Artículo 25. Promoción turística.

Se entiende por promoción turística el conjunto de actividades y medios a través de los cuales la Consejería competente en materia de turismo favorece la demanda de servicios turísticos y promueve campañas para difundir y potenciar a Extremadura como destino turístico de calidad.

Artículo 26. Objetivos de la Promoción Turística.

Son objetivos de la Promoción Turística:

a) El diseño de estrategias encaminadas al desarrollo y mejora de la planificación y gestión de los destinos turísticos extremeños, basadas en la corresponsabilidad público-privada, la participación social, la sostenibilidad y la adaptación a los nuevos requerimientos de la demanda.

b) El desarrollo de los planes y programas que promuevan la innovación, la calidad, la sostenibilidad y la competitividad de productos turísticos de alto valor añadido para las personas usuarias, así como el fomento de nuevas categorías de producto que contribuyan a la desestacionalización de la oferta.

c) El desarrollo y la ejecución de los planes para la promoción y apoyo a la comercialización de los productos turísticos extremeños en los mercados exteriores, mediante la utilización conjunta de los distintos instrumentos y medios de promoción turística y, especialmente, a través del aprovechamiento de las redes y tecnologías de la información y las comunicaciones.

d) La coordinación de las actividades promocionales con el Plan de Turismo de Extremadura.

Artículo 27. Actuaciones promocionales.

Las actuaciones promocionales comprenderán:

a) El diseño, la planificación y la ejecución de campañas de promoción turística de Extremadura.

b) La participación en ferias y certámenes relacionados con el sector turístico.

c) Organización y participación en jornadas de comercialización.

d) Elaboración de material promocional y publicitario.

e) La utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de la actividad turística.

f) La concertación de acciones conjuntas de promoción turística con otras Comunidades Autónomas, con la Administración General del Estado y con las Administraciones de otros Estados, en especial con la República Portuguesa.

g) Cualquier otro tipo de actividad promocional encaminada a la consecución de los objetivos de promoción.

Artículo 28. Extremadura como marca turística.

1. En la promoción de los recursos turísticos se impulsará la proyección interior y exterior del Destino Extremadura como marca turística global y de calidad que integra y respeta las demás marcas turísticas extremeñas.

2. La Administración de la Junta de Extremadura promocionará la imagen del Destino Extremadura como marca turística en los mercados que considere adecuados, reflejando la pluralidad de la oferta turística de la Comunidad Autónoma.

3. En el ejercicio de las funciones de coordinación que le corres ponden y en los términos establecidos por la legislación de régimen local, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá declarar obligatoria la inclusión del nombre «Extremadura», y de los logotipos y lemas que se establezcan, en las campañas de promoción impulsadas por las entidades locales extremeñas.

4. Será obligatoria la inclusión del nombre «Extremadura», y de los logotipos y lemas que se establezcan, en las campañas de promoción impulsadas por empresas y asociaciones turísticas financiadas con fondos públicos.

Artículo 29. Señalización turística.

La señalización turística en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura se ajustará a lo determinado en el Manual de Señalización Turística vigente en el momento de su implantación.

Sección 4.ª. Calidad turística.

Artículo 30. De la calidad turística.

1. La Administración Turística Autonómica fomentará y promoverá la calidad de los servicios y establecimientos para la satisfacción de las necesidades de las personas usuarias, lo que implicará, entre otras, las siguientes acciones:

a) Promover la corrección de las deficiencias de infraestructura, instalaciones y equipamientos turísticos.

b) Impulsar la prestación adecuada de los servicios turísticos.

c) Fomentar la profesionalización de las personas que trabajan en el sector, así como su acceso a la formación continua.

d) Apoyar la implantación y el mantenimiento de sistemas y controles de calidad.

e) Contribuir a la definición, elaboración y difusión de manuales de buenas prácticas y de calidad.

f) Fomentar e incentivar la cultura del detalle.

g) Fomentar la utilización equilibrada y sostenible de los recursos turísticos naturales.

h) Apoyar cualquier acción pública o de iniciativa privada dirigida a obtener la excelencia en la prestación de los servicios turísticos.

2. Facilitar a los prestadores de servicios y a las personas usuarias el acceso a distancia, por vía electrónica, a la información sobre el significado y los criterios de asignación de las etiquetas y otras marcas de calidad de los servicios turísticos de la región.

Artículo 31. Formación turística.

1. La Administración Autonómica, en colaboración con los agentes económicos y sociales, promoverá la formación profesional del sector turístico, así como el acceso a la formación continua de las trabajadoras y trabajadores, para la consecución de su cualificación, profesionalización y especialización.

2. La Administración prestará apoyo, mediante becas y otras ayudas, a la formación turística destinada a la adquisición de conocimientos en el uso de las nuevas tecnologías, a la iniciación y perfeccionamiento de lenguas extranjeras y a la formación de formadores, entre otros.

3. La Administración impulsará la suscripción de acuerdos y convenios con la Universidad de Extremadura para la elaboración de programas y planes de estudios en materia turística.

4. Asimismo, la Administración Autonómica impulsará que en las ofertas educativas complementarias se favorezca la inclusión de actividades relacionadas con el sector del turismo.

Artículo 32. Marcas de excelencia turística e incentivos a la calidad e innovación.

1. Corresponde a la Consejería competente en materia de turismo la elaboración del Reglamento, oído el Consejo de Turismo, que deberá ser aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en el que se determinen los requisitos y el procedimiento para la obtención de las marcas de excelencia turística de la Comunidad Autónoma.

2. La Consejería competente en materia de turismo podrá crear y otorgar distintivos de calidad y conceder medallas, premios y galardones en reconocimiento y estímulo a las actuaciones innovadoras a favor del turismo.

Artículo 33. Fiestas de interés turístico de Extremadura.

1. Se consideran Fiestas de Interés Turístico de Extremadura aquellos eventos que por su especial relevancia supongan una valorización de la cultura y de las tradiciones populares.

2. Las Fiestas de Interés Turístico de Extremadura podrán obtener el distintivo de calidad regulado en el artículo siguiente por las especiales características de dicha fiesta.

Artículo 34. Acontecimientos con relevancia turística.

La Administración Turística podrá otorgar un distintivo de calidad a aquellos acontecimientos y manifestaciones con especial relevancia turística que, suponiendo una valorización de la cultura y de las tradiciones, y por la peculiaridad o singularidad del acontecimiento en el conjunto de fiestas de la región, tengan un atractivo turístico especial.

CAPÍTULO IV

INFORMACIÓN Y PROFESIONES TURÍSTICAS

Artículo 35. Actividades informativas turísticas.

1. Tienen la consideración de actividades informativas turísticas todas aquellas encaminadas a la prestación habitual y profesional de servicios de información a las personas usuarias.

2. En cooperación y coordinación con las entidades locales y en colaboración con las asociaciones empresariales, órganos consultivos y cámaras de comercio, se adoptarán las medidas necesarias para impulsar sistemas e instrumentos de información turística de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 36. Red de Oficinas de Turismo de Extremadura.

1. La Red de Oficinas de Turismo de Extremadura constituye un sistema integrado y coordinado de información y atención a las personas usuarias. Las oficinas que la integran promoverán la imagen de Extremadura como marca turística, serán atendidas por personal cualificado y dispondrán de información, servicios y materiales homogéneos y suficientes para atender las demandas de las personas usuarias.

2. La Red de Oficinas de Turismo de Extremadura estará integrada por las oficinas de turismo de la Junta de Extremadura, por las de las Administraciones Provinciales y Locales y por todas las oficinas privadas, que se adhieran voluntariamente a la Red.

3. Las funciones, servicios, régimen y demás requisitos que deben cumplir las oficinas integradas en la Red de Oficinas de Turismo de Extremadura, así como las ayudas de la Administración de la Comunidad Autónoma a las que podrán acceder, se regularán reglamentariamente.

Artículo 37. Guías turísticos.

1. Los Guías turísticos son aquellas personas que, debidamente habilitadas, prestan de manera profesional y retribuida, servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y asistencia turística.

2. La actividad de los Guías turísticos será regulada reglamentariamente, con expresión de la habilitación que se exija, forma de obtenerla, conocimientos adecuados que se requieran y demás requisitos que redunden en beneficio de la calidad de su actividad.

3. El inicio de la actividad de Guía turístico o la prestación de esta clase de servicio estará sujeto al régimen de comunicación previa de inicio de actividad, conforme a lo establecido en el artículo 49.

Artículo 38. Informadores turísticos.

1. Los Informadores turísticos prestan, de manera habitual y retribuida, servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y asistencia en todas las demás materias que no estén reglamentariamente atribuidas a los Guías turísticos.

2. El inicio de la actividad de los Informadores turísticos o la prestación de esta clase de servicio estará sujeto al régimen de comunicación previa de inicio de actividad, conforme a lo establecido en el artículo 49.

TÍTULO II

EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 39. Tipos.

Las empresas turísticas pueden ser:

a) De alojamiento turístico.

b) De restauración.

c) De intermediación turística.

d) De actividades turísticas alternativas.

Artículo 40. Especialización.

Las empresas y actividades reguladas en el presente título podrán obtener de la administración turística el reconocimiento de una o más especializaciones en función de sus características y servicios, ubicación territorial u otras análogas.

Artículo 41. Derechos.

Las personas titulares de empresas turísticas gozarán de los derechos que a continuación se enumeran, con independencia de aquellos otros reconocidos por la normativa general:

a) Ejercer libremente su actividad, de conformidad con lo establecido en la presente ley y la normativa que les sea de aplicación.

b) Ser incluidas, con especificación del nombre, características y oferta específica, en catálogos, directorios, guías y demás servicios de información elaborados por las Administraciones Turísticas.

c) Participar en la planificación, programación y adopción de las decisiones de las Administraciones Turísticas, directamente o a través de las cámaras de comercio, asociaciones u organizaciones en las que se integren, de acuerdo con la legislación vigente.

d) Impulsar, a través de las cámaras de comercio a las que pertenezcan o de las asociaciones en que se integren, el desarrollo y la ejecución de programas de cooperación pública, privada y/o social, de interés general para el sector turístico.

e) Proponer, a través de sus cámaras de comercio a las que pertenezcan o de las asociaciones en que se integren, la realización de estudios, investigaciones y cualquier otra acción que pueda contribuir al fomento, la promoción y el desarrollo turístico.

f) Solicitar las ayudas, subvenciones e incentivos económicos que establezcan las Administraciones Públicas.

g) Acceder, en los términos establecidos por la legislación vigente, a toda la información relativa a la regulación de su actividad que les afecte, de forma presencial, telemática y a través de los servicios electrónicos existentes o que se establezcan en el futuro.

h) Ser inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas, o aquel que lo sustituya.

i) Recabar información y asesoramiento de la Administración Turística respecto de los requisitos técnicos que deben reunir los establecimientos y empresas turísticas, conforme lo dispuesto en el artículo 4 letra f).

j) Solicitar informe previo potestativo respecto de su adecuación en orden a la clasificación turística, en los términos establecidos en el artículo 51.

Artículo 42. Obligaciones.

Las personas titulares de empresas turísticas tienen las siguientes obligaciones:

a) Presentar ante la Administración Turística competente las declaraciones responsables y comunicaciones que sean necesarias de conformidad con la normativa específica reguladora de su actividad, comunicando, del mismo modo, los cambios que se produzcan en los datos facilitados.

b) Solicitar y disponer de las autorizaciones, licencias y otros documentos que, en su caso, sean necesarios, de conformidad con la normativa específica de los sectores que las regulan.

c) Disponer del Libro de Inspección Turística debidamente diligenciado que ha de reunir las características y requisitos que reglamentariamente se determinen y que estará a disposición de la Inspección turística en todo momento para reflejar las visitas e inspecciones que se lleven a cabo y sus circunstancias.

d) Informar a las personas usuarias sobre las condiciones de los servicios que ofrezcan, con carácter previo a su prestación, y dar la máxima publicidad al precio de los mismos.

e) Comunicar a la Consejería competente en materia de turismo los precios de los servicios ofertados antes de su aplicación y exhibirlos al público de modo permanente y totalmente visible.

f) Poner a disposición de las personas usuarias un número de teléfono, una dirección postal, número de fax o dirección de correo electrónico, con el fin de que éstas puedan dirigir sus reclamaciones o peticiones de información sobre el servicio prestado y comunicar su dirección legal si esta no coincide con su dirección habitual para la correspondencia, debiendo dar respuesta a tales reclamaciones en el plazo más breve posible y en cualquier caso antes de un mes desde que las mismas se hayan recibido por la persona prestadora, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

g) Contratar y reservar exclusivamente las plazas que puedan atender en las condiciones pactadas.

h) Cobrar y facturar los servicios prestados de acuerdo con los precios comunicados y expuestos.

i) Conservar las facturas o tiques durante cuatro años.

j) Anunciar en lugar fácilmente visible y de forma inequívoca la existencia de hojas de reclamaciones, y facilitar las mismas a las personas usuarias que las soliciten, con las explicaciones necesarias para su adecuada cumplimentación.

k) Proporcionar la información pertinente acerca de si está, o no, adherida al sistema extrajudicial de resolución de conflictos representado por el Sistema Arbitral del Consumo de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias o a otros organismos profesionales que ofrezcan sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos.

l) Facilitar a la Administración Turística competente la información y la documentación preceptivas para el correcto ejercicio de las atribuciones legales que le corresponden, tales como el control posterior al inicio de la actividad, y prestarle la colaboración necesaria en caso de inspección o de incoación de un expediente sancionador.

m) Facilitar a la Administración Turística competente la información y la documentación necesaria para la elaboración de estadísticas y estudios sobre el sector.

n) Velar por la formación continua de sus trabajadoras y trabajadores.

ñ) Prestar los servicios que ofrezcan con la máxima calidad, en los términos contratados y de acuerdo con la categoría del establecimiento turístico.

o) Procurar el buen funcionamiento de todas las instalaciones y servicios del establecimiento.

p) Cuidar de la seguridad, la comodidad, la tranquilidad y la intimidad de las personas usuarias y asegurarse de que reciben un buen trato por parte de todo el personal de la empresa.

q) No discriminar a las personas usuarias por razón de raza, lugar de procedencia, sexo, capacidad, orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

r) Garantizar la accesibilidad y la adaptación de las instalaciones de los establecimientos a las personas con discapacidad y/o dependientes, según lo dispuesto en la normativa aplicable.

s) Suscribir los seguros de responsabilidad profesional o civil obligatorios, fianzas u otra garantía equivalente, de conformidad con los artículos 10 y 21 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

t) Mantener vigentes y debidamente actualizados los seguros y fianzas u otra garantía equivalente exigidas por la normativa turística.

u) Presentar ante la Administración Turística la declaración responsable o comunicación previa en cuya virtud se opere el cambio de titularidad en la prestación del servicio o actividad, el cese temporal o parcial, la reanudación de actividad y el cambio de capacidad, categoría, modalidad o denominación.

v) Prestar los servicios que ofrezcan de acuerdo con el principio de sostenibilidad y velar por la preservación de los recursos turísticos de Extremadura.

Artículo 43. Accesibilidad.

Las empresas turísticas deberán cumplir con las exigencias de accesibilidad a establecimientos y entornos turísticos, así como a los instrumentos, equipos, tecnologías y productos turísticos que oferten, de conformidad con la normativa reguladora de la materia.

Artículo 44. Requisitos mínimos de infraestructura.

1. Los establecimientos turísticos quedan sujetos al cumplimiento de los requisitos mínimos en materia de infraestructura, seguridad y los relativos al medio ambiente que se determinen reglamentariamente, tanto en la normativa turística como los establecidos en cualquier otra normativa que les sea de aplicación.

2. La Consejería competente en materia turística podrá en cualquier momento requerir a las empresas turísticas la ejecución de obras de conservación, mejoras y adaptación, conforme con la normativa que les sea aplicable.

Artículo 45. Dispensa.

1. La Administración Turística podrá, excepcionalmente, previa solicitud de la persona titular del establecimiento, dispensar a los establecimientos regulados en la presente ley y en la normativa de su desarrollo, respecto del cumplimiento de determinados requisitos relativos a instalaciones, equipamientos y servicios o al cumplimiento de dimensiones y superficies siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que las condiciones medioambientales permitan sustituirlos.

b) Que las infraestructuras y equipamiento del edificio en que se ubiquen facilite que se presten supletoriamente o con medios ajenos al propio establecimiento.

c) Que motivos de carácter histórico, artístico y cultural resulten un obstáculo insalvable para el cumplimiento de alguno de los requisitos que se solicita dispensar.

2. Probadas suficientemente las circunstancias descritas en el apartado anterior, la dispensa requerirá de un informe técnico de la Administración turística que las avale.

Artículo 46. Complejos turísticos.

Son complejos turísticos aquellos conjuntos de establecimientos, con independencia de su titularidad, que responden a un proyecto unitario de explotación empresarial y se ubican dentro de una superficie delimitada.

Artículo 47. Apoyo económico a las empresas turísticas.

La Junta de Extremadura podrá establecer líneas de ayudas e impulsar el otorgamiento de subvenciones dirigidas a la modernización y mejora de la calidad, accesibilidad y sostenibilidad, entre otros, de las actividades turísticas.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES

Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 48. Régimen general.

1. La declaración responsable será el régimen general aplicable para el inicio y ejercicio de una actividad turística o para la prestación de servicios turísticos, sin que en ningún caso, la inscripción en el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas sea necesaria para el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de la actividad.

2. Las personas que vayan a iniciar y ejercer una actividad turística o prestar un servicio turístico deberán dirigir a la Administración Turística competente una declaración responsable, según lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Toda declaración responsable deberá contener, sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente, en atención a la naturaleza de la actividad turística o prestación del servicio turístico que se vaya a desarrollar, los siguientes extremos:

a) Datos identificativos de la persona que realiza la declaración o de quien la represente legalmente, acompañada de la copia de los documentos que acrediten su existencia e identidad.

b) Indicación de la actividad o actividades turísticas a ejercer, o de los servicios turísticos que se vayan a prestar, señalando tipo, modalidad y categoría y, en su caso, su especialización.

c) Cuando el ejercicio de la actividad o la prestación del servicio se realice a través de un establecimiento, se señalarán los datos que identifiquen el establecimiento, con indicación del nombre comercial, domicilio y modalidades de contacto, presenciales o a distancia, a través de medios postales y telefónicos, y, en su caso, telemáticos. Cuando el ejercicio de la actividad o prestación del servicio se efectúe por vía electrónica se deberá señalar obligatoriamente una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. En caso de ofrecer la actividad o prestar el servicio en uno o varios establecimientos físicos se acreditará, en su momento, su disponibilidad, así como el número de establecimientos cuya puesta en funcionamiento se pretende.

d) El compromiso de disponer de la documentación acreditativa de las circunstancias que se declaran a efectos de su comprobación por la Administración.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los campamentos de turismo y las zonas de acampada de titularidad pública deberán presentar una declaración previa de instalación, con anterioridad a la declaración responsable de inicio y ejercicio de la actividad y prestación del servicio, en los términos y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

5. La declaración responsable se limita al ámbito turístico y su aplicación se efectuará sin perjuicio de la obligatoriedad de someterse a los controles y autorizaciones establecidos en el resto del ordenamiento jurídico aplicable.

6. La presentación de la declaración responsable facultará para el inicio de una actividad o prestación de un servicio, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. Esta declaración permite acceder de manera indefinida al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, con excepción de los casos en que se establezca un plazo de caducidad para dicha declaración, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

7. La Administración turística tendrá a disposición de quien los solicite modelos públicos, actualizados en todo momento, de declaración responsable de conformidad con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 49. Comunicación previa.

1. En los casos en que esta ley señale, será suficiente una comunicación previa para el inicio de la actividad o prestación del servicio así como para otras comunicaciones a la Administración, que tendrá a disposición de quien los solicite modelos públicos, actualizados en todo momento, de comunicación previa, de conformidad con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En ningún caso, la inscripción en el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas será necesaria para el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de la actividad.

Artículo 50. Prestación por profesionales y empresas turísticas acreditados por otras Administraciones.

1. Las empresas turísticas establecidas en otras Comunidades Autónomas, en Estados miembros de la Unión Europea, o en Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, acogiéndose a la libre prestación de servicios, desempeñen de manera temporal u ocasional su actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura podrán hacerlo sin restricción alguna, presentando una comunicación ante la autoridad competente en materia de turismo, con indicación de las fechas durante las cuales realizarán la prestación, con la finalidad de establecer la temporalidad o habitualidad en el ejercicio de la actividad.

2. Excepcionalmente y sólo por razones justificadas de orden público, de seguridad pública, salud pública o de protección del medioambiente, suficientes y debidamente motivadas, se podrán establecer requisitos a la prestación ocasional o temporal a los prestadores indicados en el apartado anterior, estableciendo los mismos en la normativa específica que los regule.

3. Las empresas turísticas establecidas en otras Comunidades Autónomas que ejerzan legalmente una actividad de servicios podrán establecerse en la Comunidad Autónoma de Extremadura, cumpliendo los requisitos que estén referidos o vinculados al establecimiento a partir del cual pretenden llevar a cabo la actividad de servicios.

4. Las empresas turísticas establecidas en Estados miembros de la Unión Europea o en Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo podrán establecerse en Extremadura, debiendo aportar para ello certificación acreditativa de su habilitación en la Administración de origen y presentar declaración responsable o comunicación previa de inicio de actividad ante la Administración turística, de conformidad con lo establecido por esta ley y su normativa de desarrollo para el inicio y ejercicio de actividades turísticas.

Artículo 51. Informe Previo Potestativo.

1. Los promotores de prestación de servicios y de actividades turísticas que proyecten la apertura, construcción o modificación de un establecimiento para uso turístico podrán presentar a la Consejería competente en materia de turismo, antes del inicio de las mismas, memoria y planos para que se emita informe respecto de su adecuación en orden a su posible clasificación turística.

2. El Informe Previo Potestativo deberá emitirse por la Consejería competente en materia de turismo antes de dos meses desde su solicitud y su validez será, como máximo, de un año siempre que permanezca en vigor la normativa turística respecto de la que se predica adecuación en el momento de su emisión.

Artículo 52. Registro General de Empresas y Actividades Turísticas.

1. Todos los datos relativos a los prestadores de servicios y actividades turísticas se inscribirán en el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas, dependiente de la Consejería competente en materia de turismo.

2. La inscripción en el citado Registro se practicará de oficio por la Administración Turística a partir de la información contenida en la declaración responsable o en la comunicación previa, y en ningún caso será necesaria la inscripción para el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.

3. Reglamentariamente se establecerán su objeto, organización y funcionamiento.

CAPÍTULO III

DE LAS EMPRESAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

Sección 1.ª. Disposiciones generales.

Artículo 53. Concepto.

1. Son empresas de alojamiento turístico aquellas que se dedican, de manera profesional y habitual, mediante contraprestación económica, a proporcionar al turista habitación o residencia, con o sin prestación de otros servicios.

2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley las actividades de alojamiento que tengan fines institucionales, sociales, asistenciales, educacionales y, en general, cualesquiera otras actividades de alojamiento que no persigan ánimo de lucro.

3. No se considerarán empresas de alojamiento turístico aquellas que, teniendo como objeto aparente el señalado en el apartado 1, tengan como verdadera finalidad inducir, promover, favorecer o facilitar la explotación o la comercialización sexual, lo que se acreditará por los medios de prueba que procedan en derecho.

Artículo 54. Modalidades.

1. Las empresas de alojamiento turístico podrán ser de alojamiento hotelero, alojamiento extrahotelero y alojamiento rural.

2. Los establecimientos de alojamiento comprendidos en este capítulo se clasificarán, dentro de cada clase, en categorías, identificándose mediante los símbolos y en los términos que reglamentariamente se establezcan para cada uno de ellos, en atención a la oferta de sus instalaciones y servicios.

Artículo 55. Régimen aplicable.

El inicio de la actividad de alojamiento turístico o la prestación de esta clase de servicios estará sujeta al régimen de declaración responsable, de conformidad con el artículo 48 de la presente ley.

Artículo 56. Actividades turísticas complementarias.

Los establecimientos regulados en el presente capítulo pueden ofertar la práctica de actividades complementarias tales como deportivas, medioambientales, culturales, formativas, recreativas, de ocio, tiempo libre, belleza, salud u otras análogas, pudiendo llevarlas a cabo directamente o mediante terceros.

Sección 2.ª. Alojamientos turísticos hoteleros.

Artículo 57. Alojamientos turísticos hoteleros.

1. Los alojamientos turísticos hoteleros se clasifican en las siguientes clases:

a) Hoteles.

b) Hoteles-apartamentos.

c) Hostales.

d) Pensiones.

2. A los efectos de esta ley se entiende por:

a) Hoteles: Aquellos establecimientos de carácter comercial que ofrecen alojamiento, con o sin otros servicios complementarios, y ocupan la totalidad o parte independizada de los inmuebles en los que se ubiquen, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo, admitiéndose la existencia de varios edificios que presten los servicios de hotel.

b) Hoteles-Apartamentos: Aquellos establecimientos de carácter comercial que cumpliendo los requisitos propios de un hotel dispongan, por su estructura y servicios, de las instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos dentro de todas o algunas de las unidades de alojamiento.

c) Hostales: Aquellos establecimientos de carácter comercial que prestan el servicio de alojamiento, con o sin comedor, pudiendo ofrecer o no otros servicios.

d) Pensiones: Aquellos establecimientos de carácter comercial destinados a la prestación del servicio de alojamiento pudiendo ofrecer o no otros servicios.

Artículo 58. Hospederías de Extremadura.

1. Son aquellos establecimientos hoteleros ubicados en edificios singulares o emblemáticos o en zonas de especial interés para el desarrollo turístico de Extremadura, que siendo propiedad de la Junta de Extremadura y gestionados por la misma, directamente o a través de terceros, se crean con la finalidad de potenciar y revalorizar el turismo de Extremadura.

2. La denominación “Hospederías de Extremadura” queda reservada exclusivamente para los establecimientos descritos en el apartado anterior.

Artículo 59. Hotel Balneario.

Es aquel establecimiento hotelero que cumpliendo con lo determinado en el artículo 57, punto 2 letra a), ofrece o presta sus servicios de alojamiento de forma conjunta con instalaciones balnearias, que se regirán por su normativa específica.

Sección 3.ª. Alojamientos turísticos extrahoteleros.

Artículo 60. Alojamientos turísticos extrahoteleros.

Los establecimientos turísticos extrahoteleros se clasifican en las siguientes clases:

a) Apartamentos turísticos.

b) Albergues turísticos.

c) Campamentos de turismo.

d) Zonas de acampada.

e) Cualquier otra clase que se fije reglamentariamente.

Artículo 61. Apartamentos turísticos.

Tienen la condición de apartamentos turísticos los bloques o conjuntos de apartamentos, las casas, y aquellas otras edificaciones semejantes, con independencia del material utilizado en su construcción, que oferten, profesional y habitualmente, mediante contraprestación económica, servicio de alojamiento turístico, y que dispongan de las instalaciones adecuadas para la preparación, conservación y consumo de alimentos dentro de cada unidad de alojamiento.

Artículo 62. Albergues turísticos.

1. Son albergues turísticos los establecimientos que ofrezcan, de manera habitual, profesional y mediante contraprestación económica, servicios de alojamiento con desayuno, principalmente en habitaciones colectivas, con o sin otros servicios.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:

a) Los establecimientos dedicados a alojamiento en habitaciones colectivas por motivos escolares, docentes o sociales.

b) Los albergues de peregrinos y los alojamientos en habitaciones múltiples cuando se preste el servicio sin contraprestación económica o la cantidad abonada tenga el carácter de donativo.

c) Los albergues e instalaciones de alojamientos juveniles que se regirán por su normativa específica.

d) Los establecimientos de titularidad de las Administraciones Públicas ubicados en instalaciones dedicadas a actividades de ocio y tiempo libre.

Artículo 63. Campamentos de turismo.

1. Son Campamentos de turismo los establecimientos turísticos que ocupan un espacio de terreno debidamente delimitado y que están destinados a facilitar, mediante contraprestación económica, la estancia temporal para la vida al aire libre, con fines vacacionales o turísticos, utilizando como elemento de estancia tiendas de campaña, casas móviles, caravanas o cualquier elemento semejante transportable o construcciones permanentes destinadas al alojamiento, siempre que sean explotadas por el titular de la actividad.

2. Asimismo, podrán construirse elementos fijos, que tengan por objeto satisfacer necesidades colectivas de las personas acampadas.

3. Cuando se instalen campamentos en terrenos incluidos en alguna de las Áreas Protegidas declaradas en Extremadura, serán necesarios las autorizaciones o informes exigidos por la legislación medioambiental aplicable.

Artículo 64. Zonas de acampada de titularidad pública.

1. Son Zonas de acampada de titularidad pública aquellas áreas de terreno, delimitadas y equipadas con servicios básicos por el Ayuntamiento titular, destinadas a facilitar la estancia en tiendas u otras instalaciones móviles mediante contraprestación económica acorde con los servicios que se presten.

2. Corresponde al Ayuntamiento, en cuyo término municipal se instale la zona de acampada, presentar declaración responsable para la prestación del servicio ante la Consejería competente en materia de turismo.

3. En todo caso, el Ayuntamiento verificará el respeto al derecho de propiedad y de uso del suelo, y garantizará las necesarias condiciones de seguridad, sanidad y respeto a los valores y recursos históricos, culturales, artísticos, urbanos, naturales, paisajísticos, agrícolas, forestales, así como el respeto a la fauna existente, del territorio de que se trate.

4. Cuando se instalen en terrenos incluidos en alguna de las Áreas Protegidas declaradas en Extremadura, serán necesarios las autorizaciones o informes exigidos por la legislación medioambiental aplicable.

Artículo 65. Acampada Provisional para eventos.

1. Los Ayuntamientos, dentro de sus respectivos términos municipales, podrán autorizar acampadas provisionales para eventos en los que se prevea una gran afluencia de personas, comunicando a la Dirección General de Turismo los límites espaciales y temporales de la acampada, dotando a la zona de los servicios necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

2. Cuando se trate de terrenos incluidos en alguna de las Áreas Protegidas declaradas en Extremadura, serán necesarios las autorizaciones o informes exigidos por la legislación medioambiental aplicable.

Artículo 66. Otras modalidades de acampada.

1. Se entiende por acampada toda actividad de permanencia al aire libre, con ánimo de pernoctar, fuera de los supuestos de campamentos, zonas de acampada de titularidad pública y de la acampada provisional para eventos, mediante la utilización de tiendas de campaña, caravanas, albergues móviles u otros medios para guarecerse, realizada con finalidad turística.

2. Cuando se trate de terrenos incluidos en alguna de las Áreas Protegidas declaradas en Extremadura, serán necesarios las autorizaciones o informes exigidos por la legislación medioambiental aplicable.

3. Reglamentariamente se determinarán las condiciones de acampadas al aire libre que se permitirán en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como la Administración competente para autorizarlas, en su caso.

Sección 4.ª. Alojamientos de turismo rural.

Artículo 67. Alojamientos de turismo rural.

1. Son considerados alojamientos de turismo rural aquellos establecimientos que presentan especiales características de construcción, emplazamiento, tipicidad, y se encuentran ubicados en núcleos rurales o en el campo, dedicándose de manera profesional y habitual, a proporcionar alojamiento, mediante contraprestación económica, a las personas que lo demandan, con o sin prestación de otros servicios.

2. Se entienden por núcleos rurales aquellas poblaciones de menos de 10.000 habitantes.

Artículo 68. Clasificación de los alojamientos de turismo rural.

1. Los alojamientos de turismo rural se clasifican en las siguientes clases:

a) Hoteles rurales.

b) Apartamentos rurales.

c) Casas rurales.

d) Chozos turísticos.

2. Reglamentariamente se podrán establecer otras clases, además de las anteriores, que en todo caso deberán reunir siempre las condiciones del artículo anterior.

Artículo 69. Definiciones de cada clase.

A los efectos de esta ley son:

a) Hoteles rurales: aquellos establecimientos que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 57.2.a) de esta ley, se encuentren situados en edificios existentes o de nueva construcción con valor arquitectónico tradicional, histórico o cultural, ubicados en el campo o en núcleos rurales de población, en los que se facilite la prestación de alojamiento de forma habitual y mediante contraprestación económica.

b) Apartamentos rurales: aquellos establecimientos que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 61 de esta ley, se sitúen en casas o similares que respondan a la arquitectura tradicional extremeña, en edificios existentes o de nueva construcción, ubicados en el campo o en núcleos rurales de población, en los que se facilite la prestación de alojamiento de forma habitual y mediante contraprestación económica.

c) Casas rurales: aquellas viviendas independientes y autónomas, de arquitectura tradicional ubicadas en el campo o en núcleos rurales, en las que se proporcione, mediante contraprestación económica, la prestación de alojamiento, con o sin manutención.

d) Chozos turísticos: aquellos establecimientos cuyo diseño se asemeja a las construcciones de los chozos tradicionales y que constituyen un conjunto alojativo para ser ofertados, de forma habitual y mediante contraprestación económica, como alojamientos con o sin manutención.

CAPÍTULO IV

EMPRESAS DE RESTAURACIÓN

Artículo 70. Concepto.

1. Las empresas de restauración, cualquiera que sea su denominación, son aquellas que se dedican, de forma habitual y profesional, a suministrar desde establecimientos abiertos al público, mediante contraprestación económica, comidas y/o bebidas para consumir en el propio establecimiento o fuera de él.

2. También serán de aplicación las presentes disposiciones, cuando las actividades anteriormente descritas se presten con carácter complementario en locales de pública concurrencia.

3. Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente ley:

a) Aquellas empresas que presten servicio de comida y bebida con carácter gratuito o sin ánimo de lucro.

b) Las empresas que sirvan comidas y bebidas a contingentes particulares, siempre que no estén abiertas al público en general.

c) Las empresas que sirvan comidas y bebidas a domicilio en lo que a la prestación de este servicio domiciliario se refiere.

d) Las empresas que presten este servicio en medios de transporte públicos.

e) Las empresas que sirvan comidas y bebidas a través de máquinas expendedoras.

f) Las empresas que sirvan comidas y bebidas de manera ambulante, es decir, fuera de un establecimiento comercial, en puestos o instalaciones desmontables, así como en vehículos.

g) Las empresas que comercialicen sus productos alimenticios como oferta estrictamente comercial en locales autorizados como establecimientos dedicados al comercio, tales como hipermercados, supermercados y similares.

Artículo 71. Modalidades.

Los establecimientos de restauración, en atención a sus características y con independencia de que la actividad definida en el artículo anterior sea complementaria, se clasifican en las siguientes modalidades:

a) Restaurantes.

b) Cafeterías.

c) Café-bares y otros establecimientos de ocio.

d) Empresas de catering.

e) Salones de banquetes.

Artículo 72. Definiciones.

1. A los efectos de esta ley son:

a) Restaurantes: aquellos establecimientos que, disponiendo de cocina y comedor, presten a sus clientes servicios de restauración, mediante la oferta de carta de platos o menús y cartas de vinos, para su consumo preferentemente en el mismo local.

b) Cafeterías: aquellos establecimientos que sirven ininterrumpidamente, durante el horario de funcionamiento, comidas y bebidas, preparadas mediante sistemas de elaboración rápida, compuestas por platos simples o combinados, para ser consumidos en el propio local, sin que sea preciso disponer de comedor independiente.

c) Café-bares y otros establecimientos de ocio: aquellos establecimientos con mostrador, barra o similar, que sirvan al público bebidas, acompañadas o no, de tapas o raciones para aperitivos, bocadillos y repostería, para su consumo en el mismo local, pudiendo ofertar o no actividades de ocio.

d) Empresas de catering: aquellos establecimientos que, disponiendo de cocina, presten servicios de restauración a sus clientes, pudiendo utilizar medios propios o ajenos, mediante la oferta de platos simples, menús, buffet, cócteles o incluso carta de platos, para ser consumidos en instalaciones ajenas al propio establecimiento.

e) Salones de banquetes: aquellos establecimientos que, dotados de cocina propia o que contraten servicios de restauración con restaurantes o con empresas de catering, dispongan de comedor donde, se sirva a contingentes, comidas y bebidas a precio acordado para ser consumidas en fecha y horas determinadas y concertadas en el mismo local.

2. Un establecimiento que constituya una unidad de explotación podrá ser clasificado, simultáneamente en más de uno de los grupos previstos en el apartado anterior.

Artículo 73. Régimen aplicable.

El inicio de la actividad de restauración o la prestación de esta clase de servicios estará sujeta al régimen de declaración responsable, de conformidad con el artículo 48.

Artículo 74. Especializaciones.

Aquellas empresas de restauración que tengan como parte fundamental de su menú la cocina extremeña o de una zona específica de Extremadura, o una especial singularidad respecto del tipo de alimentos o bebidas que oferten o de su elaboración, tales como micológicos, lácteos, cárnicos, enológicos u otros, podrán obtener del órgano competente de la Administración turística de la Junta de Extremadura el reconocimiento de su especialización, en los términos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 75. Actividades turísticas complementarias.

Los establecimientos regulados en el presente capítulo pueden ofertar la práctica de actividades complementarias tales como deportivas, medioambientales, culturales, formativas, recreativas, de ocio, tiempo libre, belleza, salud u otras análogas, pudiendo llevarlas a cabo directamente o a través de terceros.

CAPÍTULO V

EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA

Artículo 76. Concepto.

Son empresas de intermediación turística aquellas que, se dedican profesional y habitualmente al ejercicio de actividades de información, mediación y organización de servicios turísticos, utilizando medios propios o ajenos para llevarlas a cabo.

Artículo 77. Modalidades.

1. Las empresas de intermediación podrán adoptar alguna de las siguientes modalidades:

a) Agencias de viajes.

b) Centrales de reservas.

c) Organizadores Profesionales de Congresos.

2. Reglamentariamente se podrán establecer otras modalidades de empresas de intermediación turística y se fijarán los requisitos que deben cumplir las empresas para integrarse en cada modalidad.

Artículo 78. Régimen aplicable.

El inicio de la actividad de intermediación o la prestación de esta clase de servicios estará sujeta al régimen de declaración responsable, de conformidad con el artículo 48.Artículo 79. Agencias de Viajes.

1. Se consideran agencias de viajes las empresas que se dedican, profesional y habitualmente, al asesoramiento, la mediación o intermediación y la organización y comercialización de servicios turísticos sueltos y de viajes combinados.

2. Las agencias de viajes no estarán obligadas a ejercer exclusivamente la actividad indicada en el apartado anterior, ni estarán sujetas a limitación alguna para el ejercicio conjunto o en asociación con otras actividades.

3. Las agencias de viajes pueden ser de tres clases:

a) Mayoristas: son aquellas que proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios sueltos y viajes combinados para su ofrecimiento a las agencias minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente a las personas usuarias o consumidoras.

b) Minoristas: son aquellas que comercializan el producto de las agencias mayoristas con la venta directa a las personas usuarias o consumidoras, o proyectan, elaboran, organizan y venden todas las clases de servicios sueltos o viajes combinados directamente a las personas usuarias o consumidoras, no pudiendo ofrecer sus productos a otras agencias.

c) Mayoristas-minoristas: Son las que pueden simultanear las actividades de las dos clases anteriores.

4. Las agencias de viajes podrán realizar las funciones descritas en el apartado primero por cualquier procedimiento de venta a distancia o a través de medios telemáticos, de conformidad con la normativa vigente reguladora del comercio minorista y de la contratación electrónica, y demás que resulte de aplicación.

5. Podrán crearse agencias de viajes cuya única finalidad sea la venta a distancia de servicios y productos turísticos, sin que estén obligadas a disponer de establecimientos abiertos al público.

Artículo 80. Centrales de Reservas.

Se consideran centrales de reserva las empresas de mediación e intermediación turística que se dedican exclusivamente a reservar servicios turísticos, sin que puedan percibir contraprestación económica alguna de las personas usuarias que hagan uso del servicio de reservas.

Artículo 81. Organizadores Profesionales de Congresos.

Tienen la consideración de organizadores profesionales de congresos las empresas que realizan las funciones de consultoría, planificación, organización, dirección y control de congresos, ferias, convenciones y otros eventos de naturaleza análoga, así como cualquier otra actividad que profesionalmente requiera el congreso, pudiendo llevarlas a cabo directamente o a través de terceros, exceptuando lo establecido en el artículo 79.1 para viajes combinados.

CAPÍTULO VI

EMPRESAS DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS ALTERNATIVAS

Artículo 82. Actividades turísticas alternativas.

Son empresas de actividades turísticas alternativas aquellas que oferten la práctica de actividades turísticas tales como deportivas, medioambientales, de agroturismo, turismo activo, turismo ornitológico, culturales, formativas, recreativas o de ocio, belleza, salud, y aquellas otras que con su actividad contribuyan a la diversificación y mejora de la oferta turística.

Artículo 83. Régimen de ejercicio de las actividades turísticas alternativas.

Con carácter general, la declaración responsable será el régimen aplicable para el inicio y ejercicio de las actividades turísticas alternativas contempladas en el artículo anterior.

TÍTULO III

DISCIPLINA TURÍSTICA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 84. Objeto.

Es objeto de la disciplina turística la regulación de la función inspectora, la tipificación de las infracciones, la fijación de las sanciones y la regulación del procedimiento sancionador aplicable en materia de turismo.

Artículo 85. Actividades comprendidas.

Las presentes disposiciones son de aplicación al ejercicio de cualquier actividad turística que se realice dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 86. Sujetos responsables.

1. Serán responsables administrativamente de las infracciones en materia de turismo las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que realicen actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley a las que les sean imputables las acciones u omisiones tipificadas en ella como infracciones.

2. Las personas titulares de actividades turísticas serán responsables administrativamente de las infracciones cometidas por el personal a su servicio. Dicha responsabilidad es solidaria y sin perjuicio del derecho de las personas titulares de actividades turísticas a deducir las acciones oportunas contra los sujetos a quienes sean materialmente imputables las infracciones.

3. Cuando sean varios los sujetos responsables del incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa infringida responderán de forma solidaria de las infracciones cometidas y de las sanciones que se impongan.

CAPÍTULO II

INSPECCIÓN TURÍSTICA

Artículo 87. Ámbito de actuación de la Inspección Turística.

1. Corresponde al personal técnico de la inspección de turismo la verificación y el control del cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley y demás normativa turística aplicable.

2. Con el fin de garantizar una adecuada planificación de la actividad inspectora y la consecución de los objetivos de calidad y excelencia de la actividad turística, la Consejería competente en materia de turismo aprobará un Plan de Inspección Turística.

Artículo 88. Funciones de la Inspección Turística.

Son funciones de la Inspección Turística:

a) Asesorar a los prestadores de servicios turísticos que desarrollan actividades turísticas sobre el cumplimiento y la aplicación de la normativa vigente en materia turística.

b) Vigilar y comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de turismo.

c) Efectuar las comprobaciones necesarias para verificar la conformidad de los datos contenidos en las declaraciones responsables y en las comunicaciones previas y demás documentación que se exija reglamentariamente.

d) Denunciar la existencia de establecimientos donde se desarrollen actividades turísticas sin haber presentado la declaración responsable o realizado la comunicación previa.

e) Constatar las condiciones técnicas de las empresas y actividades turísticas, así como las instalaciones donde se ejercen éstas, evacuando el correspondiente informe.

f) Controlar la calidad de las instalaciones y de los servicios turísticos mediante la comprobación de las condiciones de su prestación.

g) Velar para que sean respetados los derechos de las personas usuarias y comprobar los hechos objeto tanto de las reclamaciones y denuncias como del traslado de comunicaciones de presuntas infracciones o irregularidades.

h) Informar sobre el seguimiento de la ejecución de inversiones subvencionadas por la Consejería competente en materia de turismo.

i) Investigar los hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

j) Emitir los informes técnicos que le solicite la Administración turística en materias de su competencia.

k) Cualquier otra función que legal o reglamentariamente se le atribuya.

Artículo 89. Derechos y facultades del personal técnico de inspección.

1. El personal técnico de la inspección de turismo ostentará, en el ejercicio de sus funciones de inspección, la consideración de autoridad pública; actuará debidamente acreditado, contará con las facultades y la protección que le confiere la normativa vigente y deberá ser tratado con el debido respeto y consideración.

2. Referido personal tendrá atribuidas las siguientes facultades:

a) Efectuar visitas de comprobación a los establecimientos en los que se ejerzan actividades o se presten servicios turísticos.

b) Inspeccionar los establecimientos y examinar las instalaciones, documentación, libros y registros preceptivos de la actividad turística y requerir motivadamente la comparecencia de los sujetos que desarrollan actividades turísticas o de quien les represente.

c) Recabar la información, cooperación y asistencia del personal y servicios de otras Administraciones Públicas, en los términos legalmente previstos, así como la asistencia y colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando lo estimen preciso, para el mejor cumplimiento de la función inspectora.

Artículo 90. Obligaciones del personal técnico de inspección.

El personal técnico de la inspección de turismo, en el ejercicio de sus funciones, tendrá las siguientes obligaciones:

a) Mostrar la acreditación de su condición al iniciar su actuación inspectora.

b) Mantener la confidencialidad de la actuación inspectora.

c) Actuar con total objetividad, con pleno respeto a los principios de contradicción y de proporcionalidad y en la forma que resulte menos onerosa para las personas interesadas y para los servicios que prestan.

d) Guardar el respeto y la consideración debidos a las personas interesadas y, a solicitud de las mismas, informarles de sus derechos y obligaciones en relación con la actuación inspectora.

e) Documentar sus actuaciones mediante las actas de inspección, los informes, las diligencias y las comunicaciones correspondientes.

f) Comunicar a los órganos competentes la necesidad de adoptar medidas cautelares en atención a los riesgos inminentes que hayan constatado y proponer a los mismos que los hechos que puedan considerarse constitutivos de falta o delito sean puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal o Autoridad Judicial Competente.

Artículo 91. Procedimiento aplicable a las visitas de inspección.

1. Las personas titulares de actividades turísticas, sus representantes legales, o, en su defecto, la persona empleada presente que en ese momento esté al frente de la actividad, están obligados a facilitar a los servicios de Inspección Turística, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a las dependencias e instalaciones abiertas al público.

2. Si estuviesen ausentes las personas referidas en el apartado anterior, el personal de inspección remitirá un requerimiento a la persona titular indicando el objeto y plazo en que procederá a realizar la inspección.

3. Si se negase la entrada a las dependencias e instalaciones abiertas al público objeto de inspección, el inspector o inspectora recabará la autorización por escrito de los órganos de la Consejería competente en materia de turismo de que dependa para acceder a dichos lugares, y en el caso de que, presentada esta autorización, las personas titulares de los establecimientos turísticos o sus representantes siguiesen denegando el acceso se procederá a levantar acta de infracción.

4. Para el acceso a los espacios físicos indispensables para el desarrollo de la actividad por constituir el centro de dirección o servir a la custodia de documentos de la actividad habitual de la empresa o de su establecimiento y para el examen de los documentos, libros y registros preceptivos relacionados con la actividad turística y la obtención de copias o reproducciones de la documentación, así como para la comprobación de cuantos datos sean precisos para los fines de la inspección, será necesario el consentimiento de la persona titular o de quien le represente.

5. Si estuviesen ausentes las personas referidas en el apartado anterior, el inspector o inspectora bien podrá dejar a la persona empleada que se encuentre presente un requerimiento para la persona titular o para quien le represente, indicando el plazo en que procederá a realizar la inspección, nunca inferior a veinticuatro horas, o indicando los documentos que deberá presentar ante la Inspección turística y el plazo para hacerlo, o bien remitirá a la persona titular o a quien le represente un requerimiento con alguna de las dos finalidades indicadas anteriormente, con indicación del día o plazo para su realización.

6. Si se negase la entrada al espacio referido en el apartado 4, será necesaria para realizar dicha inspección autorización judicial.

7. De no poder aportar en el momento de la inspección algún documento, el inspector o inspectora requerirá a la persona titular o a quien le represente para que lo aporte indicando el plazo para dicha actuación.

Artículo 92. Documentación de la actuación inspectora.

1. Todas las actuaciones de la Inspección Turística se documentarán en actas, diligencias, comunicaciones e informes.

2. Las actas y diligencias extendidas por la Inspección Turística tienen la naturaleza de documentos públicos y, reuniendo los requisitos establecidos por esta ley y sus disposiciones de desarrollo, tendrán valor probatorio respecto de los hechos constatados por los inspectores personal y directamente, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar las personas interesadas.

Artículo 93. Actuaciones Inspectoras.

1. Por cada visita de inspección que se realice, el personal técnico de la inspección de turismo actuante debe levantar el acta correspondiente en la que se expresará su resultado,  que podrá ser:

a) De primera inspección.

b) De conformidad con la normativa turística.

c) De constancia de hechos.

d) De infracción.

2. Las actuaciones inspectoras no se dilatarán por espacio de más de seis meses, salvo que la dilación sea imputable al sujeto inspeccionado. Podrá prorrogarse este plazo por un periodo máximo de 9 meses si la dilación es debida a dificultades en la cooperación administrativa internacional. En ningún caso se podrán interrumpir las actuaciones por más de tres meses.

Artículo 94. Actas de Inspección.

1. Los resultados de la función inspectora de vigilancia y comprobación del cumplimiento de la normativa turística serán recogidos en el acta de inspección correspondiente, en la que se hará constar:

a) Identificación del titular del establecimiento y actividad inspeccionada.

b) Identificación del inspector actuante.

c) Fecha y hora de la visita.

d) Referencia expresa de los hechos constatados y cuantas circunstancias contribuyan a su mejor determinación y valoración.

e) Observaciones de la persona titular de la actividad, de quien la represente o ante la que se haya realizado la inspección.

f) Cualquier otra mención que pudiera resultar relevante.

2. El acta de inspección será levantada en presencia de la persona titular de la actividad, de quien la represente o, en su caso, de cualquier persona obligada a facilitar la inspección.

De no haber persona ante la cual pueda levantar el acta, se hará constar esta circunstancia por diligencia.

3. Las actas tendrán que ser firmadas por el personal técnico de la inspección actuante y por la persona titular de la actividad, o por quien la represente o, en su defecto, por la persona empleada presente que en ese momento esté al frente de la actividad. Si las personas mencionadas se negaran a firmar el acta, el inspector o inspectora hará constar esta circunstancia, así como los motivos manifestados, si los hubiera, mediante la oportuna diligencia.

4. Una vez levantada y firmada el acta se hará entrega de copia de la misma a la persona que corresponda, de conformidad con el apartado anterior, presente en el momento de la inspección.

5. La firma del acta levantada supondrá la notificación de la misma y en ningún caso implicará la aceptación de su contenido.

Artículo 95. Actas de primera inspección.

Cuando se realice la primera visita de comprobación para verificar la declaración responsable o comunicación previa efectuada, el personal inspector levantará Acta de primera inspección en la que se dejará constancia de la comprobación de las circunstancias y requisitos declarados o comunicados por la persona responsable.

Artículo 96. Actas de conformidad con la normativa turística.

Cuando el personal técnico de la inspección de turismo considere que no se observan en la inspección hechos o comportamientos que pudieran ser contrarios a la regulación turística, lo harán constar mediante levantamiento de Acta de conformidad con la normativa turística, que se ajustará en todo caso a lo dispuesto en el artículo 94.

Artículo 97. Actas de constancia de hechos.

Cuando el personal técnico de la inspección de turismo observe en su inspección hechos o comportamientos que consistan en la inobservancia de requisitos establecidos en la normativa turística, podrán advertir y asesorar para el cumplimiento de la misma mediante Acta de constancia de hechos, que consignará la advertencia, la norma aplicable y el plazo para su cumplimiento.

Artículo 98. Actas de Infracción.

Cuando el personal técnico de la inspección actuante estime que los hechos o comportamientos observados en la inspección pueden ser constitutivos de infracción administrativa, levantará Acta de infracción, en la que se hará constar las siguientes circunstancias:

a) Descripción de los hechos.

b) Alegaciones o aclaraciones que la persona titular de la actividad, quien le represente o la persona empleada, estime convenientes para su defensa.

Artículo 99. Carácter reservado de los datos.

Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración turística en el desempeño de sus funciones inspectoras tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de la normativa turística así como para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, o normativa que la sustituya.

CAPÍTULO III

DE LAS INFRACCIONES

Artículo 100. Concepto.

Constituyen infracciones administrativas en materia de turismo las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley.

Artículo 101. Clases.

Las infracciones administrativas en materia de turismo se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 102. Infracciones leves.

Se consideran infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones contenidas en la presente ley y en la normativa de desarrollo, sin trascendencia directa de carácter económico ni perjuicio grave para las personas usuarias y, en todo caso:

a) La mera inexactitud en los datos, manifestaciones o documentos que se incorporen a una declaración responsable o a una comunicación previa.

b) La falta de distintivos o anuncios de obligada exhibición en los lugares reglamentariamente determinados o carentes de las formalidades requeridas.

c) Carecer o no facilitar al personal técnico de la inspección de turismo el Libro de Inspección.

d) Sobrepasar la capacidad de unidades de alojamiento o número de plazas autorizados en los establecimientos turísticos.

e) El incumplimiento de las disposiciones relativas a documentación, información y libros establecidas por la normativa turística para el adecuado régimen y funcionamiento de la empresa o actividad y como garantía de la protección de las personas usuarias.

f) La acampada realizada fuera de los campamentos de turismo, zonas de acampada de titularidad pública y acampadas provisionales o no comprendidas en las modalidades de acampadas permitidas, incumpliendo lo reglamentariamente establecido sobre la materia.

g) Permitir la instalación en los campamentos de turismo de unidades de acampada no reguladas, así como arrendar el uso de las parcelas por un tiempo superior al establecido reglamentariamente.

h) No entregar a las personas usuarias en los establecimientos de alojamiento turístico la preceptiva hoja de admisión.

i) No comunicar a la Consejería competente en materia de turismo los precios de los servicios antes de su aplicación.

j) No entregar cuantos documentos acrediten los términos de su contratación o su entrega incumpliendo los requisitos mínimos de dicha documentación o no expedir factura o justificante de pago a las personas usuarias o no conservar copias de los mismos durante el período de cuatro años.

k) El incumplimiento de la normativa turística que regula la publicidad de los productos, servicios turísticos y precios.

l) La inexistencia de hojas de reclamaciones o la negativa a facilitarlas a quienes las soliciten.

m) Las deficiencias en las condiciones de prestación y funcionamiento de los locales, instalaciones, mobiliario y utensilios de los establecimientos turísticos, así como la prestación incorrecta de los servicios por el personal de las empresas turísticas.

n) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo siguiente, cuando, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, no deba ser calificada como grave, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.

Artículo 103. Infracciones graves.

Serán infracciones graves:

a) La falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa.

b) El incumplimiento durante la vigencia del ejercicio de la actividad o prestación del servicio de los requisitos y condiciones que se manifestó que se cumplían en la declaración responsable o comunicación previa.

c) La falta de notificación o comunicación a la Administración Turística de los cambios esenciales producidos en los datos inicialmente facilitados y en los requisitos y circunstancias que dieron origen a la declaración responsable o comunicación previa.

d) La falta de notificación o comunicación de los cambios de titularidad del establecimiento dentro del plazo establecido por la normativa turística a tal efecto.

e) El incumplimiento de los plazos concedidos por la Administración turística para la subsanación de las deficiencias de infraestructura, funcionamiento o prestación del servicio.

f) Efectuar reformas no declaradas en los términos previstos por la normativa turística, que modifiquen los requisitos básicos esenciales para el ejercicio de la actividad, que supongan disminución de la calidad o que afecten a la clasificación, categoría o capacidad del establecimiento.

g) Carecer de póliza de seguro de responsabilidad civil o no mantener vigente las garantías de seguro y fianzas exigidas a las empresas por la normativa turística.

h) La realización de publicidad, descripción e información de establecimientos y/o actividades turísticas cuyas personas titulares no hayan presentado declaración responsable o comunicación previa, o que no responda a criterios de utilidad, precisión y veracidad o pueda inducir a engaño o confusión o impida reconocer la verdadera naturaleza del establecimiento o servicio que se pretende contratar.

i) La utilización de denominación, rótulos o distintivos diferentes a los que le correspondan según su clasificación.

j) Incumplir las obligaciones contractuales mediante la falta de prestación de alguno de los servicios contratados, el incumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad o naturaleza con que aquellos fueron pactados o imponer la prestación de servicios no solicitados por las personas usuarias.

k) Haber sobrecontratado plazas, siempre que la empresa infractora haya facilitado alojamiento a las personas afectadas en condiciones similares, en establecimientos de categoría igual o superior situados en la misma zona o, en su defecto, en otra de la misma localidad.

l) No formalizar el contrato de viaje combinado o el incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en la norma reguladora de los viajes combinados.

m) La no exhibición de la lista de precios.

n) Percibir precios superiores a los exhibidos a las personas usuarias, o percibir precios por servicios no solicitados o que en virtud de la normativa turística no sean susceptibles de cobro.

ñ) La negativa infundada a facilitar a las personas usuarias información relativa a los precios y servicios de las empresas turísticas.

o) Tratar de manera desconsiderada y ofensiva a las personas usuarias.

p) Vulnerar el derecho a la intimidad de las personas usuarias.

q) Prohibir a las personas usuarias acceder libremente a los establecimientos, expulsarles de los mismos o impedirles el uso de servicios, salvo por causa justificada.

r) La utilización de dependencias, locales e inmuebles o vehículos para la prestación de servicios turísticos sin que estén habilitados para ello o que estándolo, hayan perdido, en su caso, la condición de uso, o no disponer de personal habilitado legalmente para el ejercicio de un puesto de trabajo, cuando así lo exija la normativa vigente en la materia.

s) El incumplimiento parcial y no sustancial de la normativa sobre accesibilidad, prevención de incendios, insonorización y seguridad en los establecimientos turísticos.

t) La no presentación o falseamiento de los datos interesados por la Administración turística para llevar a cabo el correcto ejercicio de sus competencias.

u) La obstaculización o resistencia a la actuación de la Inspección de Turismo, que no llegue a impedirla.

v) La falta de respeto y consideración debida a las personas que desempeñan las funciones de inspección.

w) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo siguiente, cuando, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, no deba ser calificada como muy grave, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.

Artículo 104. Infracciones muy graves.

a) No presentar la correspondiente declaración responsable o comunicación previa para el inicio de la prestación del servicio o la realización de actividades turísticas, de conformidad con la regulación de la normativa turística correspondiente.

b) Las infracciones a la normativa turística que ocasionen un perjuicio grave a la imagen turística de Extremadura o de cualesquiera de sus destinos turísticos, así como al prestigio de la profesión o actividad turística de que se trate o a la clientela en general.

c) Ofrecer o prestar servicios turísticos que contengan como elemento de reclamo aspectos que vulneren derechos fundamentales o afecten a las libertades públicas.

d) La confección y/o divulgación de paquetes turísticos que contengan en su oferta la explotación o comercialización sexual, así como la prestación de cualquier servicio turístico que permita y/o facilite la misma.

e) La venta de parcelas en los Campamentos públicos de turismo, así como de unidades de alojamiento en establecimientos hoteleros o extrahoteleros, sin perjuicio de las modalidades de condominio que impliquen explotación turística.

f) Cualquier actuación discriminatoria por razón de capacidad, lugar de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

g) El deficiente estado de las instalaciones y condiciones higiénicas o de seguridad o el mal estado de conservación de los productos que supongan grave riesgo para las personas usuarias.

h) Haber sobrecontratado plazas o reservas si la empresa infractora no facilita alojamiento a las personas afectadas en las condiciones que determina el artículo 103.k).

i) El incumplimiento sustancial de la normativa que sea de aplicación en materia de accesibilidad, incendios, insonorización, seguridad o protección medioambiental.

j) La negativa u obstrucción a los servicios de inspección que impida el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan éstos atribuidos.

k) La falta de respeto y consideración debida a las personas que desempeñan las funciones de inspección, que constituyan un atentado contra su integridad física o moral.

Artículo 105. Incumplimiento de normativa.

Cuando la Administración turística tenga conocimiento, directa o indirectamente, de insuficiencias de carácter grave o del posible incumplimiento de normativa de otros ámbitos competenciales, dará traslado de sus observaciones a los organismos de la Administración Autonómica o a otras Administraciones que tengan atribuida la vigilancia del cumplimiento de los mismos.

Artículo 106. Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones administrativas en materia de turismo a que se refiere la presente ley prescribirán:

a) Las muy graves, a los dos años.

b) Las graves, al año.

c) Las leves, a los seis meses.

2. El plazo de la prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en el que la infracción se hubiese cometido, o desde el día en el que cesase la conducta infractora, si ésta tuviera carácter continuado en el tiempo.

3. Esta prescripción se interrumpirá por la incoación del procedimiento sancionador, con el conocimiento de la persona presuntamente infractora, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de tres meses por causa no imputable a la persona presuntamente responsable.

Artículo 107. Infracciones constitutivas de delito o falta.

En el caso de que las infracciones recogidas en la presente ley pudieran ser, además, constitutivas de falta o delito, se trasladará el asunto a la jurisdicción competente, y sólo tendrá continuidad el procedimiento administrativo cuando resulte necesario después de que haya adquirido firmeza la resolución judicial correspondiente.

CAPÍTULO IV

DE LAS SANCIONES

Artículo 108. Clases.

Las sanciones por infracciones contra lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones en materia de turismo serán principales y accesorias.

1. Principales:

a) Apercibimiento.

b) Multa.

2. Accesorias:

a) La obligación de quien haya cometido la infracción de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente.

b) La suspensión del ejercicio de la actividad turística:

1.º. Hasta el momento de la subsanación de las deficiencias de carácter grave que dieron lugar a la incoación del procedimiento.

2.º. Hasta seis meses, en aquellos casos en que se produzca reiteración de infracciones graves, así como cuando la comisión de una infracción calificada como grave suponga un daño irreparable para las personas usuarias.

3.º. De seis meses y un día a tres años, en aquellos casos en que se produzca una infracción calificada como muy grave.

c) La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y otras ayudas económicas de la Administración turística durante un plazo de hasta cinco años a partir de cobrar firmeza la resolución que así lo establezca.

Artículo 109. Efectos de la omisión o falsedad en la declaración responsable o comunicación previa.

1. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa de inicio, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

2. Asimismo, la resolución de la Administración turística competente que declare tales circunstancias, podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de 6 meses, a contar desde la notificación de la resolución.

Artículo 110. Restitución del exceso percibido.

Con independencia de las sanciones que se impongan, cuando se hayan percibido precios superiores a los exhibidos y/o publicitados, procederá, en todo caso, la restitución a las personas interesadas de, al menos, lo indebidamente percibido, en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución.

Artículo 111. Multas Coercitivas.

Con independencia de las multas previstas en los artículos anteriores, los órganos sancionadores, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente relativos a la adecuación de la actividad o de los establecimientos a lo dispuesto en la normativa reguladora, podrán imponer multas coercitivas conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20% de la multa fijada para la infracción cometida.

Artículo 112. Cuantía de las sanciones.

1. Las infracciones a la normativa turística tendrán las siguientes sanciones:

a) Las infracciones leves: apercibimiento o multa de hasta 600 euros.

El grado mínimo de la multa abarca hasta los 200 euros; el grado medio de 201 euros a 400 y el grado máximo de 401 a 600 euros.

b) Las infracciones graves: multa de 601 hasta 6.000 euros.

El grado mínimo de la multa abarca de 601 a 2.400 euros; el grado medio de 2.401 a 4.200 euros, y el grado máximo de 4.201 a 6.000 euros.

c) Las infracciones muy graves: multa de 6.001 hasta 60.000 euros.

El grado mínimo de la multa abarca de 6.001 a 24.000 euros; el grado medio de 24.001 a 42.000 euros, y el grado máximo de 42.001 a 60.000 euros.

2. Por razones de interés público podrá acordarse por resolución motivada del titular de la Consejería competente en materia de Turismo la publicidad de aquellas sanciones graves o muy graves, una vez que las mismas hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso, jurisdiccional.

Artículo 113. Criterios para la graduación de las sanciones.

1. Las sanciones se impondrán en grado de menor a mayor teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Daño moral ocasionado.

b) Número de personas afectadas.

c) Categoría del establecimiento o actividad a la que se dedique.

d) Perjuicios ocasionados a terceras personas o al interés general.

e) Beneficio ilícito obtenido.

f) El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta de la persona infractora.

g) La corrección voluntaria, durante la tramitación del expediente y antes de recaer resolución definitiva, de los defectos que dieron origen a la iniciación del procedimiento de que se trate.

h) Fuerza mayor. Se entiende por fuerza mayor cualquier suceso irresistible, inevitable o imprevisible y no imputable a su autor.

i) Reiteración de infracciones. Se producirá reiteración de infracciones cuando el sujeto responsable de la infracción haya cometido en el término de un año más de una infracción de distinta naturaleza y así haya sido declarado por resolución administrativa.

j) Reincidencia. Se producirá reincidencia cuando el sujeto responsable de la infracción haya cometido en el término de un año más de una infracción de la misma naturaleza, y así haya sido declarado por resolución administrativa firme. El plazo de un año comenzará a computarse desde el día en que se hubiera cometido la primera infracción.

2. Se entiende por infracciones de la misma naturaleza aquellas que infringen deberes u obligaciones turísticas que protegen el mismo bien jurídico y de distinta naturaleza las que infringen deberes u obligaciones turísticas que protegen distintos bienes jurídicos.

3. En caso de reincidencia la sanción que corresponda por la infracción cometida deberá fijarse en el grado máximo.

Artículo 114. Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas prescribirán:

a) Las muy graves a los tres años.

b) Las graves a los dos años.

c) Las leves al año.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, desde la fecha de notificación a la persona sancionada, del procedimiento de ejecución.

Artículo 115. Órganos competentes.

1. Los órganos competentes para la imposición de las sanciones a que se refiere la presente ley, son:

a) El Jefe o la Jefa de la Unidad Territorial, para la imposición de las sanciones correspondientes a las infracciones leves.

b) El/la Directora/a General de Turismo, para la imposición de las sanciones correspondientes a las infracciones graves.

c) El/la titular de la Consejería competente en materia de Turismo, para las infracciones muy graves.

2. En el caso de que las sanciones de multa se acompañen de las accesorias, la competencia sancionadora corresponderá:

a) En las infracciones graves a la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo.

b) En las infracciones muy graves, al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo.

CAPÍTULO V

EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 116. Información Previa.

En virtud de las denuncias, quejas, reclamaciones, del traslado de presuntas irregularidades y sanciones, y de las actas de inspección, con carácter previo a la incoación del expediente, en su caso, se podrá ordenar la práctica de información previa para la aclaración de los hechos. A la vista de las actuaciones practicadas y una vez examinados los hechos se determinará la existencia o inexistencia de indicios de infracción y cuando corresponda, se incoará expediente sancionador cuya tramitación se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido por la siguiente regulación.

Artículo 117. Iniciación.

La tramitación del expediente sancionador se ajustará a los principios previstos en los artículos 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, a lo dispuesto en el Decreto de la Junta de Extremadura 9/1994, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Procedimientos Sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a lo dispuesto en artículo 132 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de Extremadura, o legislación que les sustituya.

Artículo 118. Conciliación y Subsanación.

1. Previa o simultáneamente a la tramitación del procedimiento sancionador, el órgano competente para su incoación ofrecerá a la persona presuntamente infractora la posibilidad de reparar los perjuicios causados o de corregir las irregularidades administrativas en las que hubiera incurrido.

2. La conciliación voluntaria para la reparación de los perjuicios causados a las personas usuarias o consumidoras por parte de las personas titulares de actividades turísticas sólo se podrá intentar en aquellos supuestos en los que prime un interés privado y éste sea cuantificable o susceptible de cuantificarse.

3. Producirá los mismos efectos que la conciliación voluntaria el sometimiento de las partes al sistema arbitral de consumo o a los procedimientos arbitrales que la Administración turística pueda instituir al amparo de lo previsto en esta ley. 4. La subsanación de las irregularidades administrativas sólo será admisible cuando lo permita la entidad de la infracción y del perjuicio que la misma hubiese producido.

5. La conciliación y la subsanación plena comportarán el archivo de las actuaciones o la atenuación de las sanciones, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los perjuicios causados.

La subsanación parcial únicamente podrá dar lugar a la atenuación de las sanciones.

6. La tramitación de los procedimientos de conciliación y la subsanación interrumpirán la prescripción de las infracciones y el cómputo del plazo para resolver los procedimientos sancionadores.

Artículo 119. Medidas provisionales adoptadas antes del inicio del procedimiento.

1. Si mediante la correspondiente inspección se constatara el desarrollo de una actividad turística de modo que se produzca un grave riesgo para la salud, dignidad o seguridad de las personas usuarias, la Administración Turística adoptará con carácter urgente la medida provisional de suspensión de la actividad o de prestación del servicio, y dará traslado del expediente al órgano competente para la tutela del interés público afectado.

2. En caso de que la actividad o servicio se ejercite o se preste a través de un establecimiento, la medida provisional se comunicará al Ayuntamiento competente para que, en caso de mantenerse abierto el establecimiento, tenga constancia de que no puede continuar proporcionándose en el mismo la actividad o prestación de servicio turístico que se venía realizando.

3. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, y que podrá ser objeto del recurso que proceda.

4. Las citadas medidas quedarán sin efecto si el procedimiento no se inicia en ese plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de ellas.

Artículo 120. Medidas provisionales adoptadas durante el procedimiento.

1. En cualquier momento del procedimiento sancionador, el órgano competente podrá acordar la adopción de las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y proteger las exigencias de los intereses generales.

2. En particular, en caso de que se produzca un grave riesgo para la salud, dignidad o seguridad de las personas usuarias o supongan perjuicio grave o manifiesto para la imagen turística de Extremadura, se podrá acordar, como medida provisional, mediante acuerdo motivado del órgano competente para la incoación, la suspensión de la actividad o de la prestación del servicio, siempre que no se haya acordado ya la medida antes de la iniciación del expediente en los términos previstos en el artículo anterior, por el tiempo necesario para corregir los defectos existentes o hasta la resolución del expediente.

Artículo 121. Medida provisional de suspensión y cese de la actividad o prestación del servicio.

1. Cuando se constate el desarrollo de una actividad turística sin haber presentado la declaración responsable o comunicación previa correspondiente, según el régimen aplicable, o la falsificación de datos o inexactitudes en documentos esenciales de la declaración responsable o comunicación previa, el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador correspondiente adoptará, previa audiencia a la persona interesada, la medida provisional de cese de la actividad o de prestación del servicio en el plazo de tres días contado desde la fecha en que se constató dicha situación.

2. Esta medida se mantendrá durante toda la incoación del procedimiento sancionador y se transformará en definitiva en la resolución que se dicte en el mismo, sin perjuicio de lo que se expresa en el apartado siguiente.

3. Esta medida podrá ser levantada, en cualquier momento del procedimiento, solo en el caso de que la parte interesada acredite que había realizado la declaración responsable o efectuado la comunicación previa correspondiente, con fecha anterior o simultánea al día de inicio del ejercicio de la actividad o prestación del servicio. En el caso de inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, la medida solo podrá levantarse si se acredita la veracidad, exactitud o que la omisión no reviste carácter esencial.

4. Si el procedimiento no se inicia en el plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de la medida, la parte interesada podrá solicitar la incoación directamente al superior jerárquico que deberá incoar el procedimiento dentro de los tres días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 122. Normas comunes para los artículos 119, 120 y 121.

1. Para la ejecución de las medidas contempladas en los artículos anteriores se podrá recabar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través de los organismos de quienes dependan.

2. Las medidas previstas en los artículos anteriores se adoptarán por infracciones a la normativa turística e independientemente de otras medidas que puedan ser impuestas por infracciones en otros ámbitos competenciales.

Artículo 123. Incoación del procedimiento.

1. El expediente sancionador en materia turística se iniciará de oficio por acuerdo del responsable territorial de la Dirección General de Turismo, adoptado como consecuencia de cualquiera de las actuaciones siguientes:

a) Por actas levantadas o informes elaborados por la Inspección de Turismo.

b) Por comunicación de la autoridad u órgano administrativo que tenga conocimiento de una presunta infracción.

c) En virtud de denuncia consignada en las hojas de reclamaciones de los establecimientos turísticos o en otro medio.

d) Por reclamación formulada de acuerdo con lo que establece la normativa de procedimiento en vigor.

e) Por denuncia de las asociaciones legalmente constituidas y por las organizaciones profesionales del sector turístico.

f) Por propia iniciativa, cuando tenga conocimiento de una presunta infracción por cualquier medio.

2. Con carácter previo a la incoación del expediente se practicarán las actuaciones reguladas en el artículo 116.

3. El acuerdo de incoación se comunicará al órgano instructor, con traslado de cuantas actuaciones se hubieran realizado, y se notificará a la persona denunciante y a las interesadas en el procedimiento.

Artículo 124. Pago anticipado de la sanción.

1. Cuando la sanción propuesta por el instructor consista exclusivamente en una multa, ésta podrá pagarse en el plazo de diez días hábiles desde la notificación al interesado con una reducción del 40% sobre el importe de la misma.

2. Dicho pago anticipado implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sancionador sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos que correspondan.

Artículo 125. Daños y perjuicios.

Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios cuantificables o susceptibles de ser cuantificados económicamente, la resolución del procedimiento podrá imponer a la persona infractora la reposición a su estado originario de la situación alterada por la infracción.

Artículo 126. Arbitraje.

1. Mediante el arbitraje las personas físicas y jurídicas podrán someter voluntaria y expresamente a la decisión de una o varias personas que ejerzan esa función arbitral la resolución de los conflictos que puedan surgir en relación con las materias reguladas en esta ley.

2. La Administración turística de la Junta de Extremadura podrá crear mecanismos de arbitraje turístico, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente sobre la materia.

Disposición adicional primera. Accesibilidad.

La Consejería competente en materia de turismo promoverá que los alojamientos turísticos no incluidos en la Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura, supriman las barreras arquitectónicas en sus instalaciones para la contribuir a la plena integración de las personas con discapacidad.

Disposición adicional segunda. Plan Turístico de Extremadura.

El Plan Turístico de Extremadura deberá redactarse en el plazo de dos años a contar de la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición adicional tercera. Actualización de sanciones.

La cuantía de las sanciones establecidas en la presente ley podrá actualizarse mediante una norma con rango de ley, y especialmente mediante la ley de medidas fiscales y administrativas complementaria de la ley de presupuestos, en función de la evolución del índice de precios al consumo.

Disposición adicional cuarta. Condhoteles.

Se consideran condhoteles aquellos establecimientos turísticos hoteleros regulados en el artículo 57.1 letras a) y b), cuya característica principal radica en que cada una de las unidades de alojamiento que lo componen es de titularidad privada, pudiendo ser explotados en su totalidad por una o varias empresas turísticas.

Disposición adicional quinta. Financiación.

La implementación y puesta en práctica de las políticas, medidas y acciones contenidas en esta norma se supeditará a la evolución general de la economía y a su concreción en disponibilidades presupuestarias futuras.

Disposición adicional sexta. Competencia judicial.

Los conflictos entre las personas usuarias y las titulares de empresas turísticas que se sustancien por la vía judicial se regirán por las normas de competencia judicial contenidas en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil y en los artículos 15 a 17 del Reglamento CE núm. 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, cuando las partes estuvieran domiciliadas en distintos Estados miembros.

Disposición transitoria primera. Procedimientos de inicio de actividad o prestación de servicio iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.

Los procedimientos de inicio de la actividad o prestación de servicio que se empezaran a tramitar con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio, salvo que el interesado manifieste su voluntad de someterse a lo establecido en esta ley.

Disposición transitoria segunda. Procedimientos sancionadores.

La presente ley no será de aplicación a los procedimientos sancionadores iniciados antes de su entrada en vigor, los cuales se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su incoación, salvo que lo dispuesto en la presente resulte más favorable para el presunto infractor.

Disposición transitoria tercera. Desarrollo reglamentario.

En tanto no se dicten los reglamentos que desarrollen la presente ley, será de aplicación complementaria de la misma, en lo que no se oponga a su contenido, la normativa vigente de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Disposición derogatoria. Derogación de normas de rango igual o inferior.

1. Queda derogada la Ley 2/1997, de 20 de marzo, de Turismo de Extremadura.

2. Quedan derogadas cuantas normas se opongan o contradigan la presente ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Se modifica el anexo denominado TASAS DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TURISMO, en la actualidad, CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO, de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los siguientes términos:

1. Se crea una nueva Tasa por tramitación de declaración responsable:

Tasa por tramitación de declaración responsable:

Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad administrativa dirigida a comprobar el cumplimiento por el sujeto pasivo de los requisitos establecidos para el acceso a la actividad turística, de acuerdo con lo manifestado en la correspondiente Declaración Responsable, así como la primera visita de comprobación de la veracidad de lo declarado.

Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos obligados al pago de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 7 de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o norma que la sustituya, que realicen el trámite administrativo objeto de esta tasa.

Bases y tipo de gravamen o tarifas: La Tasa se exigirá conforme a las bases y tipos contenidos en las siguientes tarifas:

— Tramitación de declaración responsable 71,40 €.

Exenciones y bonificaciones: Estarán exentos del pago de la tasa los entes públicos territoriales e instituciones titulares de empresas turísticas.

Devengo: La Tasa se devengará en el momento en que se realice la presentación de la Declaración Responsable.

Liquidación y pago: Las liquidaciones se practicarán por los servicios correspondientes y su pago se exigirá en el plazo de tres meses desde la presentación de la Declaración Responsable.

2. Se modifican las “Bases y tipos de gravamen o tarifas” de la Tasa por prestación de servicios y realización de trabajos en la ordenación del sector turístico, quedando redactadas en los siguientes términos:

Bases y tipo de gravamen o tarifas: La Tasa se exigirá conforme a las bases y tipos contenidos en las siguientes tarifas:

a) Por la emisión de Informe Potestativo Previo previsto en la normativa reguladora de la materia 22,24 €.

b) Por la emisión de informes facultativos para la autorización de apertura, ampliación y mejoras de establecimientos turísticos con toma de datos de campo, el primer día 66,10 €.

c) Por segunda y posteriores visitas del personal inspector 44,24 €.

d) Por la expedición del carnet de Guía de Turismo 6,63 €.

3. Se eliminan los puntos 2. Cartulinas de habilitación (25 cartulinas) y el punto 5. Lista de precios dentro de las “Bases y tipos de gravamen o tarifas” de la Tasa por venta de impresos, quedando redactadas en los siguientes términos:

Bases y tipos de gravamen o tarifas:

1. Libro de inspección 1,55 €.

2. Libro de reclamaciones 3,24 €.

3. Cartón de recepción 0,800520 €.

4. Relación de habitaciones y precios 0,394460 €.

Disposición final segunda. Habilitación para desarrollar y aplicar la ley.

Se facultan al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y a la Consejería competente en materia de turismo para que dicten las disposiciones necesarias para desarrollar y aplicar la presente ley, así como para regular, de acuerdo con los postulados de la misma, los nuevos productos que la evolución turística pueda demandar.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, que sea de aplicación esta ley, que cooperen a su cumplimiento y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la hagan cumplir.

Mérida, a 31 de enero de 2011. El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara