generados durante la vigencia del contrato.

TÍTULO VIII

Los órganos consultivos en el ámbito agrario

CAPÍTULO I

Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX)

Artículo 289.Naturaleza y adscripción del Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX).

1. El Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX) es el órgano colegiado permanente de participación, asesoramiento, diálogo y consulta de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia agraria.

2. El Consejo Asesor Agrario de Extremadura estará adscrito a la Consejería con competencias en materia agraria. Se regirá por lo dispuesto en la presente ley y en las correspondientes normas reglamentarias que la desarrollen.

Artículo 290.Funciones.

El Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX) tendrá las siguientes funciones:

a) Informar sobre proyectos de normas con rango de ley en materia agraria.

b) Conocer e informar sobre las medidas de la política agraria común que sean sometidas a su consideración.

c) Informar sobre todos aquellos asuntos específicos en materia agraria que sean sometidos a su consideración.

d) Efectuar las sugerencias que se consideren convenientes respecto a aquellas políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de los profesionales agrarios y a la actividad agraria.

e) Informar periódicamente sobre la evolución de la situación social y económica en materia agraria.

f) Formular recomendaciones para la adopción de aquellas medidas que se estimen necesarias en orden a la mejora de la calidad de vida en materia agraria.

g) Proponer políticas que lleven a mejorar y a fomentar el empleo y la formación en materia agraria.

h) Impulsar la participación de las mujeres y los jóvenes en la actividad agraria así como, de aquellas otras que viven en el medio rural, en todas aquellas cuestiones relativas al sector agrario, y fomentar la cooperación con las administraciones competentes en la articulación de políticas de erradicación de las discriminaciones por motivo de género.

i) Cualesquiera otras que le puedan ser atribuidas reglamentariamente así como, en relación con los objetivos y finalidades que tiene encomendados.

Artículo 291.Composición y funcionamiento.

1. El Consejo Asesor Agrario de Extremadura, que podrá actuar en pleno o a través de grupos de trabajo, se compone de diez representantes nombrados por el titular de la Consejería con competencias en materia agraria, a propuesta de las organizaciones agrarias más representativas, de acuerdo con los resultados obtenidos en el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las citadas organizaciones regulado en el Capítulo III del presente Título.

Su composición deberá garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres en los términos previstos en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura.

2. El Presidente del Consejo Asesor Agrario será el titular de la Consejería con competencias en materia agraria que podrá ser sustituido por el titular de la Secretaría General de dicha Consejería.

3. Actuará como Secretario un funcionario de carrera, que pertenezca a cuerpos de titulados superiores clasificados en el subgrupo A1, designado por el titular de la Consejería, que actuará con voz pero sin voto.

4. Podrán asistir al Consejo Asesor Agrario, expertos en los asuntos objeto del orden del día, así como funcionarios de la Consejería con competencias en materia agraria o de otras Consejerías a solicitud del presidente, que actuarán con voz pero sin voto.

5. El mandato de los representantes del Consejo Asesor Agrario, tendrá una duración de cinco años. Las organizaciones agrarias podrán proponer al Presidente la sustitución de los representantes que las representen en cualquier momento de la vigencia de su mandato.

6. El mandato de los representantes se entenderá en funciones desde la celebración de la nueva consulta hasta el nombramiento de los nuevos representantes, que deberá hacerse en un plazo máximo de dos meses desde el día de celebración de la consulta.

7. El funcionamiento del Consejo no supondrá incremento del gasto público y será atendido con los medios materiales y de personal existentes en la Consejería con competencias en materia agraria.

Artículo 292.Requisitos de los representantes.

Las personas propuestas para ocupar los puestos de representantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Estar inscritos en el censo como electores.

b) Estar afiliados a la organización proponente.

c) No desempeñar un cargo o puesto en las Administraciones públicas relacionado con la agricultura, ganadería o silvicultura, ni haber sido inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas o estar separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración pública.

d) No haber sido sancionado por infracciones administrativas firmes en vía administrativa relacionadas con ayudas públicas, medio ambiente o agricultura, ganadería o silvicultura en los últimos cuatro años, ni estar condenados por sentencia firme por la comisión de delitos relacionados con dichas materias durante el período que dure la pena. No haber sido sancionado por infracciones muy graves en el orden social en materia de Seguridad Social reguladas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones

y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Artículo 293.Atribución de representantes.

El número de representantes que le corresponde a cada Organización profesional Agraria en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura se determinará por el siguiente procedimiento, una vez realizada la consulta regulada en el Capítulo III del presente Título:

a) Las candidaturas se ordenan por el número de votos obtenidos de mayor a menor en una columna.

b) Se divide el número de votos obtenido por cada candidatura por números enteros consecutivos ordenados del uno al diez.

c) Se atribuye el primer representante a la candidatura que haya obtenido el mayor número de votos en la tabla resultante y el segundo y sucesivos, a la candidatura que obtenga el siguiente cociente mayor, atendiendo a un orden decreciente, hasta completar el número de representantes establecido. En caso de empate, el representante se atribuirá a la que mayor número total de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos candidaturas con igual número total de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa.

Artículo 294.Escisión, fusión y extinción de las organizaciones y disolución de coaliciones.

1. En caso de escisión de parte de una organización agraria, la organización escindida perderá la representatividad derivada de la consulta y quedará excluida del Consejo Asesor Agrario.

2. En caso de fusión de organizaciones, la organización resultante ostentará en el Consejo Asesor Agrario la suma de los representantes de las organizaciones fusionadas y sumará la representatividad de las preexistentes.

3. En caso de extinción de la organización, las restantes organizaciones acrecerán de forma proporcional en la representatividad que tengan asignada como resultado de la consulta. El reparto de asientos en el Consejo Asesor Agrario, se efectuará de nuevo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

4. En caso de disolución de una coalición, las organizaciones preexistentes conservarán el grado de representatividad obtenido en la consulta imputando a cada una de ellas el porcentaje del mismo que pactaron en sus acuerdos de asociación y, en ausencia de éstos, se imputará la representación a partes iguales entre las organizaciones resultantes. Se procederá a un nuevo reparto de asientos en el Consejo Asesor Agrario conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

CAPÍTULO II

Comité Asesor Agroalimentario de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CADECAEX)

Artículo 295.Naturaleza y adscripción del Comité Asesor Agroalimentario de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. El Comité Asesor Agroalimentario de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CADECAEX), es el órgano consultivo adscrito a la Consejería con competencias en materia agraria, cuya finalidad es la de asesorar a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia agroalimentaria.

2. Se regirá por lo dispuesto en la presente ley y, en las correspondientes normas reglamentarias que la desarrollen.

Artículo 296.Composición.

1. El Comité estará presidido por el titular de la Consejería con competencias en materia agraria.

Su composición deberá garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres en los términos previstos en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura.

2. Estará integrado, de forma paritaria, por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas a nivel autonómico, de las asociaciones más representativas del cooperativismo agrario y de la industria agroalimentaria con mayor implantación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de las organizaciones sindicales más representativas, de acuerdo con lo dispuesto con los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y de las organizaciones empresariales más representativas, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

3. Podrán incorporarse al Comité organizaciones de ámbito autonómico representativas de otros intereses y siempre que se traten temas que se refieran específicamente a su ámbito de actuación sectorial, en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 297.Funciones.

El Comité Asesor Agroalimentario de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CADECAEX), tendrá las siguientes funciones:

a) Informar sobre proyectos de normas con rango de ley en materia agroalimentaria que sean sometidos a su consideración.

b) Informar sobre todos aquellos asuntos específicos en materia agroalimentaria que sean sometidos a su consideración.

c) Asesorar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la definición de los objetivos de la política agroalimentaria.

d) Formular recomendaciones para la mejora de la competitividad de los productos agroalimentarios.

e) Proponer medidas para la promoción de políticas de calidad en el sector agroalimentario extremeño.

f) Proponer medidas de fomento de la investigación para promover el desarrollo y la innovación en el sector, e incentivar la participación activa de las empresas en las actividades de investigación, desarrollo e innovación.

g) Proponer políticas que lleven a mejorar y fomentar el empleo y la formación en el sector agroalimentario.

h) Cualesquiera otras que le puedan ser atribuidas reglamentariamente así como en relación con los objetivos y finalidades que tienen encomendados.

CAPÍTULO III

Procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura

Artículo 298.Objeto.

Se regula al amparo del presente capitulo, el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas, con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 299.Determinación de la representatividad.

1. La representatividad de las organizaciones agrarias se determinará mediante consulta entre quienes tengan la condición de electores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 307 de la presente ley.

2. La Comunidad Autónoma de Extremadura convocará cada cinco años una nueva consulta para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias mediante Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería con competencias en materia agraria y previa consulta a las organizaciones profesionales agrarias con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 300.Consulta.

1. La consulta para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias se efectuará en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, contabilizándose a tal efecto los votos obtenidos por cada organización profesional agraria en dicho ámbito.

2. Una vez efectuada la convocatoria, la consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias se celebrará a los cincuenta y siete días de la fecha de inicio del proceso de consulta, de acuerdo con el cronograma que se adjunta en el artículo 313.

Artículo 301.Organización de la consulta.

Para la puesta en marcha del procedimiento de consulta se constituirán los órganos que se determinan a continuación, que se encargarán de gestionar todo el proceso con objetividad, transparencia e igualdad:

a) Comisión Central.

b) Juntas Provinciales.

c) Mesas de consulta.

Artículo 302.Comisión Central.

1. La Comisión Central tendrá su sede en la Consejería con competencias en materia agraria y velará por el correcto desarrollo de la consulta, resolverá las reclamaciones, interpretará las normas que regulan la consulta y dictará instrucciones para su cumplimiento por los órganos que participan en el desarrollo del proceso de consulta.

2. Estará formada por cinco miembros, uno de ellos, será un Alto Cargo de la Consejería, que ostentará el cargo de Presidente y los otros cuatro vocales han de ser empleados públicos que presten servicios en la Consejería con competencias en materia agraria.

Uno de los vocales que ostenten la condición de empleado público realizará las funciones de Secretario y, al mismo, le corresponderá custodiar la documentación que corresponda a la Comisión Central.

Artículo 303.Juntas Provinciales.

1. Se creará, en cada una de las provincias de Cáceres y Badajoz, una Junta Provincial encargada de la constitución y funcionamiento de las Mesas y transmisión de los resultados.

Las Juntas Provinciales serán responsables de la coordinación del proceso de consulta en su territorio, de aplicar los criterios de la Comisión Central y de velar por el correcto funcionamiento de las Mesas.

2. Cada Junta Provincial estará integrada por cinco miembros. Uno de los cuales será Jefe de Servicio de la Consejería con competencias en materia agraria, que ostentará  el cargo de Presidente, y otros cuatro serán empleados públicos que presten servicios en la Consejería.

Uno de los cuatro vocales que ostente la condición de empleado público realizará las funciones de Secretario.

Artículo 304.Mesas de consulta.

1. Se constituirá, al menos, una Mesa de consulta en cada municipio o agrupación de municipios en función del censo de la demarcación provincial correspondiente.

La Comisión Central publicará la relación de Mesas y su ubicación a los diez días del inicio de la consulta.

Las Mesas estarán formadas por cinco vocales, seleccionados aleatoriamente entre los electores que se encuentren inscritos en el censo de la Mesa correspondiente. Entre los vocales se designará un presidente. El representante de cada candidatura podrá designar un interventor, con voz y sin voto, entre los inscritos en el censo de la Mesa diez días antes de la votación.

2. Cada Mesa dispondrá de un censo de electores con derecho de voto ordenado alfabéticamente, en el que constarán los electores que han hecho uso del voto por correo. En cada Mesa existirá un número de papeletas al menos igual a su censo por cada organización candidata. El modelo de papeleta será único, y será aprobado por la Comisión Central.

El día de la consulta se constituirán las Mesas a las 8:00 horas en los lugares dispuestos para ello, levantando acta de este hecho y las circunstancias que se hayan producido. Las Mesas permanecerán abiertas desde las 8:00 horas hasta las 20:00 horas.

Artículo 305.Nombramiento de los miembros de la Comisión Central y de las Juntas Provinciales.

El nombramiento del Presidente y de los Vocales de la Comisión Central y de las Juntas Provinciales, así como la designación de cuál de ellos realizará las funciones de Secretario, será realizado a través del Decreto de convocatoria del procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las Organizaciones Agrarias Profesionales con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 306.Circunscripción del procedimiento de consulta.

La circunscripción para celebrar el procedimiento de consulta para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias será única.

Artículo 307.Electores.

1. Tendrán derecho a participar en la consulta las personas físicas y jurídicas que, dedicándose a la agricultura, la ganadería o la silvicultura como actividad económica habitual, estén inscritas en el censo a que se refiere el artículo 309.

2. Los electores podrán ejercer su derecho a participar en el proceso mediante el procedimiento que estimen más conveniente, bien de modo presencial, en la Mesa correspondiente a su demarcación territorial, o por correo postal. Ningún elector puede participar mas de una vez en una misma consulta.

3. Los electores que opten por ejercer el voto por correo, deberán solicitarlo a la Junta Provincial correspondiente al lugar de empadronamiento del agricultor o al domicilio social de la persona jurídica, por escrito, al menos veintidós días antes de la celebración de la consulta. Para ello, el elector personalmente formalizará la solicitud en la oficina de Correos acreditando su identidad ante el empleado de la oficina.

4. La Junta provincial, previa revisión de la documentación presentada, remitirá al peticionario por correo certificado y urgente la documentación oportuna antes de diez días de la consulta. Dicha documentación, debidamente cumplimentada, se remitirá por

correo certificado y urgente a la Junta Provincial respectiva con la antelación suficiente para que se reciba el día anterior al de la consulta.

Artículo 308. Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas.

1. Son organizaciones agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un diez por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Las Organizaciones Profesionales Agrarias que alcancen la condición de más representativas participarán en la composición del CAEX y del CADECAEX a través de los representantes que determinen, de acuerdo con el resultado obtenido en el procedimiento de consulta.

Artículo 309.Censo.

1. La Consejería con competencias en materia agraria elaborará un censo, ordenado por provincias, con carácter previo a la convocatoria para el procedimiento de consulta, para lo que atribuirá tal competencia a la Secretaría General de la citada Consejería, que se encargará de ello, con denominación de «Dirección del Censo». El censo incluirá a las personas físicas o jurídicas que acrediten su dedicación a la agricultura, la ganadería o la silvicultura como actividad económica habitual y reúnan los demás requisitos dispuestos en el presente artículo.

2. El censo incluirá de oficio, recabando para ello la Dirección del Censo la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), a las personas físicas que posean vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Extremadura y que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Estar afiliadas a la Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social, siempre que no hayan obtenido una ayuda por cese anticipado en la actividad agraria.

b) Percibir pagos directos superiores a 5.000 euros, de acuerdo con los datos obrantes en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

3. Además, se incluirán en este censo, a su instancia, aquellos agricultores que declaren una renta procedente de actividades agrarias en un porcentaje igual o superior al 25 por ciento de su renta total, de acuerdo con los datos que ellos mismos suministren para su verificación o con los que se recaben de oficio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con su autorización previa expresa. En el caso de que la renta procedente de la actividad agraria sea por pagos directos exclusivamente, éstos deberán ser superiores a 5.000 euros.

4. El censo incluirá a las personas jurídicas que tengan su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Extremadura y que reúnan los siguientes requisitos y soliciten su inclusión:

a) Ser sociedades mercantiles cuyo objeto social único y exclusivo sea la actividad agraria.

b) Acreditar una facturación mínima de 10.000 euros en, al menos, uno de los dos ejercicios previos al de la convocatoria para la celebración de la consulta.

5. El censo, que será público, contendrá los siguientes datos de las personas físicas:

a) Nombre y apellidos.

b) Número de Identificación Fiscal (NIF).

c) Fecha de nacimiento.

d) Domicilio de empadronamiento.

En el caso de personas jurídicas, el censo contendrá:

a) La razón social.

b) El número de identificación fiscal.

c) El domicilio social.

d) Los datos personales del representante legal que ejercerá el derecho al voto de la sociedad.

6. El censo provisional elaborado de oficio se cerrará un mes antes de la fecha de publicación en el DOE del Decreto de convocatoria de la consulta y se publicará en todos los Ayuntamientos de cada provincia a fin de que se puedan comprobar las inscripciones y presentar las reclamaciones oportunas en el plazo de un mes desde su publicación. Además el censo será publicado en la página web institucional de la Consejería con competencias en materia agraria.

7. Las personas a que se refieren el párrafo segundo del apartado 2 y el apartado 4 que deseen ser inscritas en el censo deberán solicitarlo a la Dirección del Censo en el plazo máximo de un mes desde la publicación del censo provisional.

En el caso del apartado 3, la solicitud incluirá la declaración de ingresos y una autorización expresa para que la Dirección del Censo compruebe su veracidad en las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o bien, la autorización expresa para que aquellos se recaben de oficio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

8. El censo definitivo se publicará a los 10 días de la fecha de inicio del proceso de consulta. Las personas que no consten inscritas en el censo y se consideren con derecho a participar en la consulta podrán reclamar ante la Dirección del Censo en el plazo de diez días desde su publicación. El plazo para resolver y notificar las reclamaciones será de cinco días y la resolución podrá ser recurrida en tres días ante el Consejero con competencia en materia de agricultura cuya resolución, que se notificará en tres días, pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 310.Organizaciones agrarias candidatas.

1. Las organizaciones agrarias que se presenten a la consulta deberán tener implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura y cumplir los requisitos del artículo 5, apartado 6.

Las mismas aportarán, con la candidatura, la inscripción en el registro público competente, los estatutos de la organización, los acuerdos de integración de coalición en su caso con otras organizaciones agrarias, el nombre del responsable de la candidatura y la dirección a efectos de notificaciones, que se podrán realizar mediante correo electrónico.

2. Las organizaciones agrarias que deseen concurrir a esta consulta deberán presentar sus candidaturas en el plazo de diez días desde la fecha de anuncio de la convocatoria. En el plazo de siete días la Comisión Central notificará a las candidaturas las admitidas y las inadmitidas. Los representantes de las candidaturas podrán interponer recurso ante la Comisión Central en el plazo de siete días desde que reciban la notificación, reclamación que será resuelta y notificada en el plazo de siete días.

3. La publicación de las candidaturas admitidas se verificará en el plazo de cuarenta días desde la fecha de inicio del proceso de consulta establecido en la orden de convocatoria. La lista de organizaciones agrarias candidatas se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y en la web institucional de la Consejería competente en materia agraria, con el nombre completo y sus siglas. Contra esta publicación podrán interponerse los recursos ordinarios que procedan.

Artículo 311.Escrutinio.

El escrutinio en las Mesas de consulta se llevará a cabo una vez terminada la votación presencial de los miembros de la Mesa y los interventores mediante el siguiente procedimiento:

a) La Junta Provincial entregará los votos recibidos por correo al presidente de la Mesa, que procederá a introducir en la urna los sobres que contengan las papeletas de voto remitidas, verificando antes la existencia de la certificación que debe acompañar a cada una, que el elector se halla inscrito en el censo y que no ha votado de forma presencial, en cuyo caso se anulará el voto por correo, anotándose todas estas circunstancias en acta.

b) Se abrirá cada urna y comenzará el escrutinio público, extrayendo una a una las papeletas y leyendo en alta voz el nombre de las candidaturas votadas. El presidente pondrá de manifiesto cada papeleta a los vocales e interventores una vez leída y preguntará si hay alguna observación o reclamación, resolviéndolas por mayoría, si las hubiera.

c) Hecho el recuento de votos se confrontará el número total de papeletas con el de votantes contados, se anotarán en acta los resultados, todas las incidencias y las reclamaciones sobre el escrutinio, si las hubiera.

d) Finalizadas estas operaciones el presidente anunciará en voz alta su resultado, especificando el número de personas censadas, el número de votantes, el de papeletas válidas, el de papeletas nulas, el de papeletas en blanco y el de votos obtenidos por cada candidatura.

Las papeletas se destruirán en presencia de los asistentes con excepción de aquellas a las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán al acta.

e) El presidente de la Mesa y todos los miembros firmarán el acta de la sesión que junto al acta de constitución se introducirá en un sobre con la documentación que proceda, siendo firmado por el presidente y los Interventores. Esta documentación se entregará a continuación al responsable de la Junta Provincial, que la trasladará a la Comisión Central.

f) El escrutinio general se realizará el tercer día siguiente al de la votación por la Comisión Central. Los representantes disponen de un plazo de tres días para presentar las reclamaciones, que sólo podrán referirse a lo recogido en las actas de constitución y sesión de las Mesas. La Comisión Central resolverá sobre las mismas en el plazo de diez días y proclamará los resultados.

Artículo 312.Disposiciones generales sobre la consulta.

1. Las candidaturas presentadas serán publicadas en la web institucional de la Consejería con competencias en materia agraria. Igualmente se publicará la ubicación de las Mesas y las localidades que agrupará cada Mesa. Las comunicaciones y las consultas se podrán realizar por medios telemáticos.

2. Los datos personales que figuren en el censo sólo podrán ser utilizados por los órganos previstos en esta ley y para los fines de la consulta que se incorporen a ficheros creados mediante Orden de la Consejería conforme Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La publicidad se limitará a los lugares establecidos y en la forma y por el tiempo necesario para que los electores puedan comprobar y rectificar sus datos. Se facilitará copia del censo, en soporte informático, a las organizaciones agrarias admitidas como candidatas en el proceso. La información estadística será pública.

3. Los plazos establecidos se entenderán siempre referidos a días naturales y en todo lo no expresamente regulado en materia de procedimiento será aplicable la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 313.Cronograma de la consulta.

El procedimiento de consulta se ajustará al siguiente cronograma:

Fecha	Plazo
D	Día de inicio del proceso de consulta que especifique la convocatoria.
D+3	Constitución de la Comisión Central.
D+7	Constitución de las Juntas Provinciales.
D+10	Publicación de la relación de Mesas.
D+10	Publicación del censo.
D+10	Final de presentación de candidaturas.
D+14	Reclamaciones contra la delimitación de Mesas.
D+17	Notificación de no admisión de candidatura.
D+20	Final de reclamaciones contra el censo.
D+20	Final de presentación de autorización AEAT.
D+25	Notificación de las reclamaciones contra el censo.
D+27	Final del plazo de reclamaciones contra la inadmisión de candidaturas.
D+28	Recurso contra las resoluciones sobre el censo.
D+31	Notificación de las resoluciones de recursos sobre el censo.
D+34	Resolución recursos de inadmisión de candidaturas.
D+35	Resolución de reclamaciones contra el censo.
D+35	Final del plazo para solicitar voto por correo.
D+40	Publicación de las candidaturas admitidas.
D+47	Final plazo para remitir la documentación para votar por correo.
D+47	Fin del plazo para designar interventores.
D+56	Recepción del voto por correo.
D+57	Votación.
D+60	Escrutinio general.
D+63	Reclamaciones al escrutinio.
D+73	Resolución de reclamaciones al escrutinio.

DOE num. 123 martes, 28 de junio 2016

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

Agricultura.- Ley 6/2016, de 24 de junio, de modificación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, agraria de Extremadura

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en su título VIII, relativo a los órganos consultivos en el ámbito agrario, capítulo III, reguló un proceso de consulta a través del cual se renovará periódicamente la condición de mayor representatividad de las organizaciones agrarias, sin perjuicio de determinar un régimen transitorio hasta la convocatoria del mismo.

A través de la presente ley se persigue como objetivo fundamental el promover la mayor participación en un procedimiento que, más que consulta, tiene un indudable contenido electoral, reforzando la calidad democrática del mismo mediante, de un lado, el acercamiento máximo de la administración electoral representada por las mesas a quienes ostentan el derecho a voto, muy particularmente en pequeños núcleos de población; y, de otro, ampliando el abanico de posibles electores, especialmente entre las personas físicas que, ya sea con carácter exclusivo, ya como complemento de renta, se dedican a la actividad agrícola, ganadera o forestal.

De esta manera, se empieza por cambiar la denominación del procedimiento, que deja de denominarse de “consulta” para pasar a llamarlo conforme a su verdadera naturaleza, es decir “procedimiento electoral”, lo que nos lleva a modificar la práctica totalidad del articulado del capítulo III del título VIII, a efectos puramente nominativos.

Se han introducido medidas de discriminación positiva para fomentar la participación de las mujeres en la composición de los órganos electorales garantizando con ello la no discriminación por razón de sexo, tendiendo en su composición a conseguir una presencia equilibrada de hombres y mujeres.

Por lo que se refiere a las mesas electorales, y teniendo en cuenta que la mayor parte de las entidades locales menores y pedanías de la comunidad autónoma acogen a posibles electores por tener una población dedicada mayoritariamente al sector primario, se prevé la posibilidad de su constitución no sólo en municipios, sino también en otros núcleos de población, permitiendo la posibilidad de agrupar éstos en función del censo de electores con derecho al voto, de manera que se constituirán en los municipios y núcleos de población con un mínimo de diez electores censados, sin perjuicio de la posibilidad de la agrupación de éstos en aquellos casos en que no se alcance ese número mínimo de electores de acuerdo con criterios de proximidad y comunicación.

Por lo que se refiere al censo electoral de electores con derecho a voto, se modifica el artículo 309 de la Ley 6/2015 a efectos de garantizar la más veraz  representación de quienes se dedican al sector primario; de este modo, y en referencia a las personas físicas, se toma como referencia su registro de actividad en calidad de autónomos en la Tesorería General de la Seguridad Social, y respecto de las personas jurídicas se elimina el requisito de acreditar una facturación mínima de 10.000 euros, declarando que también podrán ser electores aquellas sociedades mercantiles que sin tener como objeto social único y exclusivo la actividad agraria, acrediten el ejercicio de estas actividades en un mínimo del 50 por ciento sobre su actividad total, estableciéndose un sistema de control para evitar, al amparo de una personalidad jurídica, que una misma persona pueda votar en repetidas ocasiones.

Finalmente se procede a determinar el régimen sancionador estableciendo que, a efectos sancionadores, se entenderá de aplicación el régimen previsto en el capítulo III de la Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, o en la normativa que la sustituya, atribuyéndose la potestad sancionadora a la Comisión Central.

La Comunidad Autónoma de Extremadura actúa en ejercicio de las competencias exclusivas sobre especialidades del procedimiento administrativo reconocidas en el artículo 9, apartado primero, subapartado 5, del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Artículo único. Se modifica el capítulo III del título VIII, de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, que queda redactado en los siguientes términos:

“CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO ELECTORAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Artículo 298. Objeto.

Al amparo del presente capítulo, se regula el procedimiento electoral para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas, con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 299. Determinación de la representatividad.

1. La representatividad de las organizaciones agrarias se determinará mediante procedimiento electoral entre quienes tengan la condición de electores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 307 de la presente ley.

2. La Comunidad Autónoma de Extremadura convocará cada cinco años un nuevo procedimiento electoral para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias mediante decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería con competencias en materia agraria y previa consulta a las organizaciones profesionales agrarias con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 300. Procedimiento electoral.

1. El procedimiento electoral para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias se efectuará en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, contabilizándose a tal efecto los votos obtenidos por cada organización profesional agraria en dicho ámbito.

2. Una vez efectuada la convocatoria, el procedimiento electoral para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias se celebrará a los cincuenta y siete días de la fecha de inicio del procedimiento electoral, de acuerdo con el cronograma que se adjunta en el artículo 313.

Artículo 301. Organización del procedimiento electoral.

1. Para la puesta en marcha del procedimiento electoral se constituirán los órganos que se determinan a continuación, que se encargarán de gestionar todo el proceso con objetividad, transparencia e igualdad:

• a) Comisión Central.
• b) Juntas provinciales.
• c) Mesas electorales.

2. En el nombramiento de los miembros de los órganos electorales debe preverse la designación de suplentes.

3. En la composición de los órganos electorales se debe garantizar la no discriminación por razón de sexo en su composición y la introducción de medidas de acción positiva para fomentar la participación de las mujeres, tendiendo a conseguir una presencia equilibrada de hombres y mujeres salvo en aquellas designaciones que se realicen por sorteo en los casos previstos de manera expresa en el proceso electoral.

Artículo 302. Comisión Central.

1. La Comisión Central tendrá su sede en la consejería con competencias en materia agraria y velará por el correcto desarrollo del procedimiento electoral, resolverá las reclamaciones, interpretará las normas que regulan el procedimiento electoral, dictará instrucciones para su cumplimiento por los órganos que participan en el desarrollo del procedimiento electoral y ejercerá la potestad sancionadora derivada de la comisión de infracciones en el seno del procedimiento electoral en los términos que legalmente se establezcan.

2. Estará formada por cinco miembros. Uno de ellos será el director del Censo, que ostentará el cargo de presidente y los otros cuatro vocales serán designados de entre quienes ostenten la condición de empleados públicos que presten servicios en la Junta de Extremadura.

Asimismo, podrá formar parte, en calidad de observadores, con voz, pero sin voto, un representante de cada una de las organizaciones agrarias o coaliciones implantadas en Extremadura y que concurran a las elecciones.

Uno de los vocales que ostenten la condición de empleado público realizará las funciones de secretario y, al mismo, le corresponderá custodiar la documentación que corresponda a la Comisión Central.

Artículo 303. Juntas provinciales.

1. Se creará, en cada una de las provincias de Cáceres y Badajoz, una Junta Provincial encargada de la constitución y funcionamiento de las mesas y transmisión de los resultados.

Las Juntas provinciales serán responsables de la coordinación del proceso electoral en su territorio, de aplicar los criterios de la Comisión Central y de velar por el correcto funcionamiento de las mesas.

2. Cada Junta Provincial estará integrada por cinco miembros que ostenten la condición de empleados públicos que presten servicios en la Junta de Extremadura.

Uno de los cinco miembros ostentará el cargo de presidente y otro realizará las funciones de secretario, al cual le corresponderá custodiar la documentación de la Junta Provincial.

Asimismo, podrá formar parte, en calidad de observador, con voz, pero sin voto, un representante de cada una de las organizaciones agrarias o coaliciones que tengan implantación en la región y concurran a las elecciones.

Artículo 304. Mesas electorales.

1. Se constituirá, al menos, una Mesa Electoral en cada municipio, núcleo de población o agrupación de éstos en función del censo de la demarcación provincial correspondiente con la colaboración de las Administraciones Locales.

Las mesas electorales se constituyen en los municipios y núcleos de población con un mínimo de diez electores censados. Si no alcanzan dicho número mínimo, los electores de estas poblaciones ejercerán el derecho de voto en los municipios y núcleos de población que determine la Comisión Central de acuerdo con criterios de proximidad y comunicación.

Asimismo, los municipios o núcleos de población limítrofes que no lleguen a dicho número mínimo exigido, previa solicitud conjunta dirigida a la Comisión Central, pueden agruparse si juntos superan los quince electores, y la Comisión Central debe determinar en qué municipio se ubica la Mesa Electoral sobre la base de los mismos criterios de proximidad y comunicación.

La Comisión Central publicará la relación de mesas y su ubicación a los diez días del inicio del procedimiento electoral.

Las mesas estarán formadas por tres vocales, seleccionados aleatoriamente entre los electores que se encuentren inscritos en el censo de la Mesa correspondiente.

Entre los vocales se designará un presidente. El representante de cada candidatura podrá designar un interventor, con voz y sin voto, entre los inscritos en el censo de la Mesa diez días antes de la votación.

Con el objeto de velar por el adecuado desarrollo del proceso, podrá designarse en la Mesa Electoral un representante de la Administración entre aquellos que tengan la condición de empleado público al servicio de las Administraciones locales o de la Administración autonómica.

2. Cada Mesa dispondrá de un censo de electores con derecho de voto ordenado alfabéticamente, en el que constarán los electores que han hecho uso del voto por correo. En cada Mesa existirá un número de papeletas al menos igual a su censo por cada organización candidata. El modelo de papeleta será único y será aprobado por la Comisión Central.

El día de las elecciones se constituirán las mesas a las 8:00 horas en los lugares dispuestos para ello, levantando acta de este hecho y las circunstancias que se hayan producido.

Las mesas permanecerán abiertas desde las 8.00 horas hasta las 20.00 horas, salvo que con anterioridad haya votado la totalidad del censo en cuyo caso podrá procederse a su cierre con antelación a la hora establecida.

Artículo 305. Nombramiento de los miembros de Comisión Central y de las Juntas provinciales.

El nombramiento del presidente y de los vocales de la Comisión Central y de las Juntas provinciales, así como la designación de quien desempeñe las funciones de secretario, será realizado a través del decreto de convocatoria del procedimiento electoral para la determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias profesionales con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 306. Circunscripción del procedimiento electoral.

La circunscripción para celebrar el procedimiento electoral para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias será única.

Artículo 307. Electores.

1. Tendrán derecho a participar en el procedimiento electoral las personas físicas, mayores de edad, y jurídicas que, dedicándose a la agricultura, la ganadería o la silvicultura como actividad económica, estén inscritas en el censo a que se refiere el artículo 309.

En aquellos casos en los que la titularidad de una explotación sea compartida, cualquiera de las personas físicas, mayores de edad, titulares de la misma podrá ejercitar individualmente su derecho a participar en el procedimiento electoral siempre que reúna los requisitos previstos en el párrafo anterior.

2. Los electores podrán ejercer su derecho a participar en el proceso mediante el procedimiento que estimen más conveniente, bien de modo presencial, en la Mesa correspondiente a su demarcación territorial, o por correo postal. Ningún elector puede participar más de una vez en un mismo procedimiento electoral.

3. Los electores que opten por ejercer el voto por correo deberán solicitarlo a la Junta Provincial correspondiente al lugar de empadronamiento del agricultor o al domicilio social de la persona jurídica, por escrito, al menos veintidós días antes de la celebración de las elecciones. Para ello, el elector personalmente formalizará la solicitud en la Oficina de Correos acreditando su identidad ante el empleado de la oficina.

4. La Junta provincial, previa revisión de la documentación presentada, remitirá al peticionario por correo certificado y urgente la documentación oportuna antes de diez días de las elecciones. Dicha documentación, debidamente cumplimentada, se remitirá por correo certificado y urgente a la Junta Provincial respectiva con la antelación suficiente para que se reciba el día anterior al de las elecciones.

Artículo 308. Organizaciones profesionales agrarias más representativas.

1. Se consideran más representativas las organizaciones profesionales agrarias o coaliciones de éstas que obtengan, al menos, un quince por ciento de los votos válidos emitidos en el procedimiento electoral en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura. A los efectos de determinar la representatividad, se entienden por votos válidos los votos obtenidos por la totalidad de las candidaturas.

2. Las organizaciones profesionales agrarias que alcancen la condición de más representativas participarán en la composición del CAEX y del CADECAEX a través de los representantes que determinen, de acuerdo con el resultado obtenido en el procedimiento electoral.

Artículo 309. Censo.

1. La consejería con competencias en materia agraria elaborará un censo, ordenado por provincias, con carácter previo a la convocatoria para el procedimiento electoral, para lo que atribuirá tal competencia a la Secretaría General de la citada consejería, que se encargará de ello, con denominación de «Dirección del Censo». El censo incluirá a las personas físicas, mayores de edad, o jurídicas que acrediten su dedicación a la agricultura, la ganadería o la silvicultura como actividad económica y reúnan los demás requisitos dispuestos en el presente artículo.

2. El censo incluirá de oficio, recabando para ello la Dirección del Censo la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), a las personas físicas, mayores de edad, que posean vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Extremadura y estén afiliadas a la Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social, siempre que no hayan obtenido una ayuda por cese anticipado en la actividad agraria.

3. El censo incluirá a las personas jurídicas que tengan su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Extremadura, siempre que las mismas soliciten su inclusión y que reúnan el requisito de ser sociedad mercantil cuyo objeto social sea la actividad agraria y acrediten el ejercicio de estas actividades en un mínimo del 50 por ciento sobre su actividad total referido al ejercicio cerrado inmediatamente anterior, de acuerdo con las cuentas anuales depositadas en el registro oficial correspondiente u otros documentos probatorios que puedan acreditar tal circunstancia.

Además de lo anterior, y a efectos de su inclusión en el censo, junto con la solicitud, deberán aportar certificación del Registro Mercantil en el que conste la razón social, el número de identificación fiscal, el domicilio social, el nombre, apellidos y número de identificación fiscal (NIF) del representante legal que ejercerá el derecho al voto de la sociedad y su objeto social.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los representantes de sociedades mercantiles unipersonales que cumplan los requisitos para su inclusión en el censo como personas jurídicas, cuando aquellos reúnan también los requisitos para su inclusión en el censo como personas físicas, sólo podrán participar una vez en el procedimiento electoral, a su elección, bien como persona física o bien en representación de la sociedad mercantil unipersonal.

Asimismo, cuando coincidan la totalidad de los miembros de los órganos de administración en dos o más sociedades mercantiles, sólo una de las personas jurídicas afectadas podrá ser incluida en el censo y participar en el proceso electoral.

En el momento de solicitar su inclusión, además de la documentación prevista en el apartado 4, los representantes de las personas jurídicas en las que se produzca alguna de las circunstancias previstas en los dos párrafos anteriores deberán presentar declaración jurada en la que describan su situación y opten por solicitar la inscripción en el censo como persona física o jurídica determinada. En el caso de que soliciten su inscripción en el censo como persona jurídica serán dados de baja en el censo de personas físicas cuando formen parte del mismo.

5. El censo, que será público, contendrá los siguientes datos de las personas físicas:

• a) Nombre y apellidos.
• b) Número de identificación fiscal (NIF).
• c) Fecha de nacimiento.
• d) Domicilio de empadronamiento.

En el caso de personas jurídicas, el censo contendrá:

• a) La razón social.
• b) El número de identificación fiscal.
• c) El domicilio social.
• d) El nombre, apellidos y número de identificación Fiscal (NIF) del representante legal que ejercerá el derecho al voto de la sociedad.

6. El censo provisional elaborado de oficio se cerrará por resolución del director del censo que será publicada en el DOE al menos dos meses antes de la fecha de publicación en el DOE del decreto de convocatoria del procedimiento electoral y se publicará en todos los ayuntamientos de cada provincia a fin de que se puedan comprobar las inscripciones y presentar las reclamaciones oportunas en el plazo de quince días desde la publicación en el citado diario oficial de la resolución del director del Censo. Además, el censo será publicado en la página web institucional de la consejería con competencias en materia agraria.

7. Las personas a que se refieren los apartados 3 y 4 que deseen ser inscritas en el censo deberán solicitarlo a la Dirección del Censo en el plazo máximo de quince días desde la publicación en el DOE de la resolución del director del Censo a la que se refiere el apartado anterior.

En el caso del apartado 3, la solicitud incluirá la declaración de ingresos y una autorización expresa para que la Dirección del Censo compruebe su veracidad en las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o bien, la autorización expresa para que aquellos se recaben de oficio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

8. El censo definitivo se publicará a los diez días de la fecha de inicio del procedimiento electoral. Las personas que no consten inscritas en el censo y se consideren con derecho a participar en el procedimiento electoral, podrán reclamar ante la Dirección del Censo en el plazo de diez días desde su publicación. El plazo para resolver y notificar las reclamaciones será de diez días y la resolución podrá ser recurrida en tres días ante el consejero con competencia en materia de agricultura cuya resolución, que se notificará en cinco días, pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 310. Organizaciones profesionales agrarias candidatas.

1. Las organizaciones profesionales agrarias o coaliciones de éstas que se presenten al procedimiento electoral deberán tener implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura y cumplir los requisitos del artículo 5, apartado 6.

Las mismas aportarán, con la candidatura, la inscripción en el registro público competente, los estatutos de la organización, los acuerdos de integración de coalición en su caso con otras organizaciones profesionales agrarias, el nombre del responsable de la candidatura y la dirección a efectos de notificaciones, que se podrán realizar mediante correo electrónico.

2. Las organizaciones profesionales agrarias que deseen concurrir a este procedimiento electoral deberán presentar sus candidaturas en el plazo de diez días desde la fecha de anuncio de la convocatoria. En el plazo de siete días la Comisión Central notificará a las candidaturas la admisión o inadmisión en el procedimiento electoral. Los representantes de las candidaturas podrán interponer recurso ante la Comisión Central en el plazo de siete días desde que reciban la notificación. Dicho recurso será resuelto y notificado en el plazo de siete días.

3. La publicación de las candidaturas admitidas se verificará en el plazo de cuarenta días desde la fecha de inicio del proceso electoral establecido en la orden de convocatoria. La lista de organizaciones agrarias candidatas se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y en la web institucional de la consejería competente en materia agraria, con el nombre completo y sus siglas. Contra esta publicación podrán interponerse los recursos ordinarios que procedan.

Artículo 311. Escrutinio.

El escrutinio en las mesas del procedimiento electoral se llevará a cabo una vez terminada la votación presencial de los miembros de la Mesa y los interventores mediante el siguiente procedimiento:

• a) La Junta Provincial entregará los votos recibidos por correo al presidente de la Mesa, que procederá a introducir en la urna los sobres que contengan las papeletas de voto remitidas, verificando antes la existencia de la certificación que debe acompañar a cada una, que el elector se halla inscrito en el censo y que no ha votado de forma presencial, en cuyo caso se anulará el voto por correo, anotándose todas estas circunstancias en acta.
• b) Se abrirá cada urna y comenzará el escrutinio público, extrayendo una a una las papeletas y leyendo en alta voz el nombre de las candidaturas votadas. El presidente pondrá de manifiesto cada papeleta a los vocales e interventores una vez leída y preguntará si hay alguna observación o reclamación, resolviéndolas por mayoría, si las hubiera.
• c) Hecho el recuento de votos, se confrontará el número total de papeletas con el de votantes contados, se anotarán en acta los resultados, todas las incidencias y las reclamaciones sobre el escrutinio, si las hubiera.
• d) Finalizadas estas operaciones, el presidente anunciará en voz alta su resultado, especificando el número de personas censadas, el número de votantes, el de papeletas válidas, el de papeletas nulas, el de papeletas en blanco y el de votos obtenidos por cada candidatura. Las papeletas se destruirán en presencia de los asistentes con excepción de aquellas a las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán al acta.
• e) El presidente de la Mesa y todos los miembros firmarán el acta de la sesión que junto al acta de constitución se introducirá en un sobre con la documentación que proceda, siendo firmado por el presidente y los interventores. Esta documentación se entregará a continuación al responsable de la Junta Provincial, que la trasladará a la Comisión Central.
• f) El escrutinio general se realizará el tercer día siguiente al de la votación por la Comisión Central, que dictará resolución con los resultados provisionales. Los representantes disponen de un plazo de tres días para presentar las reclamaciones, que sólo podrán referirse a lo recogido en las actas de constitución y sesión de las mesas. La Comisión Central resolverá sobre las mismas en el plazo de diez días y proclamará los resultados definitivos, expresando el número total de votos obtenidos por cada candidatura y el porcentaje de representatividad.

Artículo 312. Disposiciones generales sobre el procedimiento electoral.

• 1. Las candidaturas presentadas serán publicadas en la web institucional de la consejería con competencias en materia agraria. Igualmente, se publicará la ubicación de las mesas y las localidades que agrupará cada Mesa. Las comunicaciones y las consultas se podrán realizar por medios telemáticos.
• 2. Los datos personales que figuren en el censo sólo podrán ser utilizados por los órganos previstos en esta ley y para los fines del procedimiento electoral que se incorporen a ficheros creados mediante orden de la consejería conforme Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La publicidad se limitará a los lugares establecidos y en la forma y por el tiempo necesario para que los electores puedan comprobar y rectificar sus datos. Se facilitará copia del censo, en soporte informático, a las organizaciones agrarias admitidas como candidatas en el proceso. La información estadística será pública.
• 3. Los plazos establecidos se entenderán siempre referidos a días naturales y en todo lo no expresamente regulado en materia de procedimiento será aplicable la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 313. Cronograma del procedimiento electoral.

El procedimiento electoral se ajustará al siguiente cronograma:

• Fecha Plazo D +0 Día de inicio del proceso electoral que especifique la convocatoria.
• D+3 Constitución de la Comisión Central.
• D+7 Constitución de las juntas provinciales.
• D+10 Publicación de la relación de mesas.
• D+10 Publicación del censo.
• D+10 Final de presentación de candidaturas.
• D+14 Reclamaciones contra la delimitación de Mesas.
• D+17 Notificación de no admisión de candidatura.
• D+20 Final de reclamaciones contra el censo.
• D+27 Final del plazo de reclamaciones contra la inadmisión de candidaturas.
• D+30 Notificación de las reclamaciones contra el censo.
• D+33 Recurso contra las resoluciones sobre el censo.
• D+34 Resolución recursos de inadmisión de candidaturas.
• D+38 Resolución de reclamaciones contra el censo.
• D+35 Final del plazo para solicitar voto por correo.
• D+40 Publicación de las candidaturas admitidas.
• D+47 Final plazo para remitir la documentación para votar por correo.
• D+47 Fin del plazo para designar interventores.
• D+56 Recepción del voto por correo.
• D+57 Votación.
• D+60 Escrutinio general.
• D+63 Reclamaciones al escrutinio.
• D+73 Resolución de reclamaciones al escrutinio.”

Disposición adicional primera. Régimen sancionador aplicable.

A efectos sancionadores, se entenderá de aplicación el régimen previsto en el capítulo III de la Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, o en la normativa que la sustituya.

Disposición adicional segunda.

Se añade un nuevo apartado 7 a la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, Reguladora del Consejo Consultivo de Extremadura, con el siguiente tenor: “7. Las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura ejercerán como competencia propia la colaboración con la Administración autonómica en la ejecución de políticas públicas de formación y empleo de su competencia, para favorecer y apoyar las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local que ésta promueva a través de las distintas modalidades subvencionales que establezca, sin que ello implique la traslación de nuevas obligaciones financieras a dichas entidades.”

Disposición transitoria única. Plazo de convocatoria del próximo procedimiento electoral.

El procedimiento electoral para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura se convocará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, y su celebración se realizará en el primer trimestre del siguiente año.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se deroga la disposición adicional decimoséptima de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.

Disposición final primera. Derecho supletorio.

En todos los aspectos relativos al procedimiento electoral no regulados en la Ley Agraria de Extremadura, y en particular los referidos al ejercicio del derecho de voto, la regularización del voto por correo, el escrutinio de los sufragios, la proclamación de los resultados, las atribuciones de puestos y todas aquellas cuestiones que tengan una incidencia directa o indirecta en el proceso electoral, se aplicará la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y la normativa que la desarrolle.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, que sea de aplicación esta ley, que cooperen a su cumplimiento y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la hagan cumplir.

En Mérida, a 24 de junio de 2016. El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara